Hace más de una década, el término “mileurista” se extendió en la sociedad española como símbolo de precariedad para definir a aquellos profesionales, muchas veces cualificados, que cobraban poco más de mil euros al mes. Hoy, ese salario es el suelo que pretenden fijar los sindicatos y los principales partidos políticos de izquierdas para los sueldos de los empleados en España. Aunque el salario mínimo interprofesional (SMI) fijado por ley todavía queda lejos de esa cantidad, ya hay un acuerdo desde julio entre los sindicatos y la patronal para establecer ese suelo en los convenios colectivos que se firmen desde entonces. Comisiones Obreras ha llevado a la primera línea política esta semana el compromiso porque asegura que la patronal no está cumpliendo.
El pasado 5 de julio, los agentes sociales firmaron el IV Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), que marca la referencia a nivel estatal para la negociación entre los sindicatos y empresarios hasta 2020. Dentro de lo pactado, las centrales sindicales pusieron especialmente en valor el acuerdo de alcanzar un salario mínimo por convenio de 1.000 euros mensuales durante la vigencia del acuerdo.
El secretario general de CCOO, Unai Sordo, advirtió este miércoles de que “un número no menor de patronales” está mostrando reticencias a plasmar este acuerdo en los convenios colectivos que se están negociando.
Según explican desde el sindicato, ya hay algunos convenios que se han firmado después del AENC y que contemplan categorías profesionales con salarios inferiores a los 1.000 euros. Entre ellos, indican en CCOO, figuran el convenio colectivo del sector de comercio de flores y plantas, el convenio provincial de oficinas y despachos de Cáceres y el del sector de industrias de hostelería de Huelva.
Fijar los 1.000 euros mínimos por ley
Sordo advirtió de que, si la patronal sigue oponiéndose a incorporar este aspecto en los convenios que se firmen a partir de ahora, el sindicato acudirá al Gobierno para que exigir que esta cantidad sea obligatoria por ley para todos los trabajadores, a través del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).
El anterior Gobierno de Mariano Rajoy alcanzó un acuerdo de subida del SMI con los agentes sociales en diciembre, en el que se incrementó el mínimo a 735,9 euros al mes en catorce pagas para este 2018, pero incluía el compromiso de alcanzar los 850 euros en 2020. En ese momento, el acuerdo fue calificado de “histórico” por los sindicatos, porque esa cantidad se acerca al 60% del salario medio, la recomendación de la Carta Social Europea.
La senda de crecimiento del SMI fijada en la etapa de la ministra Fátima Báñez establece un aumento del 4% en 2018, del 5% en 2019 y del 10% en 2020, que está sujeta a dos condicionantes: “Siempre que la economía registre cada año un crecimiento del PIB real superior al 2,5%, y un incremento de la afiliación media a la Seguridad Social superior a las 450.000 personas”.
Comisiones Obreras amenaza con que, si en la negociación colectiva no hay avances, exigirán al Gobierno “que suba más el salario mínimo interprofesional, o que cambie el ritmo de subida o que elimine las condicionalidades”, afirmó Unai Sordo.
Desde UGT se muestran más cautos y sostienen que, al haber pasado tan poco tiempo desde que cerraron el AENC, no cuentan con datos para ver si estas reticencias se están dejando notar en los convenios firmados. Gonzalo Pino, secretario de Política Sindical de UGT, afirma que su organización presionará en primer lugar para que los empresarios cumplan, con “movilizaciones” si es necesario. Si la presión en la calle no tiene resultado, Pino sostiene también que “al final tendrá que ser el Gobierno quien introduzca elementos a través del salario mínimo”.
Por el momento, Antonio Garamendi, el único candidato a presidir la CEOE a partir de diciembre, ya ha mostrado su oposición a que los 1.000 euros queden establecidos como salario mínimo legal. En opinión del hoy presidente de Cepyme, elevar hasta este nivel los sueldos más bajos podría influir negativamente en la creación de empleo.
Presión política de Unidos Podemos
Los sindicatos no son los únicos que miran al Gobierno en esta batalla. En el terreno político, este inicio de curso el debate sobre elevar el SMI ha resucitado con las conversaciones entre el Ejecutivo y Unidos Podemos en materia económica. El líder de Unidos Podemos, Pablo Iglesias, explicó que el grupo parlamentario había propuesto al Ganierno “y esperamos poder llegar a un acuerdo, subir el salario mínimo interprofesional a 1.000 euros”.
Aunque hay otros puntos de la negociación, como revalorizar las pensiones al IPC real, en los que sí se han cerrado acuerdos, el diputado Alberto Rodríguez destaca a eldiario.es que no hay nada cerrado sobre el SMI. El portavoz de Empleo de Unidos Podemos en el Congreso de los Diputados defiende que se podría alcanzar el salario mínimo de 1.000 euros mensuales en la negociación para este próximo 2019: “Es viable, sin ningún problema”.
Rodríguez explica que esto supone una actualización de su proposición de ley sobre salario mínimo que Unidos Podemos presentó en 2016 en el Congreso, que pretendía alcanzar los 950 euros mensuales en 2020. El diputado canario denuncia que la propuesta “está bloqueada” por la Mesa del Congreso, en la que tienen mayoría PP y Ciudadanos.
El Gobierno socialista ha defendido llegar a los 1.000 euros mensuales en 2020, un planteamiento del PSOE en la oposición y que el presidente Pedro Sánchez ha mantenido desde que ocupa La Moncloa. Pero para este 2019, al menos desde el Ministerio de Trabajo, no tienen previstos cambios en lo acordado por Báñez y los agentes sociales. La ministra Magdalena Valerio afirmó esta semana que “en principio el Gobierno no va a adoptar ninguna medida sobre el SMI” y no aclaró qué si los 1.000 euros mensuales de SMI serán una realidad en 2020: “Todavía está lejos 2020. No digo ni que sí ni que no”.