El “primer edificio financiado por 'crowdfunding' de España” pincha: varios inversores se querellan por estafa

Esa casita que usted ve en la foto estaba llamada a convertirse en “el primer edificio financiado por 'crowdfunding' de España”. Fue en verano de 2016 cuando Housers, una empresa de fundadores y capital español, lo anunció a bombo y platillo logrando captar a 629 inversores.

La idea era sencilla: cada uno ponía un poco de dinero, compraban y derribaban la casa, construían un edificio de 'lofts', los vendían y se repartían el beneficio entre todos. La oportunidad, publicitaba Housers, era inmejorable porque el suelo estaba tirado de precio, a 344 euros el metro cuadrado edificable. Según el plan de negocio distribuido por la compañía, los ingresos por venta de inmuebles ascenderían a 1,2 millones de euros, unos 2.400 euros por metro cuadrado (el precio de mercado de entonces, ahora vale 3.700 euros de media en la misma zona).

Quitando los costes de edificación, los impuestos y otros gastos, Housers prometía una rentabilidad del 28% en un plazo de dos años. Recaudó 750.000 euros de inversores y 292.000 de una hipoteca, lo que significa que no era un edificio totalmente financiado por 'crowdfunding' como decía su publicidad. De estos, 178.000 euros serían para comprar la propiedad y el resto, 863.000, para gastos y construcción.

Cuatro años después, la casa sigue igual. Sin derribar y encallada entre un par de edificios más altos, en una calle estrecha en las profundidades del distrito madrileño de Tetuán. La zona lleva tiempo en boca de las inmobiliarias por ser la más rentable para comprar dentro de la M-30. El diario Expansión la define como la más prometedora de la capital. A pocos metros está Skyline, dos futuros rascacielos de lujo con una larga historia de expropiación y especulación detrás. Entre las razones para invertir en Santa Eulalia, el nombre que pusieron al proyecto en honor a la calle en la que está, Housers mencionaba la “buena ubicación en una zona con alto potencial de revalorización” y su situación “a pocos metros del Paseo de la Castellana”. La realidad es que Santa Eulalia está en un área infradotada, descuidada y a dos kilómetros de la Castellana.

Varias personas que invirtieron su dinero en Santa Eulalia se han unido ahora para querellarse contra la empresa y sus fundadores, Álvaro Luna y Antonio Brusola, por estafa, administración desleal y apropiación indebida. Brusola dejó Housers en 2018 y entró en guerra con sus socios, que le culparon de la multa de 215.000 euros que les puso la CNMV. Actualmente es Juan Antonio Balcázar quien dirige la compañía, que no ha respondido a repetidas solicitudes de información de este diario.

¿Dónde está el dinero?

¿Qué pasó con Santa Eulalia y por qué cuatro años después nada se ha movido? El dinero de los inversores entró en la cuenta de Housers en agosto de 2016, pero no fue hasta mayo de 2018 cuando se formalizó la compra. La casita pertenecía a varios herederos y una de ellas estaba incapacitada. Un juez debía autorizar la venta de su participación a otro heredero para proceder. El abogado que lleva el caso, Manuel Merino, considera que Housers era “plenamente consciente” de que la operación no podría llevarse a cabo.

“Las inmobiliarias les ofrecerían el proyecto como un chollo y dirían: a nosotros no se nos escapa”, dice Merino a elDiario.es. “Cojo el dinero, me llevo la comisión y mientras dan autorización a la heredera no doy cuenta a los inversores de qué hago con su dinero”.

Una de las peculiaridades de la financiación colectiva de Housers es su operativa. Por cada proyecto de este tipo, la empresa crea una nueva sociedad y vende participaciones a los inversores. Es decir: uno no apoya un 'crowdfunding', sino que se convierte en accionista de una nueva empresa controlada por un administrador de la propia Housers. En este caso, Antonio Brusola. Además, la plataforma se queda con más del 10% del monto total de la inversión. Según considera Merino, este concepto aparece camuflado en su plan de negocio como la “prima de emisión”. De acuerdo a esta interpretación, en el proyecto de Santa Eulalia Housers se quedó con 150.000 de los 750.000 euros aportados por inversores.

“Esa es la primera mordida”, apunta Merino. Así, según el abogado, “no resulta descabellado concluir el interés directo de Housers en promover masivamente un número cada vez mayor de operaciones y de mayor cuantía, por razón de las comisiones repartidas”.

Cuando por fin se ejecutó la compraventa de la casa, con dos años de retraso, Housers no inició el derribo ni la construcción de los 'lofts'. Pese a que había recaudado dinero de sobra entre inversores e hipoteca (recordemos: 178.000 euros para comprar la casa y el resto, 863.000 euros, para su construcción y gastos) tampoco lo devolvió. La sociedad creada para este proyecto no ha presentado nunca cuentas, así que es complicado saber dónde está.

“Lo correcto hubiera sido, al primer indicio de tener problemas en la compra, devolvernos el importe total de la inversión y no quedarse con ella”, considera uno de los afectados y querellantes.

El de Santa Eulalia no es el primer caso sospechoso de Housers. Recientemente, varios inversores afectados se han agrupado en una asociación para emprender acciones legales conjuntas. El portal inmobiliario Idealista publicó hace pocas semanas un extenso artículo dando cuenta de varios de estos proyectos fantasma, al que la compañía ha respondido con un vídeo tildándolo de “fake news”. Si los afectados no han levantado la voz hasta ahora, explican, ha sido porque la plataforma les ha ido pagando intereses, de los que también se lleva comisión.

“Ese es el truco. Vas cobrando tus intereses, pero cuando llega el vencimiento no te devuelven el dinero”, explica Luis Ballesteros, presidente de la asociación. “Dicen: queremos una prórroga. Hacen una votación online y se van dando prórrogas de seis meses. Recibes intereses creyendo que recuperarás tu dinero, pero no lo haces”. Según Ballesteros, actualmente hay 42 proyectos parados.

Merino, que también llevó el caso de Comunitae, considera que Housers no tardará en caer. “No es un problema de ahora: los problemas surgen cuando ya es inevitable”, dice. Ballesteros apunta que ya son treinta asociados, pero que según los datos de la propia empresa puede haber 30.000 personas afectadas (la suma de los inversores que aparecen en cada proyecto).

“Tuve una reunión con ellos en 2019, cuando ya habían fallado muchísimos proyectos. Me recibieron en un bar. Les expuse mis quejas, se levantaron y se fueron”, concluye. “Se rieron en mi cara. Me dijeron que todo estaba bien hecho y que hiciera lo que tuviera que hacer. Y eso he hecho: buscar un gabinete jurídico y moverlo. Ya hablaremos delante de quien haya que hablar”.