Una investigación “en profundidad” de la autoridad portuguesa de la Competencia sobre la venta de la filial lusa del grupo Prisa, Media Capital, al grupo holandés Altice, puede complicar el saneamiento de la propietaria de El País y poner en riesgo un bonus de despedida para el presidente del diario y expresidente ejecutivo del grupo mediático, Juan Luis Cebrián.
La Autoridade da Concorrência (AdC) ha confirmado que realizará esa investigación por considerar que “existen fuertes indicios” de que la operación derive en “obstáculos significativos a la competencia efectiva en diversos mercados” y por sus efectos “potencialmente negativos” en el mercado audiovisual luso.
La AdC puede aprobar la venta tal y como está planteada, imponer condiciones o vetarla. En principio, tiene un plazo de 90 días laborables para resolver, por lo que su visto bueno (si este llega y no hay dilaciones en el procedimiento) puede dilatarse, como pronto, hasta el próximo 26 de junio.
Esa fecha está muy cerca del próximo 30 de junio, que está marcado en rojo en los despachos nobles de Prisa. Ese día expira el plazo para la refinanciación pactada con los acreedores del grupo el pasado 16 de enero y que, entre otras medidas, contempla una extensión significativa de sus vencimientos de deuda gracias a los 321 millones que aportará la venta de Media Capital.
Prisa dio por culminada el pasado 15 de febrero su “estabilización financiera” tras el “rotundo éxito” de la ampliación de capital de 563 millones que lanzó el 25 de enero. Pero el grupo necesita vender su filial lusa para cumplir los compromisos contraídos con sus acreedores. Con esos fondos, pretende acometer una compleja operación de ingeniería financiera que consiste en autovenderse Santillana para apuntarse un beneficio contable de 450 millones y “mejorar la situación patrimonial de Prisa en sus estados financieros individuales”, según informó en enero a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
La posibilidad de que no prospere la venta de su filial lusa es, de hecho, uno de los “riesgos relacionados con la situación financiera y patrimonial de Prisa”. Sin ella, la empresa volvería a la casilla de salida en su tortuoso proceso de saneamiento. La deuda bancaria del grupo quedaría todavía por encima de los 1.000 millones, frente a los 661,2 millones en los que se situaría una vez completada la operación.
Aun en el caso de que la AdC diera su visto bueno a la operación, la imposición de condiciones podría torpedear la transacción: Prisa pactó con Altice que la venta se autorizase “sin condiciones o, en caso de sujetarse al cumplimiento de ciertas obligaciones de no desinversión, que tales obligaciones no afecten materialmente al valor de Media Capital o del negocio de Media Capital o al valor de negocio de Altice NV en Portugal”.
Fuentes de Prisa señalan que en el grupo son “optimistas” respecto al dictamen de la AdC. En el grupo, añaden, eran “conscientes” de que la autoridad lusa de la Competencia iniciaría este examen de la operación, dado su considerable impacto en un mercado tan pequeño como el luso.
El bonus de Cebrián
Las trabas del regulador portugués de la Competencia también pueden echar por tierra un “incentivo extraordinario” de 1,6 millones de acciones de Prisa concedido en noviembre pasado a Cebrián, cuando todavía era primer ejecutivo del grupo y en paralelo al anuncio de su salida (diferida hasta diciembre) y de la ampliación de capital que ha llevado a cabo el grupo para sortear la quiebra técnica.
Aunque, según fuentes de Prisa, la entrega de ese bono depende en última instancia del consejo de administración del grupo, la empresa ha informado a la CNMV de que la entrega de esas acciones, valoradas a los precios actuales en casi tres millones, “se devengará en el momento en que se complete el Plan de Recapitalización, sujeto a el cierre satisfactorio de la venta de Media Capital”. “Si el plan de Recapitalización no se completa antes del 30 de junio de 2018 o en esa fecha”, el Incentivo Extraordinario quedaría “sin efecto”, indicó en enero la empresa a la CNMV.
Ese incentivo se suma al premio de jubilación de 6 millones que Cebrián se había garantizado previamente y tiene el objetivo de “incentivar y premiar” su labor en el proceso de recapitalización de Prisa.
La venta se anunció el pasado 13 de julio e implica concentrar en una única empresa a, entre otras, la principal cadena de televisión privada de Portugal (TVI, de Prisa), varias de las radios más escuchadas, el principal operador por cable (Meo, de Altice) y el antiguo monopolio de telecomunicaciones (Portugal Telecom).
La operación tiene el rechazo expreso (aunque no es vinculante) del regulador sectorial de telecomunicaciones luso (Anacom), de los principales rivales del sector y, en el ámbito político, ha sido muy criticada por el Bloco de Esquerda y los comunistas del PCP, socios del socialista Antònio Costa en el Gobierno.
La compradora, Altice, está controlada por un magnate marroquí afincado en Suiza, Patrick Drahi, que al igual que la exmujer de Cebrián, apareció vinculado a Los Papeles de Panamá.