Francisco Padilla Chamorro. Veintitrés años de trabajo en Renfe, donde hizo de todo: ayudante de oficial de mecánico-electricista en los talleres, jefe de equipo, subcontramaestre y supervisor en dos etapas. Diagnóstico: “Mesotelioma papilar infiltrante en trabajador en contacto de amianto”. Murió el pasado agosto.
José Antonio López Luna. Oficial de carpintería. Una vida entera en Renfe desde que entró en 1967 a través de la escuela de oficios. Su parte médico certificó el 17 de enero de 2011: “Mesotelioma pleural en muy probable relación con exposición laboral a asbesto”.
Luis Vilches. Ajustador, montador de trenes en Renfe entre 1981 y 1999. Su certificado de fallecimiento el 18 de octubre de 2014 escribe: “Mesotelioma Pleural”.
Y hay muchos más. Trabajadores con nódulos, tumores en la laringe, cánceres extraños que obligaron a extraer distintos órganos a algunos jubilados... Todo en el mismo taller de Los Prados, en Málaga, unas instalaciones que Renfe inauguró a finales de los 70 para reparar los viejos convoyes y que llegó a emplear en sus tiempos buenos a casi 800 personas.
Hoy quedan dos centenares de trabajadores y muchas secuelas de aquellas décadas en las que el amianto fue un inquilino más. Estaba –y alguno aún queda– en los techos de las viejas naves, en los vagones y en las locomotoras de los trenes. Ese era el que se veía. El otro estaba suspendido en partículas por todas las instalaciones.
Las enfermedades letales que produce el contacto directo con ese material cancerígeno han empezado a manifestarse ahora. Nada nuevo para la comunidad científica que ha estipulado que los tumores pueden aflorar entre 20 y 30 años después de empezar a respirar sus partículas. Y detrás de las muertes han llegado las primeras condenas.
Dos de ellas consideran responsable a Renfe del fallecimiento de dos empleados en Málaga. Los tribunales tramitan cuatro denuncias más sobre otras tantas muertes. En todas figura como causa el mesotelolioma pleural, un tipo de tumor que está causado en el 98% de los casos por el amianto, según la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer.
Muerto antes de escuchar la sentencia
La condena más alta se firmó en el Juzgado de lo Social número 3 de Málaga el 29 de septiembre. El fallo, adelantado la semana pasada por la cadena SER, obliga a Renfe a pagar 260.559 euros al electricista Francisco Padilla por la incapacidad que le causó el cáncer de pulmón ocasionado tras toda una vida de exposición al asbesto en Los Prados. Pero el trabajador, que presentó la denuncia el 22 de mayo de 2015, en cuanto se le detectó el tumor con 52 años, no llegó a tiempo de oír el veredicto. Murió en agosto. El dinero lo recibirá su familia, que aún debe decidir si inicia un nuevo pleito para reclamar daños morales por su muerte. Su abogado rechaza ofrecer ningún dato sobre el caso.
En la sentencia, de 13 páginas y contra la que cabe recurso, el juez bucea en la vida laboral de este operario que entró en Renfe el 31 de marzo de 1979 como ayudante de oficial de mecánico electricista y fue ascendiendo hasta acabar de supervisor de base en 2014.
En el apartado de hechos probados relata que a mediados de 1981 Padilla fue trasladado al taller central de reparación de Málaga, Los Prados, “donde se dedicaba a arreglar los sistemas y depósitos de aire acondicionado y de calefacción de los trenes, muchos de ellos de la denominada serie 8.000, haciéndolo sin protección alguna de guantes, mascarilla, protección de pelo o ropa, procediendo el actor tras realizar su trabajo, a barrer el suelo con una escoba para quitar el polvo que había caído de la referida maniobra”.
“A consecuencia de todo ello y del amianto en suspensión respirado entre 1981 y 1995”, prosigue el juez, “el actor en mayo de 2014 fue diagnosticado por el Servicio de Oncología del Hospital Universitario Virgen de la Victoria de Málaga de mesotelamia apilar infiltrante, y derrame pleural izquierdo”.
El meticuloso relato que hace la sentencia no deja en buen lugar a los gestores de Renfe en los años 80. El fallo recupera un estudio realizado por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo dependiente del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en el taller de Los Prados entre enero y mayo de 1984.
