Como si de un castillo de naipes se tratara, el entramado empresarial de Galicia se desmorona desde que le falta el comodín de las cajas de ahorros, y arrastra con él decenas de millones de euros de una fallida política de ayudas públicas. La fusión y posterior desaparición de Caixanova y Caixa Galicia han dejado a la economía gallega sin el balón de oxígeno que la venía asistiendo, y probablemente inflando.
La relación entre la caída de la efímera Novacaixagalia y Pescanova es estrecha. Aunque de forma más indirecta, otras dos compañías históricas del textil y la decoración, Caramelo y Pórtico, se tambalean sin flotador de las cajas al que asirse. La semana, que se completa con el anuncio de cierre de T-Solar, la segunda mayor fábrica de placas solares de España, no pudo ser más negra para la economía de Galicia, empeñada en desmentir el mensaje de la Xunta de que capea la crisis mejor que el resto.
Pescanova, Caramelo y T-Solar se hunden además con ingentes cantidades de dinero público en sus bodegas. El primer caso es paradigmático de la nueva economía postcajas, que en los años de crecimiento económico, e incluso después, entraron en su accionariado y respaldaron su política expansiva con créditos generosos. Claro que Pescanova no sería lo que es ni tendría a Manuel Fernández de Sousa al mando si ya en 1995 el entonces presidente de la Xunta, Manuel Fraga, no hubiera rescatado a ambos con 7.000 millones de pesetas (42 millones de euros) de las arcas autonómicas, ante el intento de compra por la multinacional Unilever. En otras muchas ayudas en 2004 llegarían otros cinco millones de euros para ampliar su factoría central y después un plan acuícola a la medida.
En Caramelo, que el 15 de abril solicitó el concurso de acreedores, no se cae solo el dinero de las cajas o el que el multimillonario Manuel Jove obtuvo de la venta de Fadesa, sino también el de la Xunta, que posee el 7,5% del capital y se sienta en su consejo de administración. Esta semana se ha sabido que el concurso de acreedores solicitado por T-Solar conlleva el cierre de su planta en las inmediaciones de Ourense.
Nacida al amparo de las primas a las energías renovables y en alianza de Isolux con cajas de ahorro, su cierre entierra decenas de millones de euros de fondos públicos de un proyecto que nació al amparo del Gobierno bipartito, la alianza de socialistas y nacionalistas que gobernó Galicia entre 2005 y 2009. En el caso del Grupo Pórtico, el principal acreedor se llama Novagalicia, el banco heredero de las cajas, que no está en condiciones de ser generoso en la renegociación de la deuda.
Cuando Jove se decidió a entrar en Caramelo a finales de 2008, lo hizo con el apoyo de 30,5 millones de euros del bipartito, 27 de ellos en créditos y avales y el resto, directamente al capital. Pocos meses después emprendía su primer ERE, de 237 trabajadores. En 2010, ya con Alberto Núñez Feijóo, la Xunta del PP inyectó otros 5 millones de euros más vinculados al mantenimiento de los puestos de trabajo. Se trataba de internacionalizar la empresa, pero el modelo Inditex solo le funciona a Inditex, el gigante gallego del textil que aguanta impasible en medio del ciclón.
La deuda reconocida de Caramelo asciende a 100 millones de euros, el 43% de ella con los bancos. Y sí, en efecto, Novagalicia encabeza de largo la lista de los acreedores.
Aunque la marca Pórtico pueda resultar menos conocida que Caramelo, su volumen de empleo es mucho mayor: 850 trabajadores frente a los 132 de la compañía de Manuel Jove y la Xunta. Claro que 500 de ellos están en sus casas desde el ERTE de septiembre. La crisis sorprendió a la empresa cuando comenzaba a afrontar una inversión de 20 millones de euros en un almacén robotizado, en este caso sin ayudas públicas de ningún tipo. La deuda ahora supera los 30 millones de euros, según fuentes sindicales, difícil de afrontar cuando la caída del consumo se traduce en unas pérdidas de en torno a los 10 millones de euros anuales. Con todo, la compañía está empeñada en una difícil negociación con los bancos para tratar de salir adelante.
T-Solar, de la que la Xunta posee el 29%, llegó a dar empleo a 250 personas en su fábrica del Parque Tecnológico de Galicia (San Cibrao das Viñas, Ourense). El pasado miércoles, presentó un ERE de extinción para los 170 empleados que conserva, después de continuados expedientes temporales y de solicitar el concurso voluntario de acreedores. El fracaso de la compañía es el fracaso de las renovables, pero también el de una política económica de ayudas multimillonarias sostenida por distintos gobiernos de la Xunta.
Cuando se creó, en 2007, el Ejecutivo de Emilio Pérez Touriño –amigo íntimo de Luis Delso, presidente de Isolux– no se paró en barras: 13 millones de euros en ayudas, cinco millones al capital social (de un total de 17,5) y un aval de 10 millones. Las cajas, antes de la fusión, se sindicaron para conceder préstamos por otros 20 millones.
El Gobierno central se sumó a la fiesta de T-Solar: 6,4 millones de euros del Ministerio de Economía, 2,6 millones de Educación, 7 millones de Industria... La Diputación de Ourense aportó su granito de arena, en forma de 100.000 euros. Y cuando el Gobierno de Zapatero comenzó a retirar las primas a las renovables, entre grandes críticas de Feijóo, la Xunta aportó cinco millones de euros más.
El golpe de gracia a la fábrica de paneles solares se lo dio el decreto de Rajoy que eliminó ya por completo las primas a a las renovables. Esta vez no hubo la más mínima crítica desde el Gobierno gallego.