El presidente de la SEPI confía en que los contratos de Navantia en Arabia Saudí puedan ampliarse
El presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Vicente Fernández Guerra, ha dicho este miércoles en el Congreso que existe una “posibilidad cierta” de que Navantia obtenga nuevas adjudicaciones de Arabia Saudí en paralelo al multimillonario contrato para el diseño, construcción y mantenimiento de cinco corbetas para esa monarquía absolutista, que acaba de entrar en vigor.
Fernández ha comparecido en la Comisión de Industria para explicar la situación de ese contrato, que llegó a estar en riesgo tras el amago de la ministra de Defensa, Margarita Robles, de cancelar el envío de 400 bombas de precisión al régimen saudí. El máximo responsable de la SEPI, dueña del 100% de Navantia, ha anunciado la entrada en vigor, esta misma semana, de ese “trascendental” contrato, que asciende a 1.813 millones de euros, el mayor de la historia de los astilleros españoles con un cliente extranjero.
El contrato, ha indicado, supone “un elemento cuantitativo y cualitativo muy importante para la sostenibilidad económica técnica e industrial de Navantia” y puede venir acompañado de nuevas adjudicaciones de los saudíes, en el marco de la Joint Venture que los astilleros públicos españoles acaban de suscribir con la empresa estatal Saudi Arabian Military Industries (SAMI), en paralelo a la firma del contrato de las corbetas.
“Debemos felicitarnos todos”, ha indicado en varias ocasiones Fernández ante los diputados sobre esa adjudicación de más de 1.800 millones. El responsable del hólding estatal ha garantizado “seguridad absoluta respecto a la ejecución del contrato de las corbetas” y ha asegurado que no se han tenido que ofrecer garantías suplementarias al Gobierno saudí para su puesta en marcha.
La primera corbeta empezará a construirse en enero en los astilleros de Navantia en San Fernando (Cádiz) y se entregará a 35 meses después, en octubre de 2021. A partir de entonces se entregarán las restantes unidades con una “cadencia de cada cuatro meses”. Los plazos, ha reconocido, van a ser “comprimidos”.
El presidente de la SEPI ha indicado que el plan estratégico en el que trabajan los astilleros públicos prevén una cartera de pedidos próxima a los 11.000 millones hasta 2022, también como consecuencia de las necesidades de armada española, con el desarrollo de la nueva generación de fragatas Clase f-110 o los submarinos F80, entre otros. Fernández ha avanzado que la firma de un convenio laboral único (por primera vez) para toda la plantilla de Navantia está “muy cercano a formalizarse”.
En su comparecencia, ha recordado que en términos de empleo el contrato de las corbetas, que “se viene gestionando desde 2015”, se va a traducir en cerca de 6.000 empleos anuales durante los cinco años de ejecución, de los que más de 1.100 van a ser empleos directos, otros 2.200 para la industria auxiliar y otros 3.300 para la cadena suministradores.
Se va a traducir en “más de 7 millones de horas de trabajo que darán como fruto una de las corbetas más avanzadas del mundo” y “va a beneficiar al conjunto de factorías de Navantia”, tanto en San Fernando como en la dársena de Cartagena (donde se construirán los motores y plataformas) y en la ría de Ferrol, que fabricará las turbinas para las cajas reductoras de las corbetas. Fernández ha recordado que Navantia será responsable del mantenimiento de las corbetas durante cinco años, con opción a otros cinco, desde entrega del primer buque, y abriá una oficina en el Mar Rojo con un equipo multidisciplinar de 20 personas.
El máximo responsable de SEPI ha recordado el efecto “arrastre” que tiene Navantia, que aglutina más del 80% del sector naval en España, en su industria auxiliar, “especialmente relevante para las pymes que forman parte de su cadena de suministro”, y su papel en las exportaciones de España, con 10.000 millones en la última década y 379 millones el año pasado, con una contribución a la balanza comercial de casi el 1,5% de las exportaciones españolas de alto contenido tecnológico.
Todo ello, en un contexto de “dificultades crecientes en la industria” por la presencia de nuevos competidores de bajo coste en mercado civil y militar que han introducido “presión adicional en los precios”.
