¿Cómo hacer sostenible el sistema de pensiones? La pregunta lleva meses –años– pululando, pero será en esta legislatura y más pronto que tarde cuando haya que darle respuesta. Sindicatos y oposición han propuesto abrir la financiación de la Seguridad Social a los impuestos. Dentro de esta idea general, hay otra hacia la que muchos apuntan y en la que no todos están de acuerdo: que sean las pensiones de viudedad y orfandad las que se paguen con impuestos. Y una última fórmula, con un encaje aún más difícil: que las comunidades autónomas asuman estas prestaciones.
Fue el año pasado cuando el secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos, lanzó la idea. Entonces, Burgos propuso que los tributos sufragaran estas pensiones. “Es evidente que las pensiones de jubilación e incapacidad son de naturaleza claramente contributiva. Las pensiones de muerte y supervivencia es donde podría centrarse el debate”, dijo entonces.
Las prestaciones de viudedad y orfandad son contributivas, su cuantía está ligada a la cotización del trabajador que la generó y, eso sí, son las únicas que no percibe el propio cotizante. Su coste anual ronda los 20.000 millones de euros, una cifra similar al déficit con el que cerrará este año la Seguridad Social: 18.000 millones de euros, según las previsiones.
Sus importes tienden a ser bajos y muchas necesitan los llamados complementos a mínimos, una cantidad que aporta el Estado para que lleguen a un umbral determinado (que actualmente es cercano a los 600 euros) y que ya se financian con impuestos. Apróximadamente, el 32% de las pensiones de viudedad necesitan estos complementos, una cifra que llega al 54,5% en el caso de las de orfandad. Su coste es de cerca de 7.000 millones de euros. Es decir, de los 20.000 millones que cuestan estas prestaciones, 7.000 se recaudan vía tributos y van destinados a estos complementos.
Valeriano Gómez, exministro de Trabajo durante el Gobierno de Zapatero y asesor de las ejecutivas socialistas, no comparte que el debate se centre en las pensiones de viudedad. Lo sustancial, dice, es que hasta ahora el sistema no ha sido capaz de recaudar de las cotizaciones sociales mucho más de un 10% de PIB. Esa cifra tendría que elevarse hasta el 13 o 14%. Y recuerda que en el acuerdo de pensiones de 2011 se explicitaba que había que buscar recursos complementarios.
“Hablemos de lo que necesitamos para hacer sostenible el sistema, no de las pensiones de viudedad. Salvo que sin decirlo el Gobierno esté pensando en una reforma de estas prestaciones para convertirlas en una suerte de pensión no contributiva, algo con lo que no estaríamos de acuerdo”, subraya. Gómez menciona la propuesta que los socialistas incluyeron en sus programas electorales, un impuesto específico para pagar las pensiones, pero menciona otras posibilidades, como una subida temporal de las cotizaciones. “No hay una posición cerrada, hay que hablar, pero no estamos dispuestos a un cambio en la viudedad”.
Desacuerdo entre los sindicatos
La tesis de UGT es similar: financiar exclusivamente con impuestos las pensiones de viudedad supondría, de factor, cambiar su naturaleza contributiva. Hasta ahora, solo las pensiones no contributivas se financian con impuestos generales. Situarlas al mismo nivel que las no contributivas, recuerda el sindicato, supondría desligarlas de la cotización que las ha generado y abriría la puerta a que se conviertan en prestaciones uniformes.
CCOO, sin embargo, tiene una opinión diferente. “No significa modificar el régimen jurídico de estas prestaciones, hablamos única y exclusivamente de garantizar aportaciones vía presupuestos a través de la imposición general, no de cambiar las pensiones de viudedad, con lo que no estaríamos de acuerdo”, explica el responsable de Seguridad Social del sindicato, Carlos Bravo.
El coste de la viudedad y la orfandad supone el 20% del gasto total en pensiones, una cantidad, opina Bravo, que puede acotarse para financiarla vía impuestos, en lugar de pedir una aportación tributaria en general. “Hay muchas propuestas interesantes que podemos debatir, la del PSOE de establecer una contribución general también nos lo parece. Saquemos el debate del corto plazo, lo que hay que hacer es mantener el sistema”, insiste Bravo.
En su programa electoral, Podemos incluyó la financiación por vía impositiva de las pensiones de muerte y supervivencia (viudedad, orfandad y favor de familiares) como medida para garantizar la sostenibilidad del sistema. No así Ciudadanos, que se limitó a a comprometerse con una reforma de las pensiones que asegurara su sostenibilidad, pero sin mencionar la posibilidad de financiarlas con ingresos tributarios.