Información elaborada por Laura Olías, Antonio M. Vélez, Laura Galaup y Rodrigo Ponce de León.
Vox ha presentado su programa político centrado en la economía que supone un vuelco completo al sistema laboral, fiscal y de protección social de España durante los últimos 40 años. La formación ultraderechista propone una rebaja fiscal profunda, que beneficia claramente a las rentas más altas, con la eliminación de numerosos impuestos dejando solo dos tramos de IRPF y un tipo único del 22% para Sociedades, pretende utilizar el IVA para sustituir a las cotizaciones sociales y que el sistema de pensiones sea semiprivado ante la “avalancha de pensionistas”.
También proponen en el terreno laboral limitar el derecho de huelga y saltarse los convenios colectivos en pactos individuales. En los diferentes sectores económicos, aunque no se posicionan en el conflicto Taxi-VTC, abogan por la liberalización del transporte ferroviario, la libertad de contratación sin restricciones en el mercado de alquileres y ayudas a la automoción “para la renovación del parque de bajas emisiones”, entre otras medidas.
El programa económico también recoge medidas educativas y sanitarias. En relación a la enseñanza, la formación de Abascal apuesta por que las administraciones aporten un cheque escolar a las familias, que suponga un importe equivalente “al coste medio de un puesto escolar en un centro público”. Ese bono los progenitores lo podrán convalidar no solo en centros concertados también en centros privados. Vox asegura que con esa medida se favorece la “igualdad de oportunidades” ya que las familias con rentas más bajas puede acceder a centros que no están sustentados con fondos públicos. En este documento este partido ataca duramente a la pública asegurando que la equidad en este modelo “es un espejismo”.
En relación a la sanidad, quieren que se excluya de la cartera de servicios “cuestiones como la estética u otro tipo de terapias” y que se “descuelgue del sistema sanitario público” a los ciudadanos que apuesten por una mutua privada. Los líderes de este partido tampoco apuestan por un sistema universal. Entre sus medidas, recogen la implantación de “un sistema de copago para los inmigrantes cuya residencia sea inferior a los cinco años”.
“España necesita una ley de Huelga moderna”
El partido de extrema derecha propone limitar el ejercicio de huelga tal y como funciona en la actualidad en España a través de una ley que regule este derecho fundamental, que ningún gobierno hasta ahora ha aprobado y que se rige por un real decreto de 1977. Vox apunta que “España necesita una ley de Huelga moderna” y que “el régimen legal vigente ha mostrado su inadecuación para que el ejercicio de ese derecho colectivo se realice sin lesionar los derechos y libertades del resto de ciudadanos”.
La limitación que concreta el partido en su programa pasa porque la legalidad de la convocatoria de una huelga exigirá “el voto mayoritario y secreto de los trabajadores del sector, industria o empresa en la que se pretende iniciar el conflicto colectivo”. En la actualidad, la declaración de una huelga pueden acordarla por acuerdo de la mayoría de los representantes de los trabajadores (no del conjunto de la plantilla). También puede ser convocada por decisión de los trabajadores afectados por el conflicto, por mayoría a través de una votación secreta, y por acuerdo adoptado por las organizaciones sindicales con implantación en el ámbito laboral al que la huelga se extienda.
Vox añade que la norma sobre huelga debe garantizar que “los trabajadores que no desean sumarse a la huelga han de poder trabajar si así lo desean y han de establecerse las garantías para que lo hagan” y limita la actividad de los piquetes informativos “exclusivamente dentro de su centro de trabajo”. El comité convocante de la huelga “responderá ante los tribunales de los daños físicos o materiales causados durante el desarrollo del conflicto colectivo”, añade el documento para las elecciones del 28A.
Posibilidad de rebajar condiciones del convenio
Entre las propuestas en materia laboral de VOX, destaca que “los trabajadores individuales han de tener la opción de descolgarse de cualquier convenio y acordar con el empleador su remuneración y condiciones de trabajo”. Esto provocaría que un empleador pueda suscribir en el contrato de un empleado condiciones laborales y de salario menos ventajosas que las garantizadas –hasta ahora– por su convenio de referencia (por ejemplo, el salario mínimo para esa categoría profesional).
Según Vox, “la negociación colectiva es un derecho de los trabajadores pero también ha de serlo la posibilidad de que éstos pacten contratos laborales individuales con sus empleadores sin que, en este caso, se vean afectados por lo acordado en otras esferas de negociación”.
