¿Se está reduciendo el empleo sumergido?

2022 fue un buen año para la economía española: el PIB registró un crecimiento anual del 5.5%. Sin embargo, las mismas series indican que la economía española no se habría recuperado del shock ocurrido por la pandemia del COVID-19, de forma que sería el único de los 27 países de la Unión Europea que no habría pasado página de esta crisis. En artículos anteriores, ya señalábamos que la razón de esta anomalía está en la infraestimación del crecimiento económico ocurrido en 2021. Este error se pone de manifiesto cuando se constata el incremento mucho más vigoroso de las bases imponibles (en rentas, producción y gasto) en los principales impuestos.

En este artículo no volveremos a incidir en los mismos argumentos, pero sí queremos rebatir una idea que se ha convertido en un lugar común entre muchos analistas: el afloramiento de la economía sumergida y, en particular, del empleo irregular. Según este razonamiento, el incremento en las bases imponibles y la recaudación se debe a que una parte muy considerable de la economía sumergida habría aflorado por muy diversas razones (el aumento de los pagos electrónicos, mayor control de las autoridades o como efecto indirecto de los nuevos esquemas de protección al empleo). El PIB, que mide tanto la economía legal como la sumergida, no habría seguido la misma trayectoria y ello explicaría la divergencia. Sin embargo, como argumentaremos, este supuesto afloramiento de la economía sumergida apenas puede encontrase con las fuentes disponibles. En el mejor de los casos es más un deseo que una realidad y, en el peor, un error de interpretación bastante fácil de rebatir.

Hasta la fecha, el esfuerzo más elaborado por presentar este argumento ha venido, curiosamente, de una dependencia del propio gobierno. Los autores del Plan Presupuestario de 2023 se lanzaron en octubre de 2022 a afirmar que “las medidas adoptadas durante la crisis del COVID habrían facilitado el afloramiento de unos 285.000 afiliados a la Seguridad Social”. Esta conclusión vendría del estudio de la relación histórica entre la ocupación de la Encuesta de la Población Activa “que recoge parte del empleo en la economía sumergida a través de su encuesta” en relación con la afiliación a la Seguridad Social, en particular, con el régimen general. El afloramiento del empleo sumergido habría permitido, según los redactores, aumentar los ingresos por cotizaciones sociales en 0,2 puntos de PIB, es decir, unos 2.400 millones de euros. La noticia saltó a varios medios (entre ellos periódicos de amplio prestigio como Cinco Días o Financial Times) e, incluso hoy en día, se sigue citando como prueba del pretendido fin de la economía sumergida.

Estas conjeturas quizá sean algo apresuradas, como podremos ver. El empleo en nuestro país tradicionalmente se mide a través de dos registros: la EPA y la afiliación. Sin embargo, la comparación entre ambos no se puede hacer tomando simplemente las cifras publicadas por los respectivos organismos. La comparación es algo más compleja y, en un ejemplo de buena práctica estadística, el INE ofrece de forma periódica una manera de contrastar ambas fuentes.

El último informe, referido a 2018 y resumido en el cuadro adjunto, concluye que, en el segundo trimestre de ese año, la ocupación EPA superaba en unas 400.000 personas a la afiliación ajustada.

Para la realización del Informe, la Seguridad Social proporciona al INE el número de personas afiliadas a la Seguridad Social en el trimestre de referencia en un informe con un gran detalle. Esto implica que las cifras de afiliados a la Seguridad Social que se publican no pueden utilizarse sin depurar el efecto del pluriempleo que resulta cuando una misma persona está dada de alta en varios regímenes. En otras palabras, los afiliados no se corresponden necesariamente con las personas ocupadas, pues un individuo se contabiliza tantas veces como situaciones de cotización tenga por tener varias actividades laborales (por ejemplo, si es asalariado y autónomo). En 2018, de los 18,8 millones de afiliados, casi 700.000 estaban en pluriactividad. El segundo ajuste tiene el efecto contrario y busca incorporar a los trabajadores que no están afiliados a la Seguridad Social sino a mutualidades. Incluyen principalmente a los funcionarios en el régimen de clases pasivas y que sumaban en ese año un total de 860.000 personas. Finalmente, hay un tercer ajuste muy pequeño que consiste en restar a los trabajadores que viven en viviendas colectivas (como los religiosos en conventos o penados que realizan trabajos) al no estar recogidos en la EPA. Tras estos ajustes, la afiliación ajustada alcanzaba a 18,9 millones de trabajadores frente a los 19,3 millones de ocupados en la EPA. La diferencia de 400.000 trabajadores puede interpretarse como un razonable indicador de la economía sumergida en 2018.

No existen informes oficiales que comparen ambos registros a partir de 2019, por lo que hemos elaborado nosotros mismos las estimaciones con la información disponible. El lector interesado puede consultar los detalles en la nota final. El gráfico (grafico 1) muestra los tres indicadores obtenidos: la afiliación a la Seguridad Social (sin ajustar), la afiliación ajustada y el empleo de acuerdo con la EPA. A primera vista se comprueba que la Seguridad Social ha registrado una mayor creación de empleo (1,3 millones) que la afiliación corregida (1,1 millones). La diferencia se debe fundamentalmente a la jubilación de funcionarios en el régimen de clases pasivas y su reemplazo por empleados públicos que cotizan a la Seguridad Social. Esta tendencia seguirá ocurriendo en las próximas décadas y debería tenerse en cuenta para cualquier análisis futuro.

