Llegan los últimos coletazos de la negociación de la reforma laboral. Tras meses de debate, esta semana es clave. El Gobierno quiere aprobar la legislación antes de que termine el año, como prometió a Bruselas, con la posible fecha del 28 de diciembre marcada en el calendario. Dada la complejidad del texto, lo ideal sería que pudiera haber unos días previos de revisión técnica. Eso implicaría que esta semana sería la última para negociar, aunque desde el diálogo social no descartan que la negociación pudiera ampliarse todavía un poco más. Ha habido muchos avances y existen coincidencias en el fondo de varias cuestiones, pero queda cerrarlo todo. Entre las cuestiones en liza, las sanciones a la temporalidad fraudulenta, la revisión de la subcontratación y confirmar el reequilibrio de la negociación colectiva, entre otras.
En realidad, el debate ahora se centra en “cada coma” de la nueva legislación laboral, insisten varias fuentes. Hasta el mínimo detalle es determinante y definirá si hay finalmente acuerdo tripartito, una posibilidad que se ve ahora con mucho más optimismo que hace semanas, cuando parecía casi imposible sumar a los empresarios a un pacto.
“Es posible el acuerdo. Quiero ser prudente porque las horas son claves, pero creo que es posible alcanzarlo”, afirmaba este viernes la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, puede que en sus declaraciones más claras al respecto. Por la mañana, el líder de la patronal CEOE, Antonio Garamendi, iniciaba una ronda de entrevistas en La Ser en la que, entre bromas y risas, parecía acercar ese posible pacto a tres bandas entre el Gobierno, los representantes de los trabajadores y de las empresas. Más tarde, en TVE recordaba que el 'no' también era una opción.
Aunque el clima es favorable y las posturas están cerca, todas las voces del diálogo social son a la vez sumamente prudentes. “Hasta que no está todo cerrado no hay nada cerrado”, resumía el líder de CCOO, Unai Sordo.
En la misma línea se manifiestan varios actores de la mesa de negociación: el debate es muy complejo, no solo por la existencia de intereses cruzados (que también) sino por verdaderas dificultades técnicas para acertar en retos enquistados durante años como la temporalidad abusiva, que sitúan al país como campeón en la UE.
El reto de salvar las últimas diferencias
La mesa de negociación trabaja desde hace meses sobre papeles y la redacción de artículos legales. Pero ahora llega la hora de la verdad: examinar cada punto y cada coma para que el texto que termine en el BOE no abra puertas inesperadas o genere dudas de cualquier tipo. Además, hay algunos puntos en liza todavía, que las partes negociadoras deberán resolver en lo que pueden ser las próximas horas o jornadas.
En el objetivo de reducir la alta temporalidad, las tres partes han avanzado mucho sus posiciones sobre la disminución de los tipos de contrato. Donde existe más debate es en cómo debe sancionarse la temporalidad irregular, explican fuentes del diálogo social. El Gobierno presentó sobre la mesa un amplio paquete de medidas, que supone reforzar mucho los castigos existentes en estos momentos: aumentar las cuantías de las multas de la Inspección y que estas se apliquen de manera individualizada, por cada persona y no de manera grupal por una infracción; un alto coste en la cotización por las bajas de contratos recurrentes, para las empresas con muchas extinciones; y acordar la nulidad del despido en caso de detectar un contrato irregular temporal, por lo que la persona trabajadora sería readmitida en el puesto como indefinida.
En una negociación, donde todas las partes ceden y tienen cartas de las que desprenderse para arrimar a la parte contraria, las sanciones a la temporalidad abusiva es una de las bazas del Ejecutivo para negociar frente a los empresarios. Con la posibilidad de rebajar/eliminar alguna de estas medidas y, aún así, seguir endureciendo las sanciones actuales, el Gobierno tiene aquí cierto margen de acción.
Eso depende también de hasta dónde estén dispuestos a ceder los empresarios, claro. En los sindicatos han insistido en los últimos días en la necesidad de sacar adelante una reforma que “reequilibre la negociación colectiva”. Es decir, que se recupere la ultraactividad de los convenios colectivos (su prórroga una vez caducan y se siguen negociando) y la prevalencia del convenio del sector sobre el de empresa en cuestiones clave como los salarios. “Nos parece fundamental”, advirtió Pepe Álvarez, líder de UGT, que achacó a ambas cuestiones el debilitamiento del poder negociador de los trabajadores.
Las cuestiones relacionadas con la negociación colectiva alcanzan a lo que se denomina la “derogación de la reforma laboral del PP”, que como ya se había advertido no es global, sino de algunas cuestiones clave en estos momentos. Dentro de este paquete se incluye (y está muy vinculada en la negociación actual) la subcontratación, que también tiene algunos escollos por salvar en estos últimos días.
El pasado viernes se abordó en detalle el llamado Mecanismo Red, algo así como los futuro ERTE. Tras las diferencias del pasado, las posturas aquí están próximas. Esta herramienta tiene una gran importancia, sobre todo si se atina en su diseño. Pretende crear un mecanismo de flexibilidad para que las empresas, ante crisis o reajustes sectoriales, puedan acudir a ella en lugar de despedir de forma masiva, como en el pasado.
Las conversaciones sobre los contratos formativos y fijos-discontinuos, así como el contrato específico de la construcción, están muy avanzadas. Y luego, en la última semana, han emergido ante los medios las tensiones que genera otra medida, en clave territorial: la recuperación de la primacía de los convenios autonómicos sobre los estatales. Un punto que los empresarios rechazan, pero que es relevante de cara a la negociación parlamentaria de la norma, con varios partidos nacionalistas entre los socios del Ejecutivo.
¿Demora más allá del 31 de diciembre?
El próximo miércoles 22 de diciembre, la patronal CEOE ha convocado a sus órganos de dirección, la Junta y el Comité Ejecutivo ordinario. Como bromeó el viernes el líder de los empresarios, Antonio Garamendi, el acuerdo podría llegar para “el día de la Lotería”. Sería lo idóneo para la revisión en profundidad del texto y que este se aprobara en el Consejo de Ministros del próximo 28 de diciembre.
Pero varias voces del diálogo social advierten de que lo que queda, aunque parezcan detalles, lleva “mucho tiempo”. También puede haber juntas extraordinarias de los empresarios y Consejos de Ministros de último momento, recuerdan en los agentes sociales, como ha ocurrido en el pasado con las prórrogas de los ERTE. Esta reforma, no obstante, es mucho más compleja.
Los empresarios han pedido incluso que, llegado el caso de que esté muy próximo el acuerdo pero no dé tiempo a cerrarlo por cuestión de “horas o días”, el Ejecutivo sea más flexible y apruebe la norma pasado el 31 de diciembre. En principio, en el Gobierno insisten en que esa fecha, por escrito en los contratos con Bruselas del Plan de Recuperación, no se quiere superar.