Sus conclusiones se parecen mucho a una película de miedo: “Las principales fuentes de emisión de fibras de amianto son las mantas de amianto azul instaladas en los techos de los coches [vagones] y que quedan al descubierto en los extremos de los mismos al realizar las operaciones rutinarias de mantenimiento. Los valores obtenidos en las muestras personales relacionadas anteriormente superan ampliamente los límites establecidos. Las medidas de prevención técnicas observadas no cumplen la normativa legal en la mayoría de los puntos”.
Todo eso, a pesar de que, como esgrimió en la denuncia el abogado Fernando Morillo, que representa a la Asociación de Víctimas del Amianto en Málaga, más de cinco décadas atrás y en plena dictadura el Ministerio de Trabajo ya había dictado una orden –el 7 de marzo de 1947– que reconocía la existencia de enfermedades profesionales derivadas de trabajos expuestos a la inhalación de polvos de amianto. Aquella vieja normativa franquista ya establecía medidas preventivas para trabajos como el de Francisco Padilla.
El de los operarios que trabajaban en aquellos viejos “ochomiles” no era un empleo cualquiera. Los trenes tenían amianto por todas partes porque se trataba de un material barato e ignífugo, un aislante perfecto para la humedad, el frío, el calor y hasta el ruido.
“Todos estuvimos en contacto con eso”
José Antonio Aguilar es representante de Comisiones Obreras en el taller de Los Prados y vivió aquellos años de despreocupada convivencia con un veneno que lo inundaba todo: “Todo el revestimiento de aquellos trenes eran placas de amianto,. Estaba bajo el techo, en las paredes, y hasta en las cubiertas de las naves donde trabajábamos, que eran de uralita. Los de la oficina, los del taller, nuestras familias que lavaban los monos de trabajo. Todos estuvimos en contacto con eso”.
Aguilar conoció allí a José Antonio López Luna, a quien todos en el tajo llamaban Pepe Luna. Durante décadas formó parte del paisaje habitual de la fábrica. Luna había entrado en Renfe de aprendiz en 1967 como tantos otros en el franquismo. En 1972 ascendió a oficial de carpintería, puesto que ocupó hasta su muerte en enero de 2011.
La sentencia del Juzgado número 4 de lo Social de Málaga, que ya es firme tras ser refrendada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, culpa a Renfe de su tumor por no haber puesto los medios necesarios para manipular esa sustancia venenosa: “José Antonio intervino hasta el año 1988 en las programaciones para reparar los coches 8.000, cuyo chasis y aislamiento se componían de amianto. A partir de 1988 realizó tareas de ajustador montador en un cuarto cerrado de herramientas cuya única ventilación era una ventana y en dicho cuarto se limpiaban todas las herramientas y se arreglaban las aspiradoras que se utilizaban para limpiar el amianto, quedando las partículas suspendidas en el aire”.
El 22 de junio de 2011, seis meses después de la muerte de Pepe Luna, el Centro de Prevención de Riesgos Laborales, dependiente de la Junta de Andalucía, emitió otro dictamen clamoroso que se incorporó a la sentencia: “Existió exposición a amianto, sin que consten medidas preventivas específicamente relacionadas con la exposición e inhalación de fibras de amianto y que hubo una relación de causalidad entre la exposición a fibras de amianto vía inhalatoria y el padecimiento del trabajador”.
El juez concluye que “el fallecido estuvo en contacto con el material amianto durante su actividad laboral, sin que por parte de Renfe se adoptaran medidas adecuadas, no entregándoles equipos de protección respiratoria adecuados, ni prendas de vestir adecuadas para ese trabajo, ni informándole acerca de cómo manipular dicha sustancia, así como tampoco se le realizaron reconocimientos específicos”.
La sentencia determina que “la acción u omisión culposa o imprudente de Renfe consistió en la no adopción de las medidas de prevención de riesgos laborales adecuadas”, recuerda que pese a las alegaciones de la empresa, “sí existía normativa de años anteriores a la exposición de riesgos”, y retrocede hasta aquellas viejas regulaciones franquistas.
