El argumentario en el Partido Popular pasa por evitar lanzar mensajes triunfalistas sobre la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado de 2018 pero fuentes de Moncloa admiten que el último movimiento del Partido Nacionalista Vasco ha abierto una vía para sacar adelante las cuentas públicas de este año que el Ejecutivo de Mariano Rajoy no va a desperdiciar.
Aunque diversos cargos del PP insistieron este viernes en que el hecho de que los nacionalistas vascos no presentaran una enmienda a la totalidad al proyecto presupuestario “es solo un paso más, no hay nada hecho todavía, pero es un paso positivo”, en el Ejecutivo se asume, que salvo sorpresa de última hora, pase lo que pase en Catalunya las cuentas públicas de este año saldrán adelante.
“El PNV se juega mucho dinero con los Presupuestos, sería insensato por su parte no aprobar unos Presupuestos que van a suponer inversiones importantes en el País Vasco a un año de las elecciones. Es normal que mantengan el discurso para su gente, pero que los partidos independentistas catalanes no se pongan de acuerdo para formar gobierno no puede ser el argumento para no apoyar unos Presupuestos que benefician al País Vasco al igual que el resto de España”, explica un miembro del Gobierno.
De hecho, los nacionalista vascos han hecho extraños malabares para desdecirse de su posición inamovible con los Presupuestos mientras se mantengan la intervención de la Generalitat de Catalunya por el Gobierno central a través del artículo 155 de la Constitución.
En un comunicado, el PNV anunció este jueves que no presentará una enmienda a la totalidad a de las cuentas públicas de 2018 insistiendo en su “oposición frontal al artículo 155”, pero argumentando a la vez que daban margen al Gobierno de Rajoy para “conceder una oportunidad a la apertura de un nuevo tiempo de diálogo político en el Estado y en Catalunya, así como para la restauración de un Govern legítimo”.
Desde las filas del PDeCAT se ha preferido no cargar las tintas contras los nacionalistas vascos y su diputado Ferran Bel comentó: “no nos consta que negocien con el Gobierno. Nos parece coherente con su posición, con lo que se habían comprometido. Ellos nunca habían dicho que pararían los presupuestos en la enmienda a la totalidad. No vemos incoherencia en el PNV”.
En las filas populares entienden que las fechas juegan a su favor. “Los partidos catalanes tienen hasta el 22 de mayo para formar gobierno. Si consiguen llegar a un acuerdo se levantará el 155 y si van a elecciones el PNV no va a admitir perder inversiones por otras elecciones catalanas, mientras se pulirán las negociaciones de los Presupuestos”, argumenta un diputado popular.
El PNV ya prepara las enmiendas parciales
En este sentido, el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, admitió este viernes que su formación trabaja en las enmiendas parciales porque “tras haber estudiado en profundidad los Presupuestos Generales del Estado hemos constatado que son notablemente mejorables”.
Tanto el PNV como el Gobierno han insistido en que no han comenzado ningún tipo de negociaciones, pero el portavoz del Gobierno y ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, apuntó que “se está negociando un Presupuesto, se trata de partidas presupuestarias”, para negar que en la mesa de negociación estuviera el traspaso a Euskadi de la gestión de las cárceles cuando se prevé que en breve la banda terrorista ETA anuncie su disolución.
La posición positiva del Gobierno sobre la próxima aprobación de los Presupuestos también se basa en la facilidad para convencer a otras formaciones políticas para respaldar las cuentas. Si este jueves los partidos que habían anunciado su posición contraria al proyecto de Presupuestos Generales del Estado sumaban mayoría absoluta en el Congreso a falta de una semana de la votación del día 26 de abril, en menos de 24 horas al anuncio del PNV se sumó la retirada de la enmienda a la totalidad que había presentado Foro Asturias, tras una negociación en la que el partido regionalista cedió a cambio de inversiones por 53 millones.
En el Gobierno están seguros que otras formaciones como Nueva Canarias cederán en el periodo de negociación de las enmiendas parciales con lo que se conseguirá sacar adelante las cuentas públicas de este año con las mismas formaciones que aprobaron los Presupuestos de 2017.
