Las reglas contra el fraude fiscal hacen desaparecer casi el 80% de las sicav españolas en dos años

Una aportación mínima. Esta pequeña exigencia ha provocado la desaparición de gran parte de las sicav que operan en España. Un cambio en la ley contra el fraude fiscal en 2021 ponía fin a una mala práctica que operaba en este negocio desde hace décadas y permitía a las grandes fortunas beneficiarse de una tributación ínfima por la gestión de su patrimonio. Desde que esa ley entrara en vigor, el negocio se ha deshecho como un azucarillo. Los inversores han salido en busca de otros sistemas de inversión fiscalmente más favorables.

Los datos del cierre de 2023 evidencian cómo se ha reducido el ámbito de las sicav. Desde que entrara en vigor la norma de lucha contra el fraude fiscal han desaparecido en España casi el 80% de estos vehículos de inversión asociadas a las grandes fortunas. Esto se debe a que muchas de ellas no cumplían con el requisito básico a partir del cual podrían beneficiarse de un impuesto de Sociedades del 1%.

Desaparecen el 80% de las sicav tras la ley contra el fraude fiscal

Evolución del número de clientes, fondos y patrimonio (en millones de euros) de las sicav en España

Fuente: Inverco

La norma entró en vigor en 2021, pero las sicav tenían hasta mediados del año pasado para decidir si cumplían con las exigencias o hacían el traslado de los fondos a otros vehículos de inversión. De hecho, la reforma daba un periodo de incentivo fiscal para realizar estas operaciones por parte de los gestores de las sicav. Por eso, los datos de final de 2023, recogidos por la patronal Inverco, permiten constatar la foto definitiva del sector de las sicav en España tras la reforma.

Las sicav, para acogerse al régimen fiscal incentivado, tenían que cumplir con dos exigencias: un capital mínimo de 2,4 millones de euros y tener 100 accionistas. El objetivo con ello es que fuera un vehículo colectivo. Sin embargo, en la práctica, centenares de estas sociedades tenían un único accionista que aportaba la mayor parte del capital y decenas de inversores ficticios. En ocasiones podían llegar a ser los propios asesores. Es lo que se conocía popularmente como 'mariachi'. La reforma de 2021 puso coto a eso al incluir una nueva exigencia y es que cada uno debía de aportar, por lo menos, 2.500 euros.

Este ligero cambio ha supuesto un terremoto para la gestión de estas sociedades. La Comisión Nacional del Mercado de Valores, el ente supervisor del mercado, se adelantó a esta huida acelerada que se esperaba y solicitó a las sociedades que le informaran de antemano, incluso antes de ejecutar la operación, si optaban por su mantenimiento, su transformación o su liquidación.

El balance final es que a 31 de diciembre quedaron en España apenas 500 sicav, en las que participaban 102.000 inversores y gestionaban menos de 16.000 millones de euros. Todas estas magnitudes se han recortado a la mínima expresión frente a los datos previos a la entrada en vigor de la norma. Y eso, pese a que desde que el PSOE llegara a la Moncloa en 2018 y se acercara a Unidas Podemos, el temor entre los inversores ya provocara una búsqueda de otras vías para gestionar el patrimonio, incluso fuera de España.

Por partes. La principal referencia para constatar cómo ha desparecido el nivel de interés en España por parte de los grandes patrimonios hacia esta figura es el número de sociedades que siguen vivas tras la reforma. Las 500 sicav que se mantienen en activo son poco más de la mitad de las que había un año antes, cuando se superaban las 900. Además, desde que entrara en vigor la actual norma para las sicav han desaparecido casi el 80% de las sociedades. Es decir, casi cuatro de cada cinco han quedado por el camino. La CNMV ya avanzó que este sería el resultado.

La segunda referencia es la del número de accionistas que participan en sicav. En España había al cierre del año pasado poco más de 100.000 personas con una participación en estas sociedades. Son casi 40.000 menos que un año antes. Si bien, el recorte es especialmente notable si se compara con el momento en el que entró en vigor la regla actual. Desde entonces, más de dos de cada tres accionistas se han salido de las sicav.

El tercer dato, el del patrimonio gestionado por estos vehículos, también ha sufrido un fuerte recorte, aunque menor en proporción. Al cierre de 2023, son menos de 16.000 millones de euros los gestionados por las sicav en España. El recorte es de menos de la mitad desde que entró en vigor el coto a estos vehículo, de unos 13.000 millones de euros. El hecho de que esta variable haya caído menos, aunque de manera significativa, obedece a que son las sicav más grandes, que sí cumplían con las exigencias de la norma, las que se han mantenido.

La desaparición acelerada de sicav en España ha dejado un negocio más reducido y muy concentrado. Cinco gestoras controlan prácticamente el 60% del patrimonio que ha quedado en manos de las sicav españolas. La banca privada de Santander ha quedado como la clara dominante con casi una quinta parte del total. Le siguen otras gestoras como Banca March, Bankinter, Pactio y UBS, que absorbió la filial de Credit Suisse tras el colapso de la entidad suiza el pasado año.

La reforma supuso un rechazo entre gestoras e inversores, que aseguraban que hacía menos atractivo el sistema en España frente a otros países. De hecho, una vía para muchos grandes patrimonios ha sido salir hacia Luxemburgo, un país con un sistema muy favorable hacia estos vehículos de inversión. En efecto, su entrada en vigor ha recortado sobremanera el universo de las sicav en España, si bien se ha adaptado al objetivo inicial de estas sociedades de ser un sistema colectivo y no individual.

Pese a que han pasado ya casi tres años desde el cambio en la ley, hay todavía voces que plantean dar marcha atrás a la reforma. La pasada semana, Bolsas y Mercados Españoles (BME), la empresa que gestiona la Bolsa en España, presentó un 'Libro blanco' de propuestas para hacer más atractivo el mercado de valores español. Entre la batería de medidas que se planteaban en el informe “retrotraer el régimen regulatorio y fiscal de las sicav”. “El endurecimiento de los requisitos ha provocado procesos de liquidación y deslocalización de dichos vehículos de inversión, generando la salida de España de los capitales invertidos”, aseguraba el documento.

Por su parte, el Gobierno cifró en 2023 en 440 millones de euros el ahorro para las arcas públicas en beneficios fiscales con la desaparición de cientos de sicav. Este importe, que correspondía al impuesto de Sociedades que dejaban de pagar estas sicav con su incentivo fiscal, se redujo en solo un año de 549 a poco más de 108 millones de euros.

Los fondos de inversión pierden 500.000 clientes

La patronal Inverco ha actualizado todas sus estadísticas de fondos de inversión hasta el cierre de 2023. En ellas, se constatan unos resultados dispares para un negocio en el que se ha centrado la banca en los últimos tiempos como alternativa para captar patrimonio de clientes e ingresar comisiones, mientras sigue sin remunerar los depósitos a los mismos niveles que otros países europeos.

En el lado negativo para las empresas que participan en este negocio ha sido la desaparición de clientes. El año ha terminado con 100.000 clientes menos que al cierre de 2022. Sin embargo, los datos son especialmente negativos desde primavera, ya que entre mayo y diciembre la pérdida de partícipes roza los 500.000. Aún así, mantiene la gestión de algo más de 16 millones de clientes en España.

En el lado positivo para las gestoras se encuentra la evolución del patrimonio gestionado. Los bancos alcanzaron un nuevo récord de 347.800 millones de euros de clientes gestionados en sus distintos fondos de inversión. Supone un incremento de más de 41.600 millones de euros en solo un año. O lo que es lo mismo, un crecimiento de más del 13% pese a la pérdida de clientes.