Sigue el descontrol en el mercado mayorista de electricidad. El precio medio del denominado pool, que determina una parte de la factura, va a alcanzar este miércoles, 11 de agosto, la cifra récord de 113,99 euros el megavatio hora (MWh). Encadena así su tercer máximo histórico consecutivo y pulveriza el récord de 111,88 euros/MWh registrado este martes.
Esta sucesión de récords sin precedentes llega en vísperas de la primera ola de calor del año, aupada por los elevadísimos precios de los derechos de emisión de CO2 y del gas natural. Los permisos para contaminar están ya en el entorno de los 56 euros por tonelada y la cotización del gas en el mercado Mibgas (la referencia en la Península Ibérica) ya supera los 46 euros en alguno de sus productos, frente a los alrededor de 18 euros de diciembre, en un contexto de fuerte demanda de Asia y problemas de suministro desde Rusia.
No obstante, es la hidráulica, y no las centrales de ciclo combinado, la tecnología que está marcando el precio de la electricidad estos días en la mayoría de las horas en el mercado mayorista, de acuerdo con los datos del Operador del Mercado Ibérico de Electricidad (OMIE).
El precio fijado para este miércoles casi triplica el del segundo miércoles de agosto de 2020 (39,27 euros el MWh) y es un 1,89% superior al anterior máximo de este mismo martes. Es el cuarto récord histórico que se alcanza en el último mes, desde que el pasado 21 de julio el denominado pool se situó en 106,57 euros el MWh, superando el anterior máximo de enero de 2002.
En los once primeros días de agosto, el precio medio del pool se ha situado en 97,6 euros/MWh, frente a los 35,92 euros del mismo periodo de 2020 y los 92,41 euros de julio, hasta ahora el mes más caro de la historia. La espiral del mes pasado ya convirtió a 2021 en el año con el pool más caro de la historia y el precio medio en lo que va de 2021 ya supera los 65 euros/MWh, frente a los 60,15 euros del mismo periodo de 2008, el año más caro hasta ahora. Las previsiones apuntan a precios altos para lo que queda de año.
El precio del pool tiene un peso que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) cifraba recientemente en torno al 24% en la factura de la luz de los más de 10 millones de consumidores acogidos a la tarifa regulada o Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC), aunque ese porcentaje se ha incrementado con las subidas de las últimas semanas. Los 17 millones de suministros que están en el mercado libre no se ven directamente afectados por las oscilaciones al alza del pool, pero tampoco se benefician cuando se producen a la baja, como ocurrió el año pasado.
Subida de la inflación
El hecho de que el PVPC esté directamente referenciado al pool hace que la traslación de las subidas de la luz en los mercados eléctricos europeos por el alza de los derechos de emisión y el gas haya sido “particularmente elevada” en España, según un estudio publicado este martes por el Banco de España que señala que el encarecimiento del precio de la electricidad en los mercados mayoristas explicaría una tercera parte de la subida del IPC en el primer semestre de este año. Varias grandes empresas españolas han incluido alertas en sus cuentas semestrales sobre el encarecimiento de las materias primas y la energía.
El Banco de España recuerda en su informe que los sistemas que referencian la tarifa doméstica directamente a la cotización de la energía, como el español y otros como el de Estonia o Suecia, son más volátiles, pero “permiten que los consumidores interioricen en mayor medida las señales proporcionadas por los precios, adaptando su patrón de consumo en consonancia”, ahorran a los usuarios abonar la prima de riesgo que implica pagar un precio fijo y “tienden a dotar al mercado de una mayor transparencia y permitir una gestión más eficiente de la demanda”.
Pese a la publicidad de las eléctricas que insta a contratar sus ofertas, todos los expertos y la propia CNMC recomiendan a los clientes domésticos quedarse en el PVPC, porque a la larga es menos caro. Recientemente, las dos principales empresas del sector, Iberdrola y Endesa, reclamaban cambios en la tarifa semirregulada para, según Endesa, “proteger” al consumidor de las fluctuaciones del pool.
La espectacular escalada se ha comido el efecto de las medidas aprobadas por el Gobierno hasta ahora -rebaja del IVA del 21% al 10% en la factura eléctrica y suspensión temporal en el tercer trimestre del impuesto a la generación eléctrica (7 %)- y el Ejecutivo ha planteado a la Comisión Europea una reforma del mercado marginalista, que retribuye todas las tecnologías al precio de la más cara, para rebajar el impacto en el bolsillo de los consumidores. Las otras dos medidas que ha planteado, vía proyecto de ley, para abaratar la factura (un fondo para sacar las primas a las renovables de la tarifa y un mecanismo para recortar los beneficios extra del CO2 de hidraúlica y nuclear) van a tardar meses en entrar en vigor.
Revisar el mercado
“Es necesario revisar el funcionamiento de un mercado con reglas elaboradas cuando la diferencia entre tecnologías no era tan grande”, señaló la semana pasada la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, en una entrevista en Financial Times. “Necesito un precio que cubra los costes pero que sea razonable para el consumidor [pero] la Comisión Europea considera que esto no es compatible con un mercado con un alto nivel de competencia interna, en el que la regla fundamental en cuanto al precio es el coste marginal del último megavatio”.
Esta semana, la asociación de consumidores Facua reclamaba al Gobierno de coalición que “emprenda de una vez nuevas medidas para poner freno a la especulación en la fijación de las tarifas eléctricas” con un decálogo de peticiones, entre ellas un cambio en las reglas de la subasta del mercado mayorista, la bajada del IVA de forma permanente, el control de “ofertas fraudulentas” de las eléctricas y la aprobación de un nuevo modelo de bono social que represente al menos un 50% de descuento en la factura y del que se puedan beneficiar las familias que cobren no más de 2 salarios mínimos, que aumentarían hasta 3 en función del número y características de los miembros.
La asociación también exige una recuperación para el Estado de las concesiones de centrales hidroeléctricas que caduquen “para integrarlas en una empresa pública de energía, de manera que con ella puedan fijarse precios justos que contribuyan a reducir la factura de la luz”.