“La vocación de este Gobierno era la presentación de los Presupuestos Generales [PGE de 2024], pero evidentemente la política no consiste en fabricar titulares que se amparan en noticias falsas. Consiste en mejorar el interés general. Y en saber leer la realidad”, contestó este miércoles la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, en la sesión de control al Gobierno en el Congreso, a una pregunta del grupo parlamentario del Partido Popular (PP). “La convocatoria de elecciones en Catalunya altera el tablero político. Se va retrasando el momento de la aprobación de los Prepuestos [...]. Y vamos a presentar pronto los Presupuestos de 2025, que espero estén dispuestos a pactar”, continuó.
“Prefiero unas cuentas prorrogadas [las de 2023] que los presupuestos del Partido Popular: recortes, recortes, recortes...”, añadió la también ministra de Hacienda. Seguro que sus socios de Ejecutivo tampoco quieren unas cuentas diseñadas por el PP, pero lo cierto es que, en los últimos días, distintas voces del espacio político de Sumar han mostrado su malestar por la decisión de los ministros económicos del PSOE y del presidente Pedro Sánchez de renunciar a negociar unos Presupuestos Generales del Estado (PGE) para este 2024.
“La misma tarde [del 13 de marzo] que Pedro Sánchez anunció unilateralmente que ya no se trabajarían los Presupuestos hasta los del 2025, estábamos negociando”, lamentan a elDiario.es fuentes del Ministerio de Trabajo y Economía de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz. En la misma línea, este miércoles, el portavoz parlamentario de Sumar, Íñigo Errejón, advirtió de que “es una irresponsabilidad bajar los brazos en un momento de mucho hartazgo ciudadano con la política, en un momento de una especie de declive moral de la confianza entre los ciudadanos y sus representantes, de mucha dificultad para muchas familias, e incluso de inestabilidad geopolítica”.
La razón principal del choque entre Sumar y el PSOE es que sin Presupuestos va a ser más dificultoso y “lento, librando más batallas particulares”, aprobar algunos de los acuerdos del Gobierno de coalición más importantes y que podrían haber sido incluidos en la propia Ley de Presupuestos. Lo que se ha visto imposible aprobar de una tacada por la entrada en campaña electoral de los socios de la investidura, tanto de Catalunya en mayo –Junts y ERC–, como de Euskadi en abril –PNV y EH Bildu–, tendrá ahora que negociarse parte por parte.
Desde Hacienda y desde el Ministerio de Economía de Carlos Cuerpo se sigue insistiendo en que, “en términos prácticos, el espacio que genera la prórroga de los PGE 2023 es suficiente para seguir avanzando con las prioridades políticas para este año 2024, y concentrar ahora el esfuerzo en los Presupuestos del año 2025”. Dicha prórroga y los Reales Decretos-leyes de finales de año garantizaron la revalorización de las pensiones, 9.000 millones de inversiones de los fondos europeos del Plan de Recuperación o medidas como los descuentos al transporte público y la rebaja del IVA de los alimentos. Pero otras cuestiones se han quedado en el aire.
Desde el Ministerio de Trabajo inciden “en que abandonar la negociación de los Presupuestos no es una buena noticia. Aun así, y ya asumiendo esto, estamos estudiando todas las vías porque la gente no puede ser la que salga perdiendo en última instancia ante la decisión del PSOE”.
Uno de esos acuerdos del Gobierno de coalición que podría haber sido abordado en la ley de las cuentas generales del Estado es la conversión de los gravámenes temporales a la banca y a las energéticas, que en el último año han recaudado cerca de 3.000 millones de euros, en impuestos permanentes. “Mantenemos nuestra intención de modificarlos como anunciamos. Estamos buscando la vía para llevarlo a cabo, que no tenía que ser únicamente a través de los PGE”, señalan fuentes del Ministerio de Hacienda de María Jesús Montero.
“La permanencia de los gravámenes a la banca y las energéticas está recogida en el punto 8 del acuerdo de Gobierno. El Decreto-ley mediante el que se aprobaron establecía su vigencia para 2023 y 2024 y que en el último trimestre de este año 2024 se realizará un estudio para evaluar su mantenimiento con carácter permanente, por lo tanto no dependían de los presupuestos de 2024. Dados los beneficios históricos que han tenido las grandes empresas de estos sectores oligopólicos en los últimos años, desde Sumar no contemplamos otro escenario que no sea su mantenimiento de forma indefinida en cumplimiento del pacto cuando se realice esta revisión al final del ejercicio”, explican desde el equipo de Díaz.
Precisamente, el Real Decreto-ley de finales de 2023 con la renovación parcial de las medidas anti crisis introdujo la habilitación para que los PGE pudieran bonificar el gravamen a las energéticas, “pero nosotros nos oponemos a esta bonificación y nuestro planteamiento es que se mantengan íntegramente, ya que estos dos sectores tienen una estructura oligopólica que les reporta beneficios extraordinarios y que les permite arrimar el hombro en mayor medida”, continúan desde Trabajo.
Otro de “las batallas” que Sumar ha asumido como vitales es la rebaja de la jornada laboral oficial sin reducción del salario. “Es decir, vamos a liberar tiempo para las trabajadoras y los trabajadores, vamos a expandir la libertad de todos, no solo la de quienes pueden pagarla. Eso lo va a hacer el Ministerio de Trabajo, el Gobierno, y después vendrá al Congreso de los Diputados y tendrá que ser aprobado. Nos hubiera gustado con Presupuestos, pero sin ellos también se puede y lo vamos a hacer”, afirmó este miércoles Íñigo Errejón.
Otras medidas que dependían de los Presupuestos Generales, como la subida de los salarios de los funcionarios, el ajuste del IRPF del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) o el incremento del índice de referencia para las ayudas públicas (el IPREM), quedan pendientes de la aprobación de nuevos Reales Decretos-leyes por parte del Consejo de Ministros o de enmiendas a otros que todavía no se hayan convalidado.
A una enmienda al Decreto-ley con las medidas anti crisis que todavía tiene que votarse en el Congreso se encomendará la mejora del 2% de los sueldos de los trabajadores públicos, según lo pactado para 2024. Esta “vía” hará que el aumento llegue como mínimo cuatro meses tarde.
Sobre el IPREM, elDiario.es ha podido saber que en las conversaciones sobre la Ley de Presupuestos no había acuerdo entre el PSOE y Sumar. Ahora está completamente en el aire. Su congelación lo descuelga del SMI y eso significa que existe el riesgo de que algunas familias vulnerables que se hayan beneficiado de la subida del salario mínimo pierdan el derecho a prestaciones o ayudas.
“Además, en el marco de la negociación presupuestaria estábamos proponiendo el aumento de la tributación de los rendimientos del capital para acercarlos a los del trabajo y el incremento de la tributación de las grandes fortunas con el objetivo de que contribuyan a financiar el incremento del gasto social y las inversiones para modernizar nuestro tejido productivo”, añaden desde Trabajo.
La misma posición defienden desde el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. “La decisión de renunciar a los Presupuestos Generales de 2024 ha sido tomada por el PSOE, por lo que para este Ministerio es una situación sobrevenida”, dicen desde la cartera de Pablo Bustinduy. “Se van a estudiar las fórmulas para sacar adelante las materias que competen a este Ministerio (por ejemplo, la mejora de los permisos de paternidad y cuidados en la Ley de Familia)”, prosiguen.
En un momento convulso para las noticias de economía, es más importante que nunca estar bien informado. Las repercusiones de cada movimiento de empresas, de la política económica de los gobiernos y su impacto en los ciudadanos, explicadas desde un punto de vista riguroso y diferente.