No hay cambio de criterio sobre las inversiones exigidas a Garoña para que vuelva a operar. Es la consigna que han lanzado este miércoles varios de los máximos responsables del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), en rueda de prensa convocada para explicar su dictamen favorable a la reapertura de la central nuclear más antigua de España, que ahora queda en manos del Gobierno.
El director técnico de Seguridad Nuclear del CSN, Antonio Munuera, ha restado importancia a la carta que él mismo envió en marzo de 2015 a Nuclenor, propietaria de Garoña (de Endesa e Iberdrola) en la que advertía de que la ejecución de determinadas inversiones en seguridad era un requisito “necesario para la emisión” del informe que se ha aprobado este miércoles pese a que algunas de esas mejoras no se han hecho.
Munuera ha argumentado que “con el paso del tiempo esas modificaciones han avanzado” y que hay “un tanto por ciento relativamente grande” que ya están “implantadas”. Respecto a las que faltan por hacer, ha cifrado en doce meses el tiempo necesario para llevarlas a cabo, según las estimaciones que le ha trasladado Nuclenor, que no podrá generar energía hasta que no las lleve a cabo. El Gobierno prevé tomar la decisión sobre el futuro de la central en unos seis meses.
Más explícito que Munuera ha sido el consejero Fernando Castelló, nombrado por el PP. Ha dicho que la carta del director técnico “en ningún caso era obligatoria ni vinculante” para Nuclenor y ha negado “cambio de criterio” alguno. Javier Dies (vocal del pleno, también del PP), ha restado importancia a las mejoras que tiene pendientes Nuclenor: “Estamos hablando sólo de tres obras”, ha dicho. Y ha defendido que el debate sobre la extensión de la vida de las nucleares a 60 años “está muy trillado”: “Lo novedoso hoy en día en operación a largo plazo es lo que está haciendo Estados Unidos, que está acabando los últimos detalles para operar de 60 a 80 años”, ha señalado.
La misiva de Munuera es una de las razones del único voto del pleno (cinco miembros, tres del PP y dos del PSOE) en contra del dictamen del CSN: el de la exministra socialista Cristina Narbona, que también ha argumentado que el permiso no establece “un límite temporal” a la licencia, algo que en su opinión “contradice” la guía de seguridad del CSN en esta materia.
“No me acuerdo”
El presidente del CSN llegó a vincular en el Congreso hace cuatro meses el permiso de Garoña a la ejecución de esas inversiones que Nuclenor ha incumplido parcialmente. Pero este miércoles ha asegurado que no recuerda haberlo dicho. “No me acuerdo” (es textual). Tampoco ha querido Marti cifrar las inversiones que tienen pendientes Iberdrola y Endesa para que la planta pueda volver a cargar uranio y producir electricidad. “No lo sabemos”, ha dicho, con el argumento de que en el CSN no son “competentes en temas económico financieros de las empresas”.
Marti ha comparecido ante los medios junto al resto del pleno y los directores técnicos del organismo. Ha defendido el “prestigio internacional” del CSN y ha recordado que el organismo “no autoriza ni desautoriza la continuidad de Garoña”, sino que se limita a “establecer las condiciones para que sea segura si quiere volver a operar”. “Industria [en realidad, la decisión es del Ministerio de Energía] tendrá que tomar la decisión de si sigue o no sigue operando”. “También corresponde al ministerio decidir el tiempo de autorización” y “decidir la política energética de España. El consejo ni abre ni cierra centrales”.