- La ponderación de la subasta y los peajes sitúa el incremento del recibo medio en el 11%, según cálculos de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, y del 16% del kilovatio por hora
El recibo de la luz subirá un 11% de media. Así lo ha calculado Jorge Morales, de la Plataforma Energética, teniendo en cuenta dos factores: el resultado de la subasta de electricidad, que se ha cerrado este jueves con un alza del 26,5%, y el anuncio del Gobierno de subir la parte fija del recibo –peajes– en torno al 1,3%.
“Esto quiere decir”, explica Jorge Morales, “que, aunque el precio del kilovatio por hora sube un 16%, el promedio de subida de los recibos será un 11%, en función de la tarifa y el consumo de cada cual”.
Los principales partidos de la oposición, junto con miembros de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, se reúnen este jueves a las 12.30 para expresar su rechazo con la ley del sector eléctrico en el día de su aprobación definitiva –las enmiendas pasarán este jueves por la tarde su último trámite parlamentario–, cuyos puntos clave son los siguientes:
Déficit de 3.600 millones: las enmiendas registradas en el último momento por el PP en el Senado reconocieron un déficit de 3.600 millones en el servicio de la luz por parte de las grandes eléctricas. ¿Qué significa esto? Que el Estado asumirá una hipoteca con estas empresas para los próximos 15 años con la obligación de devolverles este importe. Lo que aún no se sabe es cómo se hará, pero tendrá aval del Estado. Este déficit es consecuencia del supuesto coste de generar luz que no se compensa con el recibo de la luz, aunque nunca ha explicado el Gobierno cómo ha llegado a esta conclusión. Lo que sí ha explicado es que Hacienda ha fulminado una ley de octubre por la que hacía un préstamo de 2.200 millones a Industria para sufragar este déficit, que también se han liquidado 900 millones para la ayuda a la generación de electricidad en las Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla y que se apropia de otros 500 millones de impuestos a hidrocarburos. En definitiva: la ley no sólo no resuelve el déficit, sino que lo 'bendice'.
Peaje al sol: A partir del 1 de enero, por primera vez, todo aquel que tenga una placa eléctrica en su casa y esté enchufado a la red para acceder al suministro en caso de necesidad, deberá pagar un peaje, un impuesto, un importe. Es decir, tendrá que pagar por el autoconsumo del sol y del viento.
Retroactividad: La industria de las renovables se financiaban por un sistema de primas. Esto quiere decir que el Estado establecía un precio al que se le pagaba a estas empresas el kilovatio por hora y, si en el mercado lo vendían más barato, el Estado lo compensaba. ¿Cómo va a ser ahora? A través de un término aún no regulado de la “rentabilidad razonable”. Conclusión: se cambian las reglas del juego y a las renovables de les cambia radicalmente la forma de financiarse. Además de retroactividad, se genera inseguridad: los criterios de “rentabilida razonable” se examinarán cada 3 o 6 años. ¿Qué teme el sector? Que muchas empresas no podrán seguir viviendo y que, por tanto, será inevitable un banco malo de renovables.
Sanciones millonarias: ¿Qué pasa si tengo una placa foltovoltaica de 300 euros no homologada y estoy enchufado a la red pero no pago el peaje? Que me pueden sancionar con hasta 60 millones de euros.
Patada en la puerta: La nueva ley también ha sacado del baúl de los recuerdos la fallida Ley Corcuera. A partir del 1 enero, los inspectores del Ministerio podrán entrar en hogares, no sólo empresas, sin necesidad de autorización judicial para comprobar las instalaciones, particularmente las de autoconsumo.
Familias vulnerables: A lo largo de la tramitación de la ley, el PP ha usado su mayoría absoluta para rechazar, tanto en el Congreso como en el Senado, la protección a las familias vulnerables. Es decir, mientras el Gobierno decide que el Estado avale un déficit de 3.600 millones no he explicado con las principales eléctricas, se ha opuesto a que no se les pueda cortar la luz a quienes no tienen para pagarla, a ampliar el bono social y ha rebajarles el IVA. La última oportunidad la tuvo el Gobierno este martes, cuando la diputada de la Izquierda Plural Laia Ortiz (ICV) defendió una Proposición de Ley para proteger a las familias vulnerables de los cortes de luz, pero volvió a negarse.