Sareb, la sociedad de gestión de activos inmobiliarios creada tras el rescate bancario, recortó en 2017 su deuda avalada por el Estado en 3.050 millones de euros. Pero volvió a cerrar con pérdidas, por quinto año consecutivo, es decir, desde su creación en 2012. En concreto, el grupo cuenta con unas pérdidas de 565 millones, un 15% menos que en 2016.
El “banco malo”, cuyo 49% pertenece al Estado y el resto a las entidades financieras que se adhirieron, cuenta con un pasivo de 37.875 millones, una cuarta parte menos que en su creación. El año terminó con unos ingresos de 3.823 millones de euros, un 2% menos que durante el ejercicio anterior.
La compañía cerró el pasado año con la venta de casi 19.000 viviendas, el hito más alto desde su nacimiento y un 34% más que un año antes. Jaime Echegoyen, presidente de Sareb, ha señalado este viernes que el grupo buscará nuevas vías para desprenderse de su gran cartera de 37.100 millones de euros.
Una de estas vías es la recién aprobada socimi Tempore, que ha recibido esta semana el visto bueno del Mercado Alternativo Bursátil (MAB) para salir a cotizar con 175 millones en activos. El objetivo del grupo es engordar esta sociedad con los activos más destacados de su cartera para, posteriormente, vender su participación. “Nuestro objetivo es desaparecer de ella”, ha subrayado el directivo.
A ello se sumará la búsqueda de acuerdos con “socios industriales” para la promoción de viviendas en el suelo que tiene en cartera. Para ello, la empresa ha puesto a disposición 800 millones de euros en terrenos. “Ya hemos hablado con potenciales interesados pero todavía no ha empezado el proceso de selección”, ha señalado Echegoyen.
También está en mente de la Sareb la venta de grandes paquetes de activos en operaciones de mayor calado. El directivo ha señalado que se trata de operaciones “de entre 200 y 300 millones de euros” que “sumarían un total de unos 1.000 millones”.
Por último, el presidente de la entidad ha defendido que han comenzado a ser “más duros” para convertir los préstamos “morosos” que tienen en su balance en activos inmobiliarios. Ha apuntado que se ha puesto el foco en estas negociaciones, muchas de ellas en el ámbito judicial, para recuperar esos activos “para que ganen valor”. De los cerca de 26.000 millones en préstamos que tienen sin cobrar, unos 12.000 millones están judicial izado y el resto en negociaciones.