Miles de personas, 22.000 según los datos de la Delegación del Gobierno y 150.000 según los organizadores, han salido este domingo a la calle en Madrid para reivindicar que “la vivienda es un derecho, no un negocio”. Con el foco puesto en los alquileres, uno de los lemas principales de la convocatoria ha sido: “Bajemos los precios”. “No llegamos a fin de mes. Si no bajan los precios, huelga de alquiler” entonaban megáfono en mano los convocantes del Sindicato de Inquilinas minutos antes del arranque de la marcha en Atocha. El coro continuaba: “Rentista culpable, gobierno responsable” y “Madrid será la tumba del rentismo”.
La portavoz del Sindicato, Valeria Racu, ha señalado al inicio de la marcha que se trata de una convocatoria “histórica”. Durante su intervención ante los medios, advirtió a “los caseros y a la patronal inmobiliaria” de que “se acabó la impunidad”. “Si seguís subiendo los precios, vamos a dejar de pagarlos y no va a haber policía, juzgados ni matones para desahuciarnos a todas”, señaló. Además, se dirigió directamente a los políticos, que no han “aprovechado ninguna de las oportunidades”: “Lo único que tenéis pendiente es asumir responsabilidades, por eso exigimos la dimisión de la ministra (de Vivienda, Isabel Rodríguez), porque es la responsable de todo esto”.
Paloma López Bermejo, secretaria general de CCOO de Madrid, otra de los convocantes, ha acusado a la presidenta Isabel Díaz Ayuso de “dejación de funciones” y le ha pedido que deje de declarar “insumisa” con la ley de vivienda. Desde el sindicato han denunciado que los trabajadores y trabajadoras de la Comunidad gasten “más de la mitad de su salario, en el mejor de los casos, para poder acceder a una vivienda”. Desde UGT Madrid también ha denunciado “la actitud en rebeldía” del gobierno regional.
En uno de los bloques de la marcha, los manifestantes agitan pancartas en las que aparecen varias direcciones. Buenavista 25, Zurita 22 o Mesón de Paredes 88, en Madrid, pero también el Pau de Móstoles o Planeta Urano, en Parla, entre otras. Todas ellas acechadas o en propiedad de fondos buitre. “Fondos buitre, asesinos”, claman. Tras una de las pancartas está Santi, de 55 años. Vive en General Lacy 22, donde los propietarios quieren dedicar “tres de sus once bloques a alquiler temporal”. “Expulsan a vecinos de toda la vida sin ninguna alternativa”, señala.
A él se le acaba el contrato en noviembre, pero como el resto de sus vecinos, no se irá: “Nos van a tener que sacar con rasqueta. Estamos todo el bloque muy unido, hay mucha conciencia, ya estamos varios fuera de contrato y nadie se marcha. No solo por convicción, es que no hay donde ir. La gente quiere vivir tranquila, sin problemas, sin juicios, pero nos están obligando. El mercado inmobiliario actual es inasumible incluso para gente con sueldos medios y trabajos estables”, resume.
Marisa ha acudido a la manifestación con sus amigas Pilar y Rosa, para “defender el derecho a la vivienda, que bajen los alquileres y que no haya desahucios”, como sale a la calle también, explica, por la sanidad y la educación públicas. Tiene 65 y aunque reconoce que personalmente no tiene problemas para afrontar el pago de su vivienda, “que todavía es del banco”, estos no le son ajenos: “Tengo hijos y, aunque no los tuviera, vengo a animar a los jóvenes”.
“Trabajo pero no puedo afrontar un alquiler”
La dificultad para acceder a una vivienda digna en Madrid la conoce bien Alicia, de 25 años. “Sigo en casa de mis padres. Trabajo pero mi salario no me permite afrontar un alquiler sola y para compartir tendría que irme a las afueras”, lejos de la cafetería a la que tiene que desplazarse a diario para desarrollar su actividad. Ella reclama que “se controle el alquiler”. Su amiga Laura también ve el futuro incierto y complicado: “He optado por seguir formándome, porque aunque tuviera un salario tampoco podría independizarme”.
La cita se solapa con la convocatoria de una protesta en Barcelona, también por el derecho a la vivienda, pero con el foco en el impacto de la Copa América y la turistificación, y se replicará por diferentes ciudades en las próximas semanas. En Valencia, hay convocada una marcha el próximo 19 de octubre y en Málaga, el 9 de noviembre. No son las primeras. Miles de personas ya salieron a la calle en la ciudad andaluza en junio para reclamar una ciudad “para vivir, no para sobrevivir”.Y en Mallorca, en mayo, una multitud clamó por poder vivir en la isla “sin ser ricos”.
Una sentada “contra los políticos”
En un momento de la marcha, un grupo de decenas de manifestantes se ha sentado en Cibeles, mientras el resto continuaba hacia Gran Vía. “Es para dar la espalda a los partidos que están ahí (el Palacio de Cibeles es la sede del Ayuntamiento), a Más Madrid, que firma pelotazos urbanísticos, y a los políticos que han aprobado una ley de vivienda que no para los desahucios”, explicaba Sonia.
Después, frente al mismo edificio del que se ha intentado, sin éxito, desplegar una pancarta, el Movimiento de Vivienda de Madrid, donde está la PAH, ha leído un manifiesto alternativo, en el que han denunciado que “los rentistas nos roban la vida” y que “los gobiernos de derechas e izquierdas no quieren acabar con el negocio de la vivienda”, entre cánticos de “Partido Socialista, cómplice de los rentistas” y “Más Madrid, más miseria” y críticas a la presencia de representantes políticos de Podemos y Sumar.
