Estafa agravada, falsedad documental e insolvencia punible. Son los delitos por los que desde este miércoles se sientan en el banquillo los seis hijos varones del empresario José María Ruiz-Mateos, quienes, bajo una petición de siete años de cárcel cada uno, serán interrogados mañana a raíz de la adquisición presuntamente fraudulenta de dos hoteles, uno de ellos en Calvià (Mallorca) y otro en Maspalomas (Gran Canaria).
Tal y como sostienen la Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones particulares personadas en el procedimiento judicial, tanto el que fuese fundador de Nueva Rumasa como sus vástagos aparentaron una falsa solvencia para que los propietarios iniciales de los inmuebles les vendieran su participación en los mismos y, una vez firmada la adquisición por 11,7 millones de euros, con más del 80 % del pago del precio aplazado, dejaron sin abonar 7,3 millones.
Se trata de la primera vez que Javier, Zoilo, Alfonso, José María, Pablo y Álvaro Ruiz-Mateos son juzgados por la Audiencia Provincial de Baleares, encargada de enjuiciar unos hechos denunciados hace seis años. Los fiscales también dirigían acciones penales contra el patriarca de la familia, si bien el fallecimiento de éste en septiembre de 2015 extinguió su responsabilidad en este proceso.
Los acusados pergeñaron una trama delictiva, tal y como han incidido las acusaciones, a través de la cual lograron convencer a los vendedores de que les traspasaran sus acciones en las sociedades titulares de los establecimientos Beverly Playa y Beverly Park, para lo cual presentaron avales inveraces tanto propios como de varias de las empresas aparentemente más rentables del holding: Carcesa, Dhul y Clesa.
Sin embargo, el Ministerio Público asevera que “jamás tuvieron intención de pagar el precio” establecido en la operación. De hecho, una vez lograda la confianza de los dueños de los hoteles, a finales de 2008 formalizaron la compraventa y, el mismo día y al siguiente, la familia constituyó varias hipotecas sobre los inmuebles, además de solicitar varios préstamos millonarios que nunca fueron destinados al pago de las cantidades adeudadas.
A juicio de las acusaciones, esta estrategia “evidencia que nunca pretendieron efectuar el pago del precio de compra”. Más bien al contrario, recalca. Los fondos obtenidos fueron destinados “en su exclusivo beneficio”.
Durante la primera sesión del juicio, el fiscal Juan Carrau ha hecho hincapié en que los acusados estaban “cerca de la insolvencia” antes de adquirir los Beverly, pese a lo cual urdieron todo un mecanismo financiero para aparentar lo contrario.
Desestinada la nulidad
Frente a ello, la defensa de los Ruiz-Mateos ha desvinculado a sus patrocinados de las presuntas irregularidades, principalmente en lo que a los delitos de falsedad e insolvencia punible se refiere. El abogado ha reclamado la nulidad del procedimiento por estas acusaciones pero, tras más de una hora de deliberación, el tribunal ha desestimado las pretensiones de los procesados.
De hecho, los magistrados han subrayado que de las investigaciones llevadas a cabo durante todo el proceso judicial se desprende que los inculpados, con la suscripción de las hipotecas, se colocaron en una situación deliberada de insolvencia para que los vendedores no pudieran reclamar cantidad alguna. “Esto no supone ninguna sorpresa como tampoco causa ninguna indefensión a los acusados”, ha añadido el presidente del tribunal.
En su intervención, el fiscal ha aportado diversos documentos entre los que se encontraban una carta donde los hermanos se escudan en la actuación de su padre: “Papá decidía y accedíamos porque él nos lo pedía”.
Es, de hecho, una de las tácticas empleadas por los hermanos a lo largo de diversos procedimientos contra ellos, en los que no han dudado en derivar responsabilidades a su progenitor. Según sus hijos, Ruiz-Mateos se encargaba siempre, personalmente, de todas las negociaciones.
Cabe destacar que el juicio que ha arrancado en la Audiencia balear no es el único que tienen pendiente en Palma de Mallorca. Los seis hermanos se encuentran encausados en otros dos procesos judiciales por la compraventa de otros tantos hoteles mediante maniobras similares.
En concreto, la Fiscalía reclama otros seis años de cárcel para cada uno de ellos por otra presunta estafa, por valor de 13,9 millones de euros, en la compra del hotel Eurocalas, situado en Calas de Mallorca.
La tercera causa penal que pesa sobre ellos está centrada en la compraventa de la totalidad de acciones de la sociedad Hoteles Costa Oriental. En este caso, la supuesta estafa asciende a unos doce millones de euros y también se encuentra pendiente de juicio.