“Las autopistas revertirán al Estado y el Estado decidirá cómo gestionarlas”, ha dicho el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, quien garantizó que el principal objetivo es que las infraestructuras “sigan operativas y los ciudadanos puedan seguir utilizándolas”. De la Serna asume así que finalmente el Estado se quedará con las ocho autopistas en quiebra y riesgo de liquidación, se alcance o no acuerdo con los bancos acreedores de las vías, que soportan una deuda de unos 3.400 millones de euros, según aseguró el ministro en una entrevista en Los Desayunos de TVE.
El rescate de las autopistas quebradas es una de las asignaturas pendientes del ministerio de Fomento. Tras parar in extremis en octubre el cierre de la R-3 y la R-5 al comprometerse a encontrar una solución para ellas en junio de 2017, todo apuntaba que el Estado debería hacerse con la gestión del resto de vías quebradas.
La cuantía de lo que puede suponer este rescate varía en función de quien haga la estimación y del momento en que se realice el rescate. La patronal de grandes constructoras Seopan cifró en 5.500 millones la cifra del rescate.
Las opciones del Estado ante la quiebra de las autopistas pasan en cualquier caso por un desembolso económico. Por un lado, se pueden nacionalizar las vías, asumir sus gestión y pagar lo que se debe a los acreedores u optar por el cierre de las vías, vender los activos que se puedan, echar el candado a las autopistas y pagar por la responsabilidad de la administración pública. Esta segunda parte ocurre porque el Estado tiene una obligación de reparar o de responder por el daño causado por el funcionamiento de algunas de las administraciones, que es lo que se conoce como la Responsabilidad Patrimonial de las Administraciones Públicas (RPA) y está incluida en la adjudicación de las vías.
La opción de cerrar las autopistas ha sido descartada por De La Serna que ha dicho que se va a “garantizar que los usuarios van a utilizar las vías permanentemente y que no va a haber un vacío que impida su gestión”.
Negociaciones
De la Serna asegura que está ya en contacto con los bancos acreedores de las ocho vías con el fin de buscar un acuerdo “que facilite” su rescate algo que reconoce que es “complicado”. “Estamos intentando negociar con los bancos para ver si es posible un acuerdo que facilite las cosas, pero es complicado, es muy difícil, porque muchas entidades han vendido su deuda”, detalló el ministro.
Según ha declarado en distintas ocasiones, el ministro pretende retomar el plan de rescate que el anterior equipo de Fomento planteó en marzo de 2014 y entonces no fructificó. La propuesta pasa por que el Estado, a través del Ministerio, asuma las autopistas, tras aplicar una quita del 50% a su deuda y titulizar el resto del pasivo en un bono a treinta años.
Así, el nuevo titular de Fomento reconoce que su Departamento tendrá que quedarse con las autopistas. De hecho, en el caso de dos de las vías radiales de Madrid, la R-3 y la R-5, el Ministerio deberá asumirlas antes de julio de 2017, según el acuerdo que alcanzó con el juez que el pasado mes de mayo dictó liquidación “sin efectos suspensivos” de las autopistas.
Moratoria de seis meses
No obstante, en la actualidad, los jueces han abierto una moratoria de seis meses, antes de abordar nuevos procesos de liquidación en otras vías, con el fin de dar margen a la negociación. También pretende dar tiempo a que la Audiencia Provincial de Madrid se pronuncie sobre los recursos que Fomento elevó contra los primeros autos de liquidación.
En resto de autopistas que están quebradas o en liquidación son las otras dos radiales, la R-2 y la R-4, la Madrid-Toledo, la Ocaña-La Roda, la Cartagena-Vera y la M-12 Eje Aeropuerto, que une la capital con el aeropuerto de Barajas.
Los sobrecostes que registraron en la expropiación de los terrenos sobre los que construyeron la pasada década y el desplome de sus tráficos durante la crisis constituyen las principales causas de su quiebra.