“Es claro”, determina el juez, “que las condiciones en las que operaba el trabajador fueron determinantes a la hora de que este contrajese el mesoteliema pleural”. Condenó a Renfe a resarcir a la familia con 233.665 euros.
Más pleitos esperan sentencia
María Luisa Vilches también está a la espera de lo que digan los jueces. Lucha en los tribunales por el recuerdo de su padre, Luis, después de que este entregase su vida a la Renfe. Su carrera está escrita en la denuncia presentada ante el juzgado número 13 de lo Social de Málaga: Luis Vílchez fue otro de los que trabajó dentro de aquellos vetustos ochomiles.
Tocó de lleno el amianto porque durante dos o tres años a partir de 1984 se encargó de retirar el revestimiento de los trenes. “Quitaba aquellas planchas de amianto con las manos y las herramientas que le daban. También era el encargado de retirar el aislante de las tuberías. El amianto estaba por todas partes. Y algunas de esas partículas se le clavaron en el pulmón. Lo han tenido en muy malas condiciones trabajando”, se lamenta su hija.
Luis Vílchez recibió el mazazo de los médicos en enero de 2015. “Mesotelioma pleural. Pronóstico: entre 12 y 20 meses de vida”. Falleció en octubre pasado.
La demanda reclama ahora que se le reconozca la enfermedad laboral. “El médico, tras hacer muchas pruebas, al ver líquido en el pulmón le preguntó si había trabajado con el asbesto, eso decantó el pronóstico”, recuerda su hija. Reclama 145.000 euros de indemnización a Renfe. “Mi padre siempre fue una persona muy comprometida con la empresa, hizo la mili allí, empezó en la escuela de aprendices. Los amigos que fueron al entierro eran la pandilla de la Renfe: maquinistas, interventores, gente de talleres. Me duele mucho las condiciones en las que lo han tenido trabajando. Cuando le diagnosticaron la enfermedad y sus causas, cayó en una depresión, no volvió a hablar y murió enganchado a una máquina de oxígeno”, cuenta con desgarro María Luisa.
El 21 de septiembre se celebró el juicio. Los argumentos que ha esgrimido el abogado son similares a los que supusieron las dos condenas anteriores: Renfe no puso en manos de sus operarios el material de prevención y tampoco les informó de la peligrosidad del asbesto, prohibido para entonces en otros países europeos.
No será el último pleito que deba afrontar la compañía de transportes. La familia de otro extrabajador de Los Prados ha presentado una cuarta denuncia en Málaga y dos demandas más se tramitan en Madrid, según la Asociación de Víctimas del Amianto, un material que no fue prohibido en España hasta el 1 de enero de 2002.
En 2013 la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ya condenó a la empresa por el fallecimiento de un trabajador que había pasado tres décadas en las instalaciones de Renfe. Murió el 27 de octubre de 2010 víctima del mismo tipo de cáncer: mesotelioma pleural maligno. Su familia recibió 83.594 euros.
La mayor pena hasta la fecha en España la impuso el Juzgado de lo Social 1 de San Sebastián cuando castigó a Renfe y a la firma de trenes Wagons-Lits a resarcir con 476.451 euros -que debieron abonar ambas compañías subsidiariamente- a la familia de un trabajador que realizó tareas de mantenimiento en la estación de Irún entre 1982 y 1994. La Seguridad Social le había reconocido en junio de 2013 una incapacidad absoluta, después de que se le diagnosticase el mesotelioma pleural. Pero el trabajador falleció en agosto.
La estadística médica apunta que solo cinco de cada 100 muertes causadas por el asbesto son consideradas enfermedades profesionales por la Seguridad Social española. Y eso a pesar de que toda la comunidad científica coincide en que casi el 100% de los mesoteliomas pleurales, ese tumor letal, se explican por el contacto con este material.
Un portavoz oficial de Renfe ha asegurado a eldiario.es que en la actualidad el amianto es un “asunto central” en sus planes de prevención de riesgos laborales que incluyen inspecciones, planes de formación, reconocimientos médicos...“. Sobre lo que pasó antes no hay versión oficial. La empresa se limita a argumentar que hace valer sus derechos en los tribunales y, cuando se produce una sentencia, cumple con lo que dictan los jueces.