El Partido Popular y Ciudadanos se han comprometido a reducir a tres las modalidades de contratos de trabajo: indefinidos, de formación, y uno nuevo “de protección creciente”, que tendrá una duración de dos o tres años.
Además, este nuevo modelo de trabajado incluye una protección del primer año que será de 12 días, la del segundo, de 16, y la del tercero, si hubiese, 20 días.
Tras su finalización, se convertirá en indefinido.
Estos contratos de protección creciente que pasen a indefinidos no pagarán cuota por los primeros 500 euros de salario, para favorecer el empleo estable.
Así consta en el acuerdo de investidura que han firmado hoy PP y Ciudadanos y que también incluye una propuesta para introducir mecanismos que permitan reducir la dualidad del mercado laboral, en particular la constitución de un Fondo de capitalización para los trabajadores, al estilo de la conocida como “mochila austríaca”, mantenida a lo largo de su vida laboral.
De esta manera, el trabajador podrá cobrar la cantidad acumulada en este fondo o llevarla consigo si cambia de trabajo, favoreciendo la movilidad.
Igualmente, ambas formaciones impulsarán las políticas activas de empleo para garantizar que sean una herramienta verdaderamente eficaz, potenciando los servicios de orientación, y se premiará a las empresas que despidan menos y se penalizará a las que despidan más.
Se aumentará la inversión en políticas activas de empleo y se asegurará su eficiencia, en tanto que se dotará directamente a los trabajadores de cheques de formación “acabando así con el monopolio de patronales y sindicatos”, y se llevará a cabo una auditoría independiente del gasto público para garantizar una gestión más eficiente y eliminar duplicidades administrativas.
Según el documento, PP y Ciudadanos también darán un impulso a la iniciativa emprendedora y al trabajo autónomo, algo para lo que se elevará el umbral de facturación en los pagos fraccionados del Impuesto de Sociedades y en la liquidación del IVA de 6 a 20 millones de euros, mientras que se flexibilizarán los umbrales a partir de los cuales se producirá la integración en la Unidad de Grandes Contribuyentes.
Se rebajará la carga fiscal a las pymes que invierten en su desarrollo, se establecerá un nuevo tipo de auditoría abreviada para estas empresas y se creará un instituto especializado en su apoyo.
En cuanto a los autónomos, en el primer mes de Gobierno se aprobará una Ley de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo para reducir las cargas administrativas de este colectivo y mejorar su protección social.
La nueva cuota reducida para nuevos autónomos pasará de 6 meses a un año, y quienes inicien un negocio pagarán sólo 50 euros al mes.
Se permitirán cuatro cambios de base de cotización, en vez de dos como ahora, para que los autónomos puedan ajustar mejor sus impuestos a sus ingresos y se mejorará la protección social de las mujeres autónomas: se les bonificará la cuota por maternidad o riesgo de embarazo demostrado y las que se reincorporen a su actividad tras la maternidad.
Por último, se creará una Subcomisión en el Congreso para que los autónomos que no llegan al salario mínimo anual no paguen cuota.
El texto incluye medidas para reducir la morosidad empresarial, tales como la implantación de un régimen de información y sanciones para asegurar el cumplimiento de los plazos legales de pago vigentes por parte de las empresas y de las Administraciones Públicas.
Las empresas que no cumplan con los períodos medios de pago legales no podrán acogerse a determinadas ventajas fiscales o en la cotización a la Seguridad Social, y en las licitaciones públicas se exigirá a los grandes contratistas una certificación auditada del cumplimiento de los plazos legales de pago a las empresas que subcontraten.