Los cálculos que hacen asociaciones de usuarios y despachos de abogados sobre el impacto del cambio de criterio del Tribunal Supremo por el que los bancos son lo que deben pagar el impuesto sobre actos jurídicos documentados y no los ciudadanos que contratan las hipotecas se cierne sobre la banca como un nube tormentosa de demandas que se puede traducir en la devolución de miles de millones de euros.
Los cálculos son similares entre abogados y defensores de los consumidores: hay entre seis y ocho millones de hipotecas en España y cada ciudadano hipotecado podría reclamar entre 2.500 y 3.000 euros de media más los intereses, según la cuantía de la hipoteca .
Aunque desde Adicae se apunta que “en cuanto a la retroactividad no se puede conocer el número exacto de afectados. Todo dependerá de la interpretación que se haga de la sentencia”, Jesús María Ruiz Arriaga, de Arriaga Abogados, comenta que “no existe es un plazo de prescripción para los consumidores porque la sentencia del Supremo elimina el artículo 68.2 de un reglamento que se aprobó en 1995”.
Arriaga apunta que ahora se podrá reclamar el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados, que supone sobre el 70% de todos los gastos de formalización de
la hipoteca, pero ya se podía demandar otros costes impuestos por el banco en la escritura de préstamo como los costes de notaría, al registro de la Propiedad, los honorarios de la gestoría y la tasación de la vivienda.
En este sentido, la presidenta de la Asociación de Usuarios Financieros (ASUFIN), Patricia Suárez, ha explicado que “ahora sí merece la pena poner una demanda ya que en una hipoteca tipo de 240.000 euros el total de costes podía ascender a algo más de 4.200 euros y los impuestos suponían unos 3.300 euros, cuando anteriormente la cantidad que podía recuperar un ciudadano por préstamo hipotecario solo alcanzaba a los 1.000 euros”.
Suarez ha señalado que “la única duda que puede surgir es si los ciudadanos van a los tribunales por lo civil o acuden a Hacienda para que les devuelva el dinero que ha pagado”.
La asociación Facua añade que espera que el Gobierno y las autoridades de consumo de las comunidades autónomas “emprendan las actuaciones que les competen para supervisar las actuaciones del sector bancario en este sentido y sancionar a los bancos que se nieguen a cumplir la ley”.