Enmiendas a la totalidad
Mientras las formaciones de izquierdas y nacionalistas han presentado las enmiendas a la totalidad al proyecto de Presupuestos presentado por el Gobierno. El grupo confederal de Unidos Podemos registro este viernes su enmienda argumentando que “muchas de las políticas de gasto muestran incrementos nominales respecto a los últimos años debido a que la economía está creciendo, por lo que es normal que la mayoría de las partidas de gasto crezcan. Sin embargo se consolidan los recortes, con un techo de gasto 62.000 millones inferior al de 2010”.
“En comparación con 2017, el techo de gasto de 2018 sube 1.500 millones, un incremento de apenas un 1,2%, lo que significa que a este ritmo de mejora, España necesitaría 40 años para lograr recuperar el nivel de techo de gasto previo a la crisis. Esto explica que en este proyecto de Presupuestos aún se mantienen importantes recortes acumulados”, explicó el portavoz de Presupuestos de Unidos Podemos, Segundo González.
El diputado de la confederación de izquierdas añade como argumento para tirar los presupuestos del Ejecutivo Rajoy que “seguimos estando 8 puntos por debajo de la Eurozona en ingresos públicos sobre el PIB y 5 puntos en gasto público, lo cual imposibilita que los PGE contribuyan a cerrar la brecha social y transformar nuestro débil modelo de crecimiento. El gasto social sólo se incrementa la mitad de lo que se prevé que crezca la economía. Así, en relación al PIB, el gasto de la Administración Central en protección social cae 4 décimas (al 16,2%), en sanidad 2 décimas (al 5,8%) y en educación otras 2 décimas (al 3,8%). No es de extrañar que España es la cuarta economía de la Eurozona que menos reduce la desigualdad a través de las políticas públicas según Eurostat”.
Por su parte, el PSOE justifica su rechazo frontal al proyecto de Presupuestos Generales del Estado 2018 en lo que considera una “completa falta de ambición para modernizar la estructura productiva” y en la necesidad de “repartir los frutos del crecimiento” y de aumentar el mayor gasto social para “avanzar hacia una sociedad más justa socialmente”, según informa Europa Press.
Los socialistas consideran “inaceptables” las cuentas porque no comparten “cómo plantean el crecimiento económico ni cómo plantean su redistribución”. En este sentido, piden “situar en el centro un esfuerzo continuado para elevar la productividad”, lo que implicaría “una atención preferente a la educación, las políticas activas de empleo, I+D+i y una auténtica política industrial”.
“Efecto social devastador”
Respecto al gasto social, critican que las cuentan “continúan la senda de pérdida de peso de los servicios públicos del bienestar en el PIB”, algo que entienden como “una estrategia” de “estabilizar” este gasto público en torno al 38% respecto a este indicador, y advierten de que tendrá “un efecto social devastador”.
Por su parte, el PDeCAT rechaza las cuentas públicas ya que “un Gobierno débil presenta unos presupuestos débiles y de escasa proyección hacia el futuro. No es el planteamiento que necesita España, no es el que necesita Catalunya en el momento que vivimos, con una coyuntura económica, social y política compleja, que requiere de estrategias ambiciosas, bien construidas y consensuadas”.
Los nacionalistas catalanes señalan que “el porcentaje de inversión territorializada del Estado en Catalunya será muy bajo (13,3%), muy inferior al peso de la población (16%) y del PIB (19%). Las inversiones previstas en Catalunya para 2018, ya son todas viejas conocidas de los sucesivos presupuestos generales del estado, los mismos proyectos que van apareciendo año tras año en los PGE”.
ERC justifica su enmienda a la totalidad porque el Gobierno “minimizan” la inversión en Cataluña, buscan la recentralización del Estado y consolidan las desigualdades sociales. Además, considera que “los beneficios de la recuperación se distribuyen de una forma muy desigual” y afea que las políticas de servicios sociales y promoción social crezcan menos que las de seguridad ciudadana e instituciones penitenciarias.