El partido dirigido por Santiago Abascal retrata en su programa electoral un elogio de la reforma laboral del PP de 2012 y una dura crítica contra los intentos del Gobierno de Pedro Sánchez de modificar algunos aspectos clave de esta normativa. Aunque la llamada 'contrarreforma' laboral no se ha llevado a cabo en esta legislatura, Vox la da casi por hecha: “La acción del Gobierno socialista que ha revertido muchas de las medidas reformistas implantadas en el bienio 2012-2013”.
La formación sostiene que los costes de las indemnizaciones por despido en España son elevados –“entre los más altos de la OCDE”–, propone rebajar las indemnizaciones para unificarlas a los “20 días por año trabajado” y también pone bajo la lupa el sistema de protección al desempleo “uno de los más generosos” y “de los más prolongados de los países de la UE”. la actual protección para las personas en situación de paro “prolonga de manera artificial la duración del desempleo”, ya que no genera incentivos para la búsqueda activa de empleo.
Algunas de las medidas que propone Vox para “flexibilizar” el mercado laboral española son: reducir las cotizaciones sociales a la Seguridad Social “hasta la medida existente en la UE”, que “los tribunales de lo social no puedan ”rechazar la validez“ de los ERE acordados ”salvo en los supuestos en los que existan casos de discriminación probados y tasados por ley“, eliminar la ultraactividad de los convenios colectivos (su prórroga automática cuando terminan su vigencia sin que se haya acordado uno nuevo) y favorecer la contratación de los jóvenes menores de 24 años y demandantes de primer empleo con un ”salario de inserción“ que esté exonerado de pagar cotizaciones sociales.
Un sistema de pensiones semiprivado
Vox habla de “avalancha de pensionistas” y de un sistema público de pensiones que es “un lastre para el crecimiento económico de España, un escollo insalvable para reconducir las finanzas públicas a la senda de la estabilidad y una espada de Damocles sobre los propios pensionistas”. En este contexto, el partido de extrema derecha cree que el sistema de pensiones no es sostenible y ofrece dos tipos de soluciones.
Por un lado, unos primeros parches para aliviar la sostenibilidad de las cuentas de la Seguridad Social. Entre ellas figuran: el retraso en la edad de jubilación, introducir incentivos a la prolongación de la vida laboral y aumentar el número de años cotizados exigidos para obtener una pensión.
Por otro lado, el partido de Abascal considera que estas medidas tampoco serán suficientes a largo plazo para garantizar las pensiones públicas, por lo que recomienda como “única salida”, un sistema semiprivado. Este sistema “mixto” de pensiones contaría con una parte de reparto (que garantizaría una pensión mínima por parte del Estado) y otra parte privada, en la que el trabajador depositaría la mitad de su cotización en una cuenta individual que gestionarían fondos privados de inversión.
La propuesta para implantar este sistema es la siguiente: los menores de 25 años y quienes se afilien por vez primera a la Seguridad Social se incorporarían de manera automática al sistema mixto de golpe, los trabajadores con edades comprendidas entre los 25 y los 45 años tendrían “libertad bien de permanecer en el régimen de reparto bien de trasladarse al sistema mixto” y los mayores de 45 años permanecerían en el sistema de reparto.
Los impuestos, como lastre para el crecimiento
Los impuestos se han convertido en el caballo de batalla del partido ultraderechista Vox. En un documento diferente de 52 páginas la formación que dirige Santiago Abascal propone simplificar el sistema fiscal con el objetivo de que no se convierta en “un lastre para el crecimiento económico y la creación de empleo”, aunque no se llega a cuantificar el montante total que se dejaría de ingresar por la reducción impositiva sí que se señala que se solventa con “la reorganización institucional del sector público y las ganancias de eficiencia asociadas a la redimensión de la administración pública española que proponemos generarán un ahorro estructural anual permanente de 24.236 millones de euros anuales”, es decir, la eliminación de las comunidades autónomas.
Este desguace de la estructura fiscal de España, que se argumenta con supuestas teorías económicas como la curva de Laffer o interpretaciones partidistas del Informe Mirrless, está destinado a beneficiar a los más ricos y se traduce en una “linealización de la tarifa” del IRPF de manera que haya un tipo marginal del 22% hasta los 60.000 euros y otro del 30%, cuando se supere esa cantidad. En el programa económico se admite que “el coste recaudatorio neto de esta tarifa ascendería a 2.867 millones de euros”, aunque posteriormente se admite que “dejando el resto del impuesto intacto, lo que provocaría un coste bruto con comportamiento de 6.436 millones de euros”.
