El PP de Alberto Núñez Feijóo y Vox han votado en el Parlamento Europeo en contra de una ley que pretende reforzar las obligaciones de las multinacionales con los derechos humanos y el medio ambiente en la cadena de suministros de su actividad para evitar vulneraciones, especialmente en terceros países vulnerables en vías de desarrollo. El espíritu de la denominada directiva de diligencia debida es que las empresas sean responsables del impacto de su actividad tanto para el medio ambiente como para los derechos fundamentales.
Así, tendrán que tomar medidas para evitar o reducir la esclavitud, el trabajo infantil, la explotación laboral, la pérdida de biodiversidad, la contaminación o la destrucción del patrimonio natural. Las compañías que operan en países con estándares inferiores a los europeos tendrán que incluir las buenas prácticas en sus políticas realizando inversiones, pidiendo garantías contractuales a sus socios locales o prestando apoyo a las pymes con las que trabajan para asegurarse de que cumplen los requisitos.
Las multinacionales que no se adapten a las nuevas obligaciones se expondrán a multas de hasta el 5% del volumen de su negocio. “La Comisión creará la Red Europea de Autoridades de Control para apoyar la cooperación y permitir el intercambio de buenas prácticas. Las empresas serán responsables de los daños causados por el incumplimiento de sus obligaciones de diligencia debida y tendrán que indemnizar íntegramente a las víctimas”, recoge el Parlamento Europeo en un comunicado.
La Eurocámara ha avalado la normativa con 374 votos a favor, 235 en contra y 19 abstenciones. El Partido Popular Europeo se ha dividido entre el 'sí' y el 'no' -que ha sido mayoritario en el grupo que lidera el alemán Manfred Weber-. La delegación española ha estado entre los eurodiputados que han votado en contra. También Vox ha rechazado la directiva siguiendo la línea mayoritaria de los dos grupos de la extrema derecha (ECR, del que forman parte, e ID). Los liberales la han apoyado ampliamente con algunas fugas. Las fuerzas progresistas (socialistas, verdes y la izquierda) han votado abrumadoramente a favor.
La división ya se produjo en fases anteriores de la tramitación, en las que el PP de Feijóo y Vox se posicionaron en contra, y los argumentos de la derecha para rechazar la normativa es que teme que suponga una traba para el desarrollo y la competitividad empresariales.
“Hemos participado muy activamente en la elaboración de esta propuesta. Confiábamos en que las negociaciones con el Consejo eliminarían las consecuencias excesivamente gravosas para las empresas y mejoraría sustancialmente el marco de seguridad jurídica a la hora de evaluar sus deberes de diligencia debida corporativa. La modificaciones introducidas en los trílogos no han sido suficientes y hemos adoptado la posición general del PPE de votar en contra del acuerdo”, señala el eurodiputado Javier Zarzalejos. No obstante, medio centenar de parlamentarios del grupo han votado a favor, entre ellas las españolas Isabel Benjumea y Pilar del Castillo.
“Conocemos cuáles son las verdaderas intenciones de la Comisión Europea, cuáles eran las verdaderas intenciones de la ponente y de una mayoría política conformada por populares, socialistas, liberales y verdes que ha puesto otra pica, otro golpe fatal, sobre la competitividad de las empresas europeas”, expresa el portavoz de Vox, Jorge Buxadé: “No podemos convertir a las mepreas en agentes de la Agenda 2030 y de los delirios de una mayoría 'progre' en el Parlamento Europeo”. El eurodiputado de la extrema derecha sostiene que a las empresas extranjeras no se les van a imponer esas obligaciones.
El camino de la directiva de diligencia debida no ha sido fácil. Alemania, Francia e Italia bloquearon a principios de marzo el acuerdo alcanzado en el seno de la UE que se tuvo que reabrir. Finalmente se alcanzó un entendimiento que rebajaba el alcance de la legislación.
Se redujo el umbral a partir del cual las compañías estarán sometidas a la directiva: sólo tendrá efecto para aquellas empresas con más de mil trabajadores y a partir de 450 millones de euros de facturación anual. El plan inicial era más ambicioso: que tuviera efectos sobre las sociedades con más de 500 empleados y un volumen de negocio de 150 millones de euros. Eso significa que la norma afectará a alrededor de 5.500 empresas europeas frente a las 17.000 que inicialmente iban a estar sometidas a esa regulación, según los cálculos de Oxfam.
Los cambios permitieron mover a Francia e Italia al 'sí'. Ahora el Consejo de la UE tendrá que dar el visto bueno definitivo al texto y los gobiernos tendrán un plazo de dos años para que las legislaciones nacionales recojan las obligaciones establecidas en la directiva.
En todo caso, se aplicará de manera gradual: a partir de 2027 afectará a compañías con más de 5.000 empleados y un volumen de negocios mundial superior a 1.500 millones de euros; a partir de 2028, a las empresas con más de 3.000 empleados y un volumen de negocios global de 900 millones de euros o más; y a partir de 2029 para el resto de empresas que tengan con más de 1.000 empleados y un volumen mundial de negocios superior a 450 millones de euros.