Observadores de la troika (CE, BCE y FMI) visitarán Madrid la próxima semana para evaluar las reformas económicas del Gobierno y los impactos potenciales que puedan tener medidas de ámbito regional como el decreto andaluz sobre vivienda.
El portavoz comunitario de Asuntos Económicos y Monetarios, Simon O'Connor, ha recordado hoy que España está obligada a “consultar” a Bruselas sobre “toda medida que tenga un impacto potencial” en el sector financiero, de acuerdo con lo establecido en el MOU (memorándum de entendimiento firmado por España y sus socios europeos para recapitalizar su sector bancario).
Ha añadido que la CE “está discutiendo con las autoridades españolas” medidas de ámbito regional que pueden tener impacto potencial y que informará de ellas tras la evaluación que haga al término de esa visita de la próxima semana.
A preguntas de los periodistas, O'Connor ha dicho que la Comisión Europea “no ha enviado ninguna carta a las autoridades españolas” para pedir información sobre el decreto de vivienda aprobado por la Junta de Andalucía.
El ministro español de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, indicó a su llegada al Eurogrupo que “hay una comunicación al ministerio de Economía pidiendo información” por parte de la CE, la cual “no tiene por qué ser por carta”.
“Las comunicaciones se hacen actualmente por correo electrónico en el cual nos piden información al respecto”, zanjó De Guindos el tema, al tiempo que aseguró que, cuando llegue la CE a España en los próximos días, “lógicamente le prepararemos toda la información” que solicita sobre la norma andaluza.
El portavoz comunitario ha añadido a su vez que Bruselas “está en contacto con el Gobierno español” para tratar todos los asuntos relacionados con el programa de reformas económicas y ha eludido comentar si se había hablado en concreto del decreto aprobado recientemente en Andalucía sobre la expropiación temporal del uso de viviendas de la banca.
El tema de las ejecuciones hipotecarias “ya ha sido tratado anteriormente por la Comisión y las autoridades españolas”, según O'Connor, quien ha añadido que corresponde al Gobierno español “definir y aplicar un enfoque para atenuar la situación”.
Ha señalado que el MOU especifica que este país debe “consultar a la Comisión y al Banco Central Europeo (BCE) antes de adoptar políticas del sector financiero” no incluidas en dicho texto y “que puedan tener un impacto potencial” en los objetivos del programa.
“Toda medida legislativa tomada en España que tenga un impacto potencial en el sector financiero está cubierta por esta previsión del memorándum”, ha afirmado O'Connor.
El portavoz ha recalcado que la Comisión “es bien consciente de las graves consecuencias sociales de la crisis” en España, así como de la “dificultades relacionadas con las deudas por préstamos hipotecarios”.