A pesar de que solo aplican dos tipos, la propuesta de Vox apunta a la “progresividad moderada” de su propuesta fiscal mediante las necesidades básicas del contribuyente (NBC), de manera que saldrían beneficiados las familias numerosas, cuya deducibilidad de las NBC será decreciente según el nivel de renta del contribuyente. Además abogan por que las rentas se integren “independientemente de su naturaleza y origen” .
Respecto a la fiscalidad del ahorro, especialmente para la jubilación, Vox subraya que “el ahorro previsión merece un tratamiento fiscal diferencial” por lo que proponen “eliminar el supuesto de liquidez que permite el rescate de aquellas aportaciones que tengan menos de 10 años de antigüedad”, que el importe máximo anual que se pueda reducir podrá reducirse por aportaciones sea el 30% de la suma de los rendimientos netos del trabajo y de actividades económicas del ejercicio o 10.000 euros.
Eliminar el gravamen a los dividendos
También proponen eliminar el gravamen de los dividendos, los beneficios distribuidos desde las empresas a las personas físicas. Para ello, abogan por la integración del impuesto societario y el impuesto sobre la renta personal en el nivel del accionista. De esta manera “los beneficios empresariales distribuidos deberían pagar sólo el impuesto sobre la renta personal del accionista, de manera que debería corregirse aplicando una deducción en cuota sobre los dividendos percibidos.
Entre las deducciones que señalan que hay que eliminar están la de inversión en empresas de nueva o reciente creación, por actividades económicas en estimación directa (salvo en Canarias), por donativos y otras actividades y por protección y difusión del Patrimonio Histórico. la eliminación de estas deducciones supondría “un incremento recaudatorio estimado de 381 millones de euros”, según la formación.
El partido ultraderechista eliminará las deducciones aplicadas actualmente en la cuota diferencial (maternidad, familia numerosa o personas con discapacidad a cargo), para que con la aprobación de “la Ley Integral de Protección de la Familia cuyos cursos de acción deberán instrumentarse a través de políticas de gasto y no a través del IRPF”. La eliminación de estas deducciones aportará un incremento recaudatorio en el IRPF de alrededor de 1.500 millones de euros, según Vox.
Respecto al gravamen sobre las ganancias y pérdidas patrimoniales proponen su reducción utilizando un factor de actualización según el efecto de la inflación.
Para el impuesto de Sociedades, su propuesta es un “tipo nominal del 22%, igual para todas las empresas independientemente de su tamaño, del sector productivo en el que operen y de la actividad que desarrollen”. Hay algunas excepciones: “un tipo reducido del 15% para las entidades de nueva creación, el del 10% para los rendimientos de actividades económicas realizadas por entidades sin ánimo de lucro, el 20% para las Cooperativas fiscalmente protegidas y el tipo incrementado del 30% para las entidades de crédito y entidades dedicadas a la exploración, investigación y explotación de hidrocarburos”.
Con la excusa de la competencia fiscal internacional y de preservación del ahorro previsión, “excepcionalmente sólo se mantendrá un tipo nominal distinto del 0 por ciento para los fondos de pensiones y del 1 por ciento para ciertas entidades de inversión colectiva”, que no llegan a especificar. Vox asegura que “una previsión garantista del impacto recaudatorio de las propuestas del Impuesto de Sociedades puede fijarse en el entorno de los 1.350 millones de euros”.
El IVA como sustituto de las cotizaciones sociales
En su ataque al sistema público de pensiones, Vox utiliza el IVA como arma arrojadiza. La formación de ultraderecha propone una “devaluación fiscal” que consistiría “en sustituir cotizaciones sociales por incrementos de la recaudación por IVA e impuestos especiales”. Con esta premisa, señalan que “la subida de la recaudación debería fundamentarse en un trasvase paulatino de bienes y servicios hacia el tipo general” del 21%. Eso sí, proponen reducir al 10% para la adquisición de los vehículos eléctricos clasificados como “0 emisiones” o que “los productos que puedan catalogarse de uso exclusivo geriátrico o infantil pasen a gravarse al 4%”.
En los impuestos especiales, Vox propone subir el impuesto al alcohol, igualar la carga fiscal para picadura y puros a la más elevada de los cigarrillos, y dejar exento del Impuesto sobre la Electricidad la recarga de energía de los vehículos eléctricos en los puntos de recarga.
Finalmente, Vox propone la eliminación definitiva del Impuesto sobre el Patrimonio y del gravamen de las herencias y donaciones entre padres e hijos y la supresión del denominado Impuesto sobre Servicios Digitales y del Impuesto sobre las Transacciones Financieras. En el terreno local, la eliminación de la plusvalía municipal (Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana), una revisión del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) a la baja y “evitar un gravamen diferenciado sobre las viviendas vacías”.
