La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha descartado este lunes en el Congreso adoptar medidas de intervención sobre el mercado mayorista de electricidad como las que le propuso la semana pasada Unidas Podemos, que ha pedido poner límites a los precios que cobran las plantas hidroeléctricas y nucleares.
Ribera ha reconocido que el recibo para un usuario medio se va a disparar este año un 25% con respecto a los bajos precios de 2020, en plena pandemia y, ante el vaciado de algunos embalses, ha avanzado que el Gobierno prepara una reforma de la Ley de Aguas para regular el vaciado de estas instalaciones, medida que “evidentemente puede tener incidencia en el precio de la electricidad”.
En una comparecencia en el Congreso en la que ha cargado contra la falta de “empatía social” de las compañías por la gestión de las presas, Ribera se ha referido a la posibilidad de que una empresa pública gestione las concesiones hidroeléctricas vencidas.
Ha señalado que “es obvio” que las cláusulas concesionales por las que se rigen las actuales concesiones tienen “muy poco que ver con las necesidades” actuales y es “quizá uno de los asuntos que podamos tratar para más adelante”.
Pero es “importante entender” que “con independencia de la titularidad pública o privada” de cualquier generador de electricidad, “si opera en el mercado está sometido a las mismas reglas”. “Eso explica que Enel sea una compañía pública” e Italia tenga precios muchas veces superiores a los de España, ha señalado.
La vicepresidenta también ha propuesto reducir la vinculación de la tarifa semirregulada del precio voluntario al pequeño consumidor (PVPC) del mercado mayorista, al que está directamente indexada y que en agosto ha batido ocho récords históricos en una escalada sin precedentes que ha disparado el IPC en agosto. El último y segundo consecutivo, este martes.
Ribera ha explicado que, con una proyección de los precios actuales, el recibo de la luz que pagan los 10 millones de hogares acogidos al PVPC se va a situar en 644 euros anuales, un 25% más con respecto al “récord de precios bajos” de 2020, cuando la factura fue de 512 euros anuales, con el mercado mayorista hundido por la pandemia.
Durante su comparecencia extraordinaria, en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Ribera ha dado su respaldo a que una comisión “de estudio” en el Congreso analice esta situación tras la petición, registrada la semana pasada por Más País, Compromís y Nueva Canarias, de varios grupos minoritarios de crear una comisión de investigación sobre el precio de la luz. Pero ha puesto pie en pared contra la última propuesta de Unidas Podemos para intervenir el mercado.
Ha asegurado que el Gobierno “jamás va a impulsar la adopción de medidas que sabemos que son frontalmente contrarias al derecho comunitario” porque “no hay nada más perjudicial para los ciudadanos” y eso “acaba convirtiéndose en pérdida de confianza para el país” y se traduce en “sanciones más intereses”.
A continuación, y en clara alusión a las propuestas de Unidas Podemos, se ha referido a “algunos elementos básicos del marco comunitario que no debemos olvidar”: la “prohibición expresa” de “establecer precios mayoristas regulados” desde “hace más de 25 años” y la “prohibición de establecer precios máximos o mínimos”, así como de “discriminar tecnologías en el mercado mayorista”, algo que es la “quintaesencia” de la política energética europea.
Respecto al precio fijo a la nuclear que ha pedido Podemos “puede resultar atractiva conceptualmente”. Pero “no cabe” en el marco europeo, y “no es comparable al caso francés”, donde la nuclear es un monopolio en manos de la estatal EDF.
Además, habría un alto riesgo de “litigiosidad” con las empresas porque las eléctricas plantean un precio fijo de 65 euros, ha explicado, mientras que Podemos ha planteado una “horquilla” en la que el precio mínimo que cobrarían los reactores es, ha dicho, de 18 euros. “Les digo lo mismo que le dije al señor Galán”, en alusión al presidente de Iberdrola.
La vicepresidenta ha afirmado que en el Gobierno son “sensibles a una demanda planteada por las asociaciones de consumidores” para “regular de nuevo esa tarifa PVPC reduciendo su dependencia de un mercado volátil como es el mercado mayorista” y vinculándola a “una cesta de indicadores más estables” que permitan precios “menos volátiles” que ahora.
Pero ha advertido de que “esta mayor seguridad” supone una mayor prima de riesgo, por lo que “hay que ser cautos respecto a cuales son los indicadores a los que indexa y en qué momento se produce”. Esta es una propuesta que han reclamado Endesa e Iberdrola.
“Escandalosa reducción”
Ribera, que ha avanzado que la suspensión del impuesto a la generación se va a prolongar también el último trimestre del año, también se ha referido a la “escandalosa reducción de algunos volúmenes de agua” en determinados embalses que “no es descartable que sea compatible con las cláusulas concesionales”.
Pero “no es razonable” que esta fuente, que utiliza un bien público, haya “marcado el precio el 65% de las horas en junio, el 64% en julio y el 59% en agosto”, cuando “evidentemente no internaliza ni el coste por combustible fósil ni coste por CO2”.
Aunque es “muy probable” que lo que han hecho sea legal, Ribera ha reprochado a las eléctricas que “en absoluto” hayan mostrado “empatía social”, un valor que también “cotiza en bolsa”.
Según ha explicado, el Gobierno va a “actualizar” el régimen concesional de las presas a partir del artículo 55 de la Ley de aguas, que regula las facultades de los organismos de Cuenca y, llegado el caso, les permite “condicionar o limitar el uso del dominio público hidráulico para garantizar su explotación racional”.
Según Ribera, se trata de una reforma que “evidentemente puede tener incidencia en el precio de la electricidad” y que llegaría tras la experiencia de este verano. “Ocurre de vez en cuando que se produce una disminución del volumen embalsado. Lo que no había ocurrido nunca es que fuera en tan poco tiempo, con tanta intensidad y tan próximo o por debajo de la cota”.
“Ni el equilibrio financiero de los términos de la concesión ni el modo en que se está operando en la gestión de ese turbinado es compatible con la consideración del agua como un bien ambiental”.
La vicepresidenta ha insistido en reclamar el apoyo de los grupos a las dos medidas “estructurales” que ha planteado para abaratar la factura en los últimos meses a través de sendos proyectos de ley: el fondo para sacar del recibo el coste de las renovables más antiguas y el recorte a hidráulica y nuclear por el encarecimiento del CO2.