El ex vicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato defraudó 6,8 millones de euros entre los años 2004 y 2015, según un informe de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) de la Agencia Tributaria, entregado el pasado 23 de enero al juzgado de instrucción número 31 de Madrid, y que adelanta este miércoles el diario El País.
El informe de 634 folios detalla que las rentas no declaradas en el IRPF superarían los 14 millones de euros en el citado periodo. Entre los casos que relata se encuentra el referente al Hotel Alba de Layos (Toledo). Rato fundó la sociedad COR con sus hermanos Ramón (ya fallecido) y María Ángeles. Cuando Rato era vicepresidente del Gobierno, en 2003, la firma COR construyó un hotel de cinco estrellas “que recibió una subvención algo inferior a un millón de euros de la Comisión delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, presidida en ese momento por Rodrigo Rato”.
La policía fiscal afirma que todas las rentas generadas por COR se destinaban al hotel y que el importe de lo no declarado “está cercano a los 3,5 millones”. A través de dos proveedores de COR, el grupo Macal y Media House, “satisfacen rentas a Montelayos y Layosalud. A pesar de la ocultación, se entiende acreditado que Layosalud pertenece en su mayor parte a Rato”.
Además, el documento aborda los pagos realizados por las principales empresas del IBEX 35 al exvicepresidente después de que este dejara su cargo en Bankia para que el Estado la nacionalizara. CaixaBank, Santander y Telefónica pagaron al exdirector gerente del FMI casi 1,7 millones de euros desde su dimisión hasta 2015 en conceptos de asesoría que no tributó por el IRPF sino por sociedades.
Los pagos son diferentes según cada entidad. En el caso de CaixaBank, Rato era asesor de la entidad catalana antes de llevar las riendas de Bankia. Por eso el informe dice que tributó correctamente en 2008 y 2009 pero luego dejó la asesoría por ser nombrado presidente de Caja Madrid. Pero ya en 2012, 2014 y 2015, fue COR, propiedad de Rato, la que facturó a CaixaBank 540.000 euros, “un importe manifiestamente superior al valor de mercado de ese servicio de publicidad”.
Algo similar dice que la Agencia Tributaria que ocurrió cuando Rato fue asesor de Santander y atribuye el cobro entre 2013 y 2015 de 441.000 euros a través de COR, “una sociedad sin estructura para diseñar estos servicios”, como persona jurídica para evitar el pago del IRPF.
La ONIF dice que se utilizó el mismo sistema para pagar los servicios de asesoría que Rato hizo a Telefónica en 2013, 2014 y 2015, con los que ingresó 730.000 euros, que debían haber sido declarados por el IRPF. Sin embargo, Telefónica firmó con Rato que los servicios los hiciera Kradonara; para evitar la tributación de esta sociedad, “recibió facturas de conveniencia emitidas por otra firma de Rato, Arada, la cual no tributa por los ingresos que obtiene al tener pérdidas acumuladas”.
Esta práctica de Telefónica ya había sido perseguida por la Agencia Tributaria en otros casos. Como publicó eldiario.es en la investigación de Los Papeles de la Castellana, uno de sus exdirectivos, Luis Lada, recibió una indemnización de ocho millones de euros por dejar la compañía y además una compensación anual de 500.000 euros que trató de cobrar por medio de una sociedad pero que Hacienda le hizo tributar por IRPF.
Respuesta de Rato
Rodrigo Rato ha manifestado por su parte lo que ya ha enviado a través de diferentes escritos al juzgado: “Este informe se origina en una denuncia, alzamiento de bienes, que sirvió para mi detención, aunque quedó demostrada su falsedad en 15 días. El informe contiene datos falsos o erróneos que la Agencia Tributaria tenía capacidad para conocer desde tiempo antes porque estaban en sus archivos”. También recuerda que pidió sin éxito al juez que cambiara a los actuarios de la ONIF por considerar que no eran apropiados para continuar como auxilio judicial ya que iniciaron la causa con datos falsos.
Investigado desde hace dos años
El exministro de Economía y Hacienda, cuya fortuna está siendo investigada desde hace dos años, habría cometido el fraude mediante “ganancias de patrimonio no justificadas derivadas del tráfico de dinero con el extranjero y no declarado fiscalmente; ganancias de patrimonio sin previa transmisión de rentas, rendimientos de actividades económicas como conferenciante y gastos de la actividad empresarial que no son deducibles”, recalca Efe.
El informe de la ONIF, clave para seguir avanzando en la investigación judicial, habla de tráfico de dinero a través de las sociedades panameñas Red Rose Limited y Westcastle, la británica Vivaway y la española Kradonara, que habrían sido utilizadas para ocultar rentas y cuyo beneficiario habría sido el propio Rato.
El inicio de las pesquisas sobre el origen de la fortuna del exvicepresidente del Gobierno comenzó en abril de 2015, cuando la ONIF alertó a la Fiscalía de Madrid de irregularidades en el patrimonio de Rato e inició un proceso que empezó con el registro de su domicilio y su despacho particular, la incautación de documentación y su detención televisada.
La denuncia de Antifraude se producía apenas 24 horas después de que el 14 de abril trascendiera que el exministro estaba siendo investigado por la unidad de inteligencia financiera, el Sepblac, dependiente del Ministerio de Economía, por un posible delito de blanqueo de dinero tras acogerse en 2012 a la amnistía fiscal a la que se adhirieron 30.000 contribuyentes.
Por otra parte, la semana pasada quedó visto para sentencia otra de las causas contra Rato, que le ha sentado en el banquillo, la de las tarjetas “black”. Terminaba el juicio contra los 65 usuarios de las polémicas tarjetas opacas de Caja Madrid, entre ellos los expresidentes Miguel Blesa y Rodrigo Rato, que se enfrentan a penas de entre seis y cuatro años y medio de prisión por apropiación indebida.