Las horas extraordinarias no pagadas, que no son compensadas con dinero ni con descanso, son ilegales. Pese a ello, 318.800 trabajadores aseguraron en la última Encuesta de Población Activa (EPA) que las realizaron. Suman unas 2,5 millones de horas extra no remuneradas a la semana, el 40,9% del total de horas extra totales. Durante la crisis las horas no pagadas llegaron a superar las remuneradas, pero desde 2017 esta tendencia se ha revertido. En algunos sectores, sin embargo, las horas extra no pagadas siguen siendo la norma. Los tres que más abusan de ellas son las actividades financieras y de seguros, la educación y las actividades inmobiliarias.
Son las ramas de actividad que ocupan el podio con más horas no pagadas de sus trabajadores respecto al total de horas extra que se realizan en sus sectores desde 2017. En el caso del sector financiero y de seguros –que incluye bancos, actividades de las sociedades holding, fondos de pensiones y diferentes tipos de seguros, entre otras actividades–, el 87% de las horas extra que declararon haber cumplido sus empleados no fueron retribuidas.
Los trabajadores del sector educativo –que abarca desde la educación infantil a la universitaria, la educación cultural y las autoescuelas, entre otras– echaban de media en ese periodo 311.600 horas extra a la semana, de las que el 84% no se pagaban. En las actividades inmobiliarias –de compraventa, alquiler, agentes de la propiedad y gestión y administración de propiedades inmobiliarias– ese porcentaje de horas ilegales es del 83%.
De las 21 ramas de actividad que desglosa la EPA, en todas menos en una se registran horas extra no pagadas. Además, en siete de ellas estas horas irregulares superan las pagadas. El sector con menos horas extra no pagadas respecto a las totales en su actividad es la industria extractiva, con un 13,2%.
Si atendemos al número de horas extraordinarias sin más, de los 2,7 millones de horas no pagadas a la semana de media en ese periodo, los sectores que más suman en términos absolutos son: el comercio (398.100), la industria manufacturera (341.500) y la hostelería (339.400). Sin embargo, en estas actividades sus trabajadores realizan más horas extraordinarias pagadas que no remuneradas.
Hay que decir que, además de las no pagadas, existen horas extra que pueden ser ilegales aunque se remuneren. El Estatuto de los Trabajadores establece que las horas extraordinarias no pueden exceder las 80 horas al año, salvo contadas excepciones, como las destinadas a “prevenir o reparar siniestros y otros daños extraordinarios y urgentes”. En la práctica, esas 80 horas pueden aumentar si son compensadas con tiempo de descanso en los cuatro meses siguientes a su realización.
Si entra en un sector, ¿en cuál tiene más opciones de acabar haciendo horas extra de cualquier tipo? En los dos últimos años, el sector con un mayor porcentaje de sus asalariados que afirmaron realizar horas extra es la industria extractiva (9,24%), seguido de las actividades financieras y de seguros (8,72%) y la construcción (6,6%).
Hacia el registro de jornada
Los sindicatos demandan la necesidad de que un registro obligatorio de la jornada laboral ordinaria para combatir con efectividad estos abusos sobre los trabajadores. Además, las horas extra no pagadas suponen un fraude a la Seguridad Social y a Hacienda, ya que no se cotiza por ellas ni se convierten en rentas de los trabajadores. “Si eso no se produce, la Inspección puede poner la mejor intención del mundo, pero no va a poder saber si el trabajador está en su jornada de trabajo o no”, afirma Gonzalo Pino, secretario de Política Sindical de UGT.
En el mismo sentido se pronuncia Mari Cruz Vicente, secretaria confederal de Acción Sindical de CCOO, que recuerda que ya existe una Proposición de Ley en tramitación en el Parlamento para regular este registro de jornada. “Desde junio de 2017, que se está bloqueando por parte de algunos partidos, el Partido Popular y Ciudadanos entre otros, que de forma continuada piden ampliación del plazo para presentar enmiendas”, lamenta.
El acuerdo presupuestario entre el Gobierno y Unidos Podemos recogía el compromiso de “concluir con la mayor urgencia posible” la tramitación
parlamentaria de esta proposición, de “modificación del artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores, para incluir la obligación de registrar diariamente el horario concreto de entrada y salida respecto de cada trabajador”.
Fuentes del Ministerio de Trabajo explican que las dos líneas fundamentales del Gobierno para combatir estas horas extra fraudulentas consisten en la aprobación en el Congreso de esa ley, que presentó el PSOE en la oposición, y la actuación de la Inspección de Trabajo, “que ya cuenta con medidas en este sentido en el Plan Director por un Trabajo Digno”. Además de las posibles políticas que se puedan acordar en el diálogo social, con la patronal y los sindicatos.
En paralelo a la tramitación de la proposición de ley en el Congreso, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) revisará próximamente la doctrina del Tribunal Supremo sobre la falta de obligación empresarial de disponer de un sistema de registro de jornada. La Gran Sala del tribunal comunitario resolverá si la legislación española garantiza el cumplimiento de las normas que fijan un máximo a la jornada de trabajo y los descansos obligatorios. La Audiencia Nacional considera que los trabajadores carecen de medios para probar la realización de horas extra.