“Disminuir el peso del Estado en la economía”
En el marco del “giro radical e inmediato en la política presupuestaria y fiscal” que plantea, propone un “plan de estabilización 2019-2020”. Para recortar el gasto no financiero en 2 puntos de PIB (24.236 millones de euros) y reducir el déficit público del 2,8% del PIB en que cerrará previsiblemente 2018 hasta el 0,5% del PIB en 2020. La formación quiere “disminuir el peso del Estado en la economía” hasta lo que llama “proporción dorada”, una participación del gasto y de los impuestos en el PIB “no superior al 35 por 100”.
El programa plantea una “estrategia de cierre progresivo o venta de todas las empresas públicas que generan pérdidas” y la privatización de las participaciones del Estado en Red Eléctrica e Indra (20%), Enagás (5%), así como “avanzar hacia la privatización plena de AENA”. “El Estado accionista ha de desaparecer del panorama empresarial español”, dice el documento.
En materia de transporte, se abre la puerta a “dar participación a la iniciativa privada” en el sector del ferrocarril, “de manera total o parcial o, través, de una concesión la explotación de actividades como: la señalización o el mantenimiento de las redes, la gestión de las líneas de transporte de pasajeros y mercancías en cercanías o en larga distancia incluida la alta velocidad”.
Se apuesta por la “liberalización del transporte ferroviario de viajeros y mercancías, así como la eliminación de las trabas regulatorias que limitan la eficiencia y la concurrencia en el de carreteras, por ejemplo, la limitación del peso de los camiones y la obligación de contar con, al menos, tres vehículos para poder entrar en el mercado”.
Sin mención al taxi
El documento, que se cuida de mencionar al taxi, apuesta por solicitar a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) “un catálogo omnicomprensivo y detallado de todos los mercados y sectores en los cuales existen barreras regulatorias a la competencia para proceder a su liberalización” para evitar “posiciones de privilegio que carecen de justificación económica y social y son lesivos para el interés general”. El único ejemplo que cita es el de los estibadores.
En energía, Vox apuesta por un mix eléctrico “diversificado y que nos permita alcanzar la mayor independencia energética en el medio y largo plazo”, un “cierre progresivo con el menor coste social” del carbón y “fuerte inversión” en fotovoltaica y eólica. Se olvida de “tener algo más de nuclear”, como llegó a plantear en una reciente entrevista su número 3 por Madrid, Iván Espinosa de los Monteros, y apuestan por el “mantenimiento de las centrales económicamente rentables”, sin que ninguna extensión de su vida útil derive en “inversiones importantes”.
El documento apuesta por “definir tarifas e impuestos que graven en consumo para no elevar la parte fija de la tarifa” eléctrica y, para proteger a los clientes vulnerables, “acceso a un mínimo vital de energía” financiado por el Estado. “Solo para estos clientes, el Gobierno debe fijar tarifas especiales y/o subvencionadas, estableciendo mediante mecanismos de mercado las empresas que deben hacerse cargo de dichos suministro para garantizar el menor coste”.
En autoconsumo, y para evitar “que los usuarios con menor poder adquisitivo” subsidien a aquellos “con capacidad inversora”, proponen una tarifa de acceso a red por tramos de consumo, “que estableciese descuentos para los primeros KWh consumidos. Aquellos usuarios con instalaciones de autoconsumo no tendrían el derecho al descuento de los tramos de bajo consumo”.
El documento, que no menciona los planes de la formación para Bankia, también plantea un plan de ayuda a la automoción “para la renovación del parque de bajas emisiones” que impulse “la renovación de los vehículos de más de 12 años con vehículos menos emisores, incluyendo entre ellos, cualquier tipo de propulsión”, “estableciendo incentivos diferentes según sus emisiones, no siendo solo para vehículos eléctricos”.
Libertad total en el alquiler
Asimismo, plantea reformar la legislación de las Socimis, “de modo que aumente la liquidez de los títulos de dichas sociedades, se mantenga su neutralidad fiscal y se agilicen los procedimientos de desahucio en caso de impago, dando así mayor seguridad” a este instrumento, señalado por Podemos como uno de los culpables de la burbuja de los alquileres en las grandes ciudades. Además, “Vox propone la libertad de contratación sin restricciones en el mercado de alquileres”. Y plantea una nueva ley de quiebras para hacer el concurso de acreedores un procedimiento menos “complejo” y “simplificarlo de manera sustancial”.