Para medir el cambio en el empleo irregular, lo óptimo es medir las diferencias entre la EPA y la afiliación corregida. Desde esta perspectiva, los cambios no son tan llamativos. En 2018 había, en media anual, 370.000 trabajadores no recogidos en ningún sistema de cotización, en 2021 eran casi los mismos (368.000) y en 2022 eran 284.000. Si se toma la media de los dos últimos años, 2021 y 2022, se produce un descenso de unas 50.000 personas. Como porcentaje de la población ocupada de la EPA es una caída ínfima: un 0,25% del total. El famoso afloramiento de la economía sumergida se reduciría a este pequeño cambio.

Incluso esta última cifra debería tomarse con muchas cautelas. La EPA, como su nombre indica, es una encuesta. Su diseño radica en una extensa entrevista a unos 65.000 hogares cuyos resultados después se extrapolan al total de la población (18,8 millones de hogares en España). Esta cifra final de la población tiene una importancia decisiva, pues tal como señalan los propios responsables de la encuesta: “son la base para calcular los pesos o ponderaciones de la muestra que permiten elevar los resultados muestrales a estimaciones que representan el total de la población”. Uno de los grandes retos en los tiempos actuales es establecer con precisión estas cifras de población y, en particular, de los trabajadores extranjeros que residen en nuestro país.

Si volvemos a las estimaciones de empleo sumergido en 2018, del total de ocupados que recoge la EPA y que no aparecen como afiliados a la Seguridad Social (u otra mutua), un 95% son personas de nacionalidad extranjera (gráfico 2). En 2022 no se conocen todavía a este nivel de detalle. Cuando se publiquen, habrá que ver si, además, se produce una revisión del número de trabajadores extranjeros residiendo en España con respecto a los registros oficiales del padrón. De ser así, la EPA tendría que revisar sus estimaciones al alza. La reducción en 50 mil personas que se ha producido entre la afiliación ajustada y los ocupados en la EPA dejaría de existir y volveríamos a un margen similar de economía sumergida al que existía en 2018.

Este escenario no es en absoluto descabellado, si tenemos en cuenta que los resultados del censo nacional de 2021 están empezando a ser publicados en estos momentos. Como precedente, ya ocurrió hace una década que la revisión procedente del censo de 2011 derivó en un cambio importante en la magnitud estimada de la economía sumergida. En aquel momento, cuando se analizaba las diferencias para el año 2012 entre la ocupación según la EPA (17,417 millones de trabajadores) y la afiliación ajustada (17,408 millones) se constaba que la discrepancia era de solo 9.000 personas. Un margen tan escaso podía interpretarse como la práctica desaparición del empleo informal. Pero en 2014, al incorporarse las nuevas cifras del censo, se constató un aumento en casi 400.000 ocupados en la EPA. El siguiente informe revisado, para el mismo periodo de 2012, elevaba entonces la diferencia con la afiliación ajustada en 352.000 personas.

No hay nada anómalo en que las magnitudes económicas, incluso aquellas referidas a personas, estén sujetas a procesos de revisión cada cierto tiempo y, de hecho, en otros países también ocurre un fenómeno similar. Hace unas semanas, en EEUU, el Bureau of Labor Statistics revisó la cifra de trabajadores ocupados, aumentándola en casi un millón (un incremento del 0.5%). En suma, antes de asegurar la reducción del empleo informal entre 2018 y 2022 convendrá esperar al informe del INE correspondiente a 2022 y con los datos de población del censo de 2021.

Mientras tanto, debe recordarse que sí se llegan a producir cambios en el empleo irregular, deberá establecerse cuál es su impacto en las bases imponibles y en la recaudación por tipo de impuesto. A modo de ejemplo, basta con traer a colación de nuevo el trasvase de trabajadores entre sistemas de cotización para indicar cuán fácil es caer en errores de interpretación. El incremento extraordinario de los ingresos por cotizaciones de la Seguridad Social en estos años podría interpretarse como el resultado del afloramiento de empleo sumergido cuando responde, en realidad, a la entrada de los nuevos empleados públicos en el régimen general.

La experiencia histórica, tanto en España como en otros países, indica que los trabajadores con empleos irregulares suelen tener ingresos inferiores a la media. Este rasgo debe tenerse en cuenta si se analiza el aumento tan notable de los salarios y las rentas de los autónomos en el IRPF, de los beneficios empresariales en el Impuestos sobre Sociedades y del gasto en el IVA durante los últimos años (2020-2022). En algunos casos muy llamativos, los ingresos (o gastos) declarados superan los registrados en las cuentas del PIB. ¿De verdad pueden achacarse todos estos cambios al comportamiento de unos trabajadores que se encuentran en los márgenes del mercado de trabajo? Mucho nos tememos que a la economía sumergida le puede ocurrir como a Mark Twain y que las noticias sobre su muerte hayan sido tremendamente exageradas.