Primera gran movilización desde la llegada de Sánchez
Las organizaciones que defienden el derecho a una vivienda digna, más visibles tras el estallido de la anterior burbuja inmobiliaria y el drama de los desahucios, no han parado desde entonces de hacer un trabajo de calle, barrio a barrio, desde sus distintas sensibilidades. Esta, sin embargo, es la primera gran movilización que se celebra en Madrid desde que Pedro Sánchez llegó a la Moncloa en 2018.
Seis años después, ni la Ley Estatal de Vivienda, inoperante en varios puntos por la negativa de las comunidades del PP a aplicar la declaración de zonas tensionadas, ni el fin de las Golden Visa, ni el anuncio de la construcción de más de 180.000 nuevas viviendas, ni la promesa de multiplicar por 10 el parque público han servido para mitigar el aumento de los alquileres y del precio de compra de un inmueble. Una crisis social que retrasa la emancipación de los jóvenes, que este domingo han salido a la calle.
Desde la Plataforma por el derecho a la Vivienda, una organización creada en octubre de 2023 para exigir a la Comunidad de Madrid que garantice el acceso a un techo en la región, y en la que están presentes desde la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid hasta el Sindicato de Inquilinas, llevaban desde el verano tanteando la convocatoria de una movilización, que pretendía imitar a otras grandes marchas en la capital, como las que se han celebrado en los últimos años por la sanidad pública. La caída de la iniciativa legislativa popular del Sindicato para regular los alquileres de temporada, que había quedado fuera de la ley pese a la advertencia de entidades y partidos como Podemos, supuso el espaldarazo definitivo.
De hecho, las consignas han escalado más allá de la propia Comunidad y desde las redes del Sindicato de Inquilinas llevan días pidiendo la dimisión de la ministra Isabel Rodríguez. La situación, señalan los convocantes, “es posible porque todas las administraciones del Estado, en mayor o menor medida, han hecho dejación de funciones, procurando jugosos negocios a banca y especuladores”. “Ahora es necesario revertir esta situación y que todos los poderes del Estado asuman sus responsabilidades legales y sociales”, reivindican.
Alba, Ángel y Carlos son amigos y compañeros de la plataforma Ideas en Guerra. “La gente joven no tiene ningún tipo de posibilidad de un proyecto de vida, porque no tiene sitio donde estar”, denuncia la joven, citando los últimos datos del Observatorio de Emancipación de España, que sitúa por encima de los 30 años la edad media a la que los jóvenes pueden independizarse. Ángel, que tiene 26 años, comparte piso “fuera de la M30”. “Más del 35% de mi sueldo se va cada principio de mes en pagar el alquiler”. El grupo sujeta una pancarta que reza: “La solidaridad no baja el alquiler”. Es una respuesta a la ministra Isabel Rodríguez, que reclamó a los pequeños propietarios “que se hagan cargo” de la situación.
Aunque el aumento del precio de los alquileres, que han subido una media de un 30% en las áreas metropolitanas españolas entre 2015 y 2022, para mayor enriquecimiento de los rentistas, ha monopolizado buena parte de las conversaciones, la principal reivindicación ha sido que “la vivienda es un derecho, no un negocio”. Y ahí entras los alquileres, pero también un “exiguo parque de vivienda pública” que “ha sido y es objeto de venta y negocio” con “consecuencias desastrosas”; que “los barrios residenciales están siendo sustituidos de forma progresiva por enormes complejos turísticos incompatibles con la vida”; que la gentrificación está echando de los barrios más céntricos, pero cada vez más también de los periféricos, a las familias; la normalización de los desahucios; o el mercado “desregulado”, señalan las convocantes.
En su proclama, las organizaciones convocantes señalan la “tibia posición” del Gobierno de España. Le reconocen el “paso adelante en la dirección correcta” que supuso la Ley de Vivienda, pero critican que “no ha solventado muchos de los problemas estructurales de la crisis que estamos sufriendo”, porque no prohíbe los lanzamientos a hogares sin alternativa habitaciones, ni persigue a quienes especulen con la vivienda, ni interviene ni regula los precios, ni ha recuperado la obligación de los promotores de actuaciones urbanísticas de destinar un porcentaje de los nuevo inmuebles en vivienda social, enumeran.
Pero también apuntan a la Comunidad de Madrid y al “modelo implementado durante décadas por el Partido Popular” que hace que “acceder a una vivienda digna sea prácticamente imposible”. Este modelo ha pasado, señalan, por “criminalizar” la ocupación mientras “se vendía el parque de vivienda pública a precio de saldo a los denominados fondos buitre”, y por priorizar el “negocio del turismo” frente a las “necesidades de los barrios”.
El manifiesto, señala además que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha favorecido la especulación urbanística, “incluso a costa de sacrificar valiosos entornos medioambientales”. “Mención aparte merece su desidia y falta de empatía respecto al problema que ellos mismos generaron en San Fernando de Henares con la construcción de la línea 7b de metro”, añaden. Esperanza Aguirre ignoró los informes técnico que desaconsejaban la zona, lo que ha terminado generando más de 73 hogares derribados.