El principal lobby del juego mantuvo en 2018 reuniones con 96 políticos españoles para presionar a favor de esta industria, en un ejercicio marcado por la tramitación de cambios regulatorios en varias regiones y en el que, en un contexto de creciente preocupación por la proliferación de salones de apuestas, Gobierno y Unidos Podemos llegaron a comprometerse a, entre otras cosas, “aprobar una regulación de la publicidad del juego de azar y apuesta en línea de ámbito estatal” similar a la del tabaco.
Las reuniones entre el Consejo Empresarial del Juego (Cejuego) y responsables políticos aparecen mencionadas en las últimas cuentas anuales de una de las principales empresas del sector, Codere, remitidas el jueves a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), al referirse al “riesgo reputacional” que afronta.
“Durante el 2018, Cejuego, del que Codere es miembro, se ha reunido con más de 96 políticos españoles y ha establecido líneas de contacto con sus grupos de interés para conseguir una comunicación continua con ellos”, indica la compañía, que señala que “la industria del juego es compleja, y su realidad como importante sector económico a nivel nacional e internacional, generador de empleo y recaudador de impuestos, no siempre ha trascendido”.
Codere recuerda que “solamente en España cada una de las 17 comunidades autónomas que conforman el país cuenta con su propia legislación en materia de juego presencial, puesto que tienen transferida dicha competencia”, mientras que en materia de juego online “existe una única legislación nacional”.
Cejuego, lobby creado en 2014 para mejorar la imagen de la industria en España y que actualmente agrupa a alrededor del 75% del sector, niega que se haya reunido con “más de 96 políticos”, como indica su asociada. Sí se limita a confirmar que “el número de encuentros que mantuvo Cejuego en 2018 fueron 96”. La entidad, que a finales del año pasado contrató a la influyente agencia Llorente & Cuenca para mejorar la imagen del sector en la sociedad, no precisa de qué políticos se trata.
Al menos el 70% serían parlamentarios autonómicos, según se desprende de una intervención que realizó en diciembre el director general de la patronal, Alejandro Landaluce, que ha declinado atender a eldiario.es
En el último Congreso Anual de Salones de Juego de la Asociación Española de Empresarios de Salones de Juego y Recreativos (ANESAR), y según informó la web Sector del Juego, Landaluce indicó que Cejuego se había reunido a lo largo de 2018 con más de 68 parlamentarios autonómicos: “Ahora estamos dentro de la agenda política, cosa que antes no pasaba”, señaló el responsable de Cejuego, que abogó por la autorregulación en materia publicitaria: “Debemos ordenar la publicidad en cuanto a calidad, mensajes y horarios y equipararnos al juego público”.
Papel mojado
En octubre, el Gobierno y Unidos Podemos se comprometieron en su acuerdo de Presupuestos y para “proteger a la ciudadanía frente a la adicción a las apuestas y los juegos de azar y la ludopatía”, a regular la publicidad de este sector, reorientar la tasa de gestión de los operadores para financiar programas de prevención del juego y poner en marcha medidas de prevención y reparación de los efectos negativos del juego en la sociedad.
Ninguna de esas medidas salió adelante. Hacienda, que el mes pasado sacó a consulta una orden que contempla crear una Comisión Nacional para combatir el fraude en las apuestas deportivas, no ha llegado a publicar el borrador que regularía la publicidad del juego. “Se ha parado con la convocatoria electoral”, según fuentes del departamento de María Jesús Montero. En 2015 ocurrió lo mismo con una normativa sobre esa materia que afectaba por igual a los operadores privados y a Loterías del Estado.
A escala autonómica, varias regiones han aprobado en los últimos meses regulaciones con impacto en el sector. En abril de 2018, meses después de que Andalucía sacara adelante su primer Reglamento del Juego, que disparó la apertura de establecimientos de este tipo en su territorio, la Junta aprobó un decreto de la entonces consejera de Hacienda y hoy ministra del ramo que, entre otras cosas, redujo las cargas administrativas que soportan las empresas del sector.
Por su parte, Extremadura aprobó en febrero un decreto urgente para limitar a al menos 300 metros la distancia entre nuevos establecimientos de juego y centros educativos y prohibir nuevas aperturas de salones a una distancia inferior a 250 metros con respecto a los ya existentes; mientras, Madrid, que tiene la legislación más laxa del país, ha propuesto 100 metros de distancia con respecto a los colegios, también para nuevas aperturas.
El mayor foco de preocupación para Cejuego está en la Comunidad Valenciana, que está tramitando una ley que tendría carácter retroactivo (afectaría a establecimientos existentes) y que, según la patronal, “puede suponer el cierre de la mitad de las casas de apuestas” en esta región. La propuesta tiene el rechazo del PP, que ha hecho suyos algunos de los argumentos de Cejuego.
Esta formación tiene un largo historial de vínculos con empresas del sector: desde los exministros Pío Cabanillas y Rafael Catalá (Codere) al exdiputado Andrés Ayala (Orenes), fugaz presidente de la oficina Anticorrupción de los populares.