Procesan al exsecretario de Turismo y a un alto cargo de Rajoy por presuntas irregularidades en época de Zapatero

Una jueza de Madrid ha acordado procesar al anterior secretario de Estado de Turismo, Fernando Valdés Verelst, y a la que fuera secretaria general de Industria y Pyme con Mariano Rajoy, Begoña Cristeto, por supuestos delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y fraude en contrataciones de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECID) en 2011, durante la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero, cuando ambos eran directivos de este organismo oficial.

El caso tiene su origen en una querella de la Fiscalía presentada el 20 de julio de 2020, cinco días después del nombramiento de Valdés como secretario de Estado en el departamento que entonces dirigía Reyes Maroto, tras una denuncia de la propia Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), tal y como avanzó El Confidencial.  

En un auto fechado el 21 de abril al que ha tenido acceso elDiario.es, la magistrada del Juzgado de Instrucción 39 de Madrid, Belén Sánchez, acuerda trasladar las diligencias previas originales a la Fiscalía y a las partes acusadoras para que soliciten la apertura del juicio oral formulando escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa contra cinco personas, entre ellos Valdés y Cristeto.

Según el auto, entre 2010 y 2012 se llevaron a cabo diversas contrataciones derivadas de la implantación de un nuevo modelo informático de gestión integrada en la AECID, tras la aprobación en 2010 de un plan de sistemas de información para la gestión unificada y estratégica (SIGUE), con el objetivo de dotar a la institución de un sistema de gestión informático que integrase la información y los procedimientos de trabajo.

Para ello se optó por implantar un sistema de información sobre una plataforma SAP. “En los procesos de contratación no se habrían observado los procedimientos legalmente establecidos” y “existen indicios de que no se ha mantenido la publicidad debida, con el propósito de favorecer la contratación de determinadas personas o entidades”.

“Existen indicios de que las irregularidades en la implantación del sistema tenían como propósito” situar al Instituto de Comercio Exterior (Icex), un organismo oficial, “en una posición de liderazgo y asimismo favorecer la contratación de una serie de empresas”. El auto en concreto cita a las mercantiles Roadmap Consulting SL y Fiables IT Outourcing Services de España y a la estatal Tragsa.

“Para ello se realizaron gestiones como fraccionar el gasto, adjudicar prestaciones a empresas vinculadas con el proyecto por haber realizado trabajos preparatorios o se utilizaron procedimientos que no correspondían, tales como convenios de colaboración o encomiendas de gestión, con la finalidad de obtener de forma indirecta los servicios de las mercantiles que habían sido preseleccionadas”.

“Existen indicios de que los gastos en que se incurrió para la implantación del sistema SAP no se ajustaron a la legalidad vigente, ni a los criterios de oportunidad, eficacia y eficiencia, no existiendo un estudio riguroso sobre el impacto económico de la implantación del sistema, ni la posibilidad de utilizar otros sistemas alternativos, que se adaptasen mejor a las necesidades de la Agencia o que fueran más económicos, lo que determinó un quebranto de la capacidad económica de la AECID”.

En estos hechos supuestamente ilegales intervino Begoña Cristeto, que en aquel momento era la secretaria general de la AECID, y de la que según el auto “existen indicios de que actuó como impulsora del plan de modernización de los sistemas informáticos de la AECID en concierto con personal del Icex, dando apariencia de legalidad a la selección de la herramienta SAP”.

Cristeto “suscribió informes en varios expedientes sobre necesidad e idoneidad de la aprobación del gasto, firmando contratos como parte de la decisión de adjudicación”. Asimismo, “promovió la celebración del convenio de colaboración con el ICEX el 8 de abril de 2011, actuó con conocimiento de la ilegalidad del convenio, a la vista del informe de la Abogada del Estado”, y “participó en la tramitación de varios expedientes dando apariencia de legalidad a los mismos, con la finalidad de adjudicar el servicio a la empresa que se estimaba conveniente, ocasionado un resultado injusto”.

Técnico comercial del Estado con una larga trayectoria en la Administración, tras pasar por la AECID Cristeto fue nombrada consejera delegada de la empresa pública Enisa y en 2014, con José Manuel Soria como ministro de Industria, se convirtió en secretaria general de Industria y de la Pyme, cargo que ocupó hasta 2018. En septiembre de ese año se incorporó como socia a la consultora KPMG, donde actualmente lidera las áreas de Automoción, Industria y Química.

Por su parte, Valdés, que ocupó diversos cargos en la AECID en esa etapa, entre ellos el de jefe de asuntos jurídicos, con dependencia de la secretaría general de la agencia, fue junto a Cristeto “impulsor del plan de modernización de los sistemas de la AECID, concertado con personal del Icex. Participó en varios expedientes, manteniendo contactos con personal del Icex para diseñar el plan SIGUE, redactando los términos del convenio de colaboración, participando en varias reuniones en las que se favoreció la asignación a varias empresas”. “Con dichas actuaciones se ocasionó un resultado injusto”.

Hijo del exmagistrado fallecido del Tribunal Constitucional del mismo nombre y técnico de la administración civil (TAC), Valdés cesó voluntariamente y por razones personales de su cargo en la Secretaría de Estado de Turismo el pasado 5 de diciembre.

En su auto, la jueza acuerda el sobreseimiento provisional y archivo de las actuaciones contra otros nueve investigados. Entre ellos, el actual presidente de la empresa semipública Cesce, Fernando Salazar Palma; el diplomático Juan Antonio López Doriga, exdirector de la AECID y embajador de España en México hasta el pasado agosto; y otro exdirector de ese organismo público, el actual directivo del Banco Santander Francisco Moza.