La cotización de todos los becarios a la Seguridad Social vuelve a estar en duda. Tras muchas resistencias y retrasos, el derecho a cotizar de todos los becarios –también los que no cobran– se aprobó el pasado marzo en el bloque final de la reforma de pensiones y el BOE recoge su entrada en vigor para el próximo 1 de octubre. Sin embargo, los rectores de las universidades están intentando que no sea así, con la petición de una demora que respaldan también todas las comunidades autónomas, según confirman varias fuentes a elDiario.es. Los ministerios de la Seguridad Social y de Universidades afirman que están “estudiando” la petición.
La cotización de todos los becarios para la jubilación supone reconocer los periodos de prácticas como periodo cotizado para la futura pensión. Será cubierta por el Estado en su inmensa mayoría, el 97% este año y el 95% a partir de enero de 2024, de manera que el pago efectivo de las empresas (o instituciones académicas) solo alcanzará el 3% y el 5% de la cotización.
“Hemos pedido una demora de un año”, afirma José Luján, presidente de la comisión de asuntos estudiantiles de la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (Crue) y rector de la Universidad de Murcia. Las universidades pretenden que el Gobierno apruebe in extremis, en sus últimos días en la Moncloa antes de las elecciones anticipadas del 23J, un real decreto ley que retrase el despliegue de la medida, que ya quedaría en manos del siguiente Ejecutivo.
La medida fue negociada durante meses, comprometida en el primer acuerdo de pensiones, retrasada más de un año en esta última legislatura por las reticencias de actores como las universidades –después de otro intento infructuoso de sacarla adelante en el primer gobierno monocolor del PSOE– y, finalmente, cuando se aprobó el pasado marzo, el Gobierno dio un margen de siete meses para su entrada en vigor.
Comunidades autónomas de distinto signo político, como Madrid, Extremadura, Castilla y León y Canarias, confirman a este medio que los responsables regionales de las políticas universitarias también han solicitado la demora de un año al Ejecutivo central, un retraso que respaldan “las 17 comunidades”, destacan desde la Crue.
“El 1 de octubre tienen que estar dados de alta todos los becarios y no estamos preparados”, sostiene José Luján, de la Crue. “Vamos a un bloqueo de prácticas absoluto el 1 de octubre, a que no haya prácticas”, dice sobre la justificación de “urgencia y necesidad” para aprobar un real decreto ley.
Sin embargo, más allá de una cuestión de tiempos, los rectores insisten en criticar la medida en sí misma. “No tiene ningún sentido que por las prácticas curriculares, que forman parte de la formación del estudiantado, se cotice a la Seguridad Social”, decía este jueves en El País Eva Alcón, la nueva presidenta de los rectores.
La Crue insiste en que la cotización de todos los becarios dificultará la realización de prácticas y denuncia que aumentará las cargas burocráticas de las universidades sin medios para ello, ni de personal ni tampoco económicos.
En el caso de las prácticas no remuneradas, la ley prevé que las obligaciones de Seguridad Social corresponderán a la empresa, institución o entidad donde se desarrollen estas, “salvo que en el convenio o acuerdo de cooperación” se diga que recaen en el centro de formación responsable de la oferta formativa. José Luján asegura que hay empresas, y también administraciones públicas, que están acogiéndose a esta excepción en el texto aprobado para que sean las universidades las que asuman el pago de la cotización de los becarios.
Aunque el pago se corresponda solo al 5% de la cotización, las universidades defienden que no pueden asumir estos gastos ante unas cuentas que ya afrontan muchas limitaciones. Por ello, los rectores no solo piden al Gobierno una demora, sino que siguen reclamando modificaciones en el texto ya aprobado, como que la Seguridad Social exima a las instituciones públicas del pago de la cotización.
Además, en la Crue reiteran que hay más alternativas, como que se reconozca esos periodos de prácticas como cotizados de manera “ficticia”. Es decir, que se apruebe a posteriori y sin que se haya cotizado realmente por ellos, como ocurre con periodos de excedencias por cuidados de hijos, una medida en contra de la brecha de género en las pensiones.
“Los rectores se lo han pedido a Educación y Universidades y estamos con ellos estudiando la situación”, responden desde el Ministerio de la Seguridad Social, responsable último de la medida y el que aprobó la cotización para todos los becarios. En el departamento que dirige José Luis Escrivá confirman que, dado que la cotización ya está aprobada en el BOE, requeriría de un real decreto ley.
En CCOO han lanzado este jueves un comunicado en el que exigen al Gobierno que “cumpla con el compromiso íntegro” de la cotización de becarios, que estaba incluido en el de pensiones, con respaldo de las organizaciones sindicales y patronales.
Además, el sindicato es muy crítico con los rectores. “CCOO lamenta que la Crue, máxima representante institucional de las universidades públicas, sea tan poco respetuosa con los derechos de Seguridad Social reconocidos a las y los jóvenes universitarios y de formación profesional y se aleje así del criterio de excelencia que debe presidir la formación universitaria de nuestro país”, denuncian.
“Nos llega que el Ministerio de Seguridad Social está dispuesto a retrasarlo hasta el 1 de enero”, dice por su parte Luján, de la Crue. Fuentes sindicales insisten en la necesidad de que se cumpla con una medida ya negociada durante muchos meses, también con las universidades, y cuya demora volvería a dejar en el aire este derecho.
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