Las empresas de moda tendrán prohibido destruir la ropa que no vendan a partir del año que viene, según recoge el anteproyecto de ley de residuos aprobado en el Consejo de Ministros este martes. Es una medida ya aprobada en Francia y que pondrá coto a una habitual, pero poco conocida, práctica de las compañías textiles: cargarse la ropa no comercializada para evitar su devaluación.
En concreto, el anteproyecto señala que “a partir de 2021, queda prohibida la destrucción de excedentes no vendidos de productos perecederos tales como textiles, juguetes, aparatos eléctricos, entre otros, salvo que dichos productos deban destruirse conforme a otra normativa”.
“Ya sea por una cuestión de imagen o porque es más barato producir de más que quedarse sin vender, es algo bastante normal”, señala Gema Gómez, fundadora de la compañía de formación en moda sostenible Slow Fashion Next. Aunque las marcas no suelan reconocerlo, en los últimos años ha habido dos conocidas 'pilladas' que lo han puesto de manifiesto. La primera, la de Burberry, que admitió en 2018 haber destruido ropa, accesorios y perfumes sobrantes por valor de 28 millones de libras. La segunda, la de H&M: una planta de energía sueca se puso a quemar su ropa como sustituta del carbón. La firma señaló, eso sí, que la ropa quemada era “no apta” para la venta.
“¿Por qué se destruye? Porque las prendas llevan una cantidad de tejidos y abalorios que las hacen irrecuperables”, explica Pedro Andrés, director de Texlimca y presidente de Asirtex, asociación de empresas de reciclaje textil. “Es más barato coger poliéster y hacer un tejido nuevo que coger un textil de poliéster, extraer la fibra y los elementos extraños que tenga la prenda para sacar una materia prima competidora. Los costes añadidos para salvar esa mercancía son mayores que la nueva. No existe tecnología para que ese producto sea recuperado como económicamente viable”.
Como Gómez, Andrés afirma que los fabricantes no informan de su excedente ni de qué hacen con él. “Ninguno te va a decir cuánta ropa le ha sobrado”, dice. “Pero no puedes evitar que un fabricante que espera vender 70.000 prendas fabrique menos. Si luego no las vende, ¿qué hace con lo que sobra? O lo saca al año siguiente rebajado, y no siempre lo vende, o lo destruye. Nadie confecciona más por capricho”.
No hay una cifra oficial de cuánta producción anual de ropa se queda sin vender, aunque distintos defensores de la moda sostenible la sitúan en el 30%.
“A veces, las cifras las pone gente con otros intereses. No hay base en eso”, considera Ángel Asensio, presidente de ModaEspaña, la confederación que agrupa a toda la cadena de valor en nuestro país. “Datos no hay. Pero si apostamos por un mundo de cantidad frente a calidad, hay más probabilidades de generar excedente. ¿Qué tenemos que hacer? Apostar por la calidad: menos prendas, que duren más, con menos excedentes y menos residuos. Es indudable”.
eldiario.es ha contactado con Inditex y Tendam (Cortefiel, Springfield, Pedro del Hierro, Women's Secret) para preguntar cuánta ropa les sobra, qué hacen con ella y cómo les afectará la nueva ley. Tendam dice hacer “desde siempre” una gestión activa de compras para evitar el sobrante de 'stocks'. “Cuando este se genera, se canaliza a través de la cadena de outlets Fifty o mediante donaciones en especie para entidades sociales”, explican fuentes de la compañía. “En último caso se gestiona con entidades de preparación para la reutilización y reciclaje”.
Inditex afirma que “no se destruye nada”. “El número de prendas sin vender al final de la temporada no es relevante. El pequeño porcentaje que en cualquier caso queda como restos se destina a proyectos sociales gestionados por entidades sin ánimo de lucro, a proyectos de I+D para fomentar tecnologías de reciclaje textil o se pone a la venta en las tiendas For&From”. Ha instalado contenedores en sus tiendas para donar ropa a Cruz Roja, Caritas y Oxfam y está trabajando con el MIT en la “investigación de nuevas formas de reciclaje textil”.
El anteproyecto considera infracción grave cualquier actuación contraria a la ley si no supone “un peligro grave, daño a la salud de las personas o daño o deterioro grave para el medioambiente” (en caso de ser así, la infracción es muy grave). Las sanciones por infracciones graves van de los 1.000 a 50.000 euros y pueden conllevar la “inhabilitación” para el ejercicio de las actividades previstas en la ley por menos de un año y “revocación” o “suspensión” de la autorización por hasta un año.
Cinco años para crear el 'Ecoembes' de la ropa
La futura ley pretende sentar los principios de la llamada economía circular. La idea de base es estirar la vida de un producto y así generar menos residuos. Entre otras cosas, el anteproyecto incluye la prohibición de vender pajitas o cubiertos de plástico en 2021 y la obligación de los restaurantes de ofrecer agua del grifo gratuita. También desarrolla un impuesto al plástico y propone fórmulas para evitar el desperdicio de alimentos. La industria alimentaria, la distribución y restauración colectiva deberán donar lo que les sobre antes que tirarlo, transformarlo si sigue siendo apto para humanos o convertirlo en pienso y compost.
El texto no ahonda demasiado en el sector textil. Más allá de la prohibición de destruir excedentes, los fabricantes quedan exentos de obligaciones hasta, como mucho, cinco años después de la entrada en vigor de la ley. El anteproyecto está en fase de recibir observaciones. Si la ley se aprueba este 2020, el Gobierno tiene hasta 2025 para desarrollar un régimen de responsabilidad ampliada del productor de textil.
Ese régimen —llamado SCRAP (Sistema Colectivo de Responsabilidad Ampliada del Productor)— es el que ahora mismo rige el vidrio, por ejemplo. Las empresas que ponen vidrio en el mercado deben responsabilizarse de su impacto ambiental. Así, el consumidor paga por cada envase una pequeña cantidad a una entidad superior (Ecovidrio) para que lo gestione.
Este es un modelo no exento de críticas, porque a) el ente superior está integrado por las empresas que generan los residuos b) cuantos más residuos se generen, más dinero ingresa.
Hace unos años, Ecoembes, gestora de envases de plástico y bricks, fue noticia por oponerse a un sistema de retorno de envases —lo devuelves y te dan dinero— en la Comunidad Valenciana.
Pero es el sistema que, si todo sale según lo esperado, tendrá que implantar el sector de la moda de aquí a cinco años. Te cobrarán un poco más por prenda y deberán gestionar su reciclaje o reutilización. “El que contamina, paga”, resume la fundadora de Slow Fashion Next.
“Esa figura no solo gestiona la ropa usada, sino que es el vehículo de la trazabilidad de todo el textil que no se venda en tienda”, explica Andrés. “Al consumidor le costará la prenda un poquito más. Pero ese dinero irá a alimentar el sistema de control y gestión. Y no tienen que esperarse a 2025, sino hacerlo cuanto antes. La administración debería coger a Asirtex y a todos los fabricantes de moda, que van a ser los patronos de ese ente, para que controlen bien el textil. Es una forma de gestionar bien el producto”. Actualmente, la recogida de ropa usada recae en terceras empresas que pagan a los Ayuntamientos por poner contenedores en la calle y ganan dinero por revenderla.
“Eso dependerá de las patronales. De momento, en ModaEspaña nos preocupamos de hacer moda sostenible. Buscamos no solo cómo recoger, sino cómo reciclar”, concluye Asensio. Tienen tiempo para hacerlo. “Si nos dan más margen que a otros sectores, es porque es mucho más complejo y hay que buscar cómo hacerlo bien”.