En el Día Internacional del Trabajo, cientos de miles de personas en España se enfrentan a la incertidumbre de si mantendrán el suyo. Una inquietud que asalta cada pocos meses o, incluso, cada semana y que suele desencadenar muchas otras. En ocasiones, básicas, como si podrán pagar el alquiler o la hipoteca de la vivienda en la que residen. España es la campeona en Europa en temporalidad, con casi una de cada cuatro personas asalariadas (24,2%) con contratos eventuales. Le sigue Polonia, a bastante distancia, con un 18,4% de sus empleados en esta situación. La media de la zona euro está diez puntos por debajo de la española, en el 14,2%, según Eurostat. El Gobierno se ha comprometido con la UE a combatir la excesiva temporalidad laboral, muchas veces ligada a situaciones de fraude. Lo hará este año, con cambios legislativos que el Ministerio de Trabajo negociará con los agentes sociales.
“Va a ser muy complicado”, advierte el economista Florentino Felgueroso, investigador de Fedea. “Hay que darse cuenta de que hay muchos tipos de temporalidad en España y es como el colesterol: hay de la buena y de la mala. El reto es atajar la mala sin dificultar la buena, la temporalidad necesaria”, apunta Felgueroso.
En España hay mucha temporalidad “de la mala”, como apunta Felgueroso, que desprende abuso de este tipo de contrato. “Tanto en la hostelería como en la sanidad, son dos actividades muy distintas pero que hacen multitud de contratos temporales, el 60% de estos son recontrataciones. Es decir, que recurren a las mismas personas. Es una barbaridad. Parece indicar que hay una bolsa de abuso, por no decir de fraude”, sostiene el investigador de Fedea.
Además, España no solo tiene mucha temporalidad de media, sino que enfrenta tasas disparadas en colectivos como los jóvenes (52% entre menores de 30 años), una disparidad de género que afecta más a las mujeres, y un problema creciente en los últimos años de temporalidad 'ultraprecaria', la que se alimenta de los contratos más cortos. Los contratos de menos de siete días se duplicaron en la última década, hasta suponer aproximadamente el 25% de los que se firman. Uno de cada cuatro.
La intención del Ejecutivo es que el contrato indefinido o fijo sea “el normal” y esté por tanto más extendido. Como se aprecia por las cifras de temporalidad de España y las de nuestros vecinos europeos, hay margen de acción. Una de las consecuencias del gran volumen de trabajo temporal es que, ante las crisis, el mercado laboral español se “ajusta” mediante una gran destrucción de empleo en lugar de otros mecanismos de flexibilidad. Muchos trabajadores temporales se van a la calle, como mostró la pasada recesión financiera, pero también la actual crisis por la pandemia.
El reto de cómo combatir este mal es mayúsculo. La elevada temporalidad es un problema enquistado en el mercado laboral español desde hace años. Sobre todo desde hace casi cuatro décadas, tras la reforma legislativa del Gobierno de Felipe González de 1984 que se suele señalar como origen del gran aumento del empleo temporal en el país. “Desde 1995, la elevada tasa de temporalidad de los jóvenes y las mujeres no ha mejorado. Las reformas laborales, que ha habido varias, no la han reducido”, sostiene Felgueroso. La temporalidad en el empleo de las mujeres es del 25,7% y la de los hombres, del 22,7%, según los datos de Eurostat de 2020.
Este abuso no es solo un problema del sector privado. De hecho, el empleo temporal es desde hace un tiempo más frecuente en la Administración Pública (28% en 2020) que en la empresa privada (23%), especialmente entre los empleados que dependen de las Comunidades Autónomas. En este sentido, uno de los sectores más perjudicados es la sanidad, pero también es un mal muy extendido entre los investigadores científicos, entre otros.
Los reforma contra el abuso de la contratación temporal
La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha anunciado que una de las claves de las reformas laborales pendientes para este 2021 es la reducción de la temporalidad. ¿Cómo? Una de las vías de acción será la reducción de los tipos de contratos. De la gran variedad actual, el Gobierno pretende dejar básicamente tres modalidades contractuales: el indefinido (en el que se encuadran los fijos discontinuos), el formativo y el temporal. La ministra ha afirmado que se negociará con los agentes sociales para delimitar mejor y con claridad las causas que pueden motivar los contratos temporales, como por ejemplo una sustitución, pero también para casos en los que se requiera por picos de actividad puntuales.
Reforzar la causalidad de los contratos, el motivo que justifica que un contrato sea temporal y no fijo/estructural, es una de las principales reivindicaciones de los sindicatos en los últimos años para combatir el abuso y fraude en los contratos temporales. La reforma del Ejecutivo pretende atajar además una vía muy frecuente de contratación temporal en España, que ha tumbado recientemente el Tribunal Supremo. Se trata de aquella que justificaba los contratos por obra y servicios por motivo de una subcontratación. El Alto Tribunal ha rechazado que la contrata sea un motivo para amparar esta temporalidad.
Los sindicatos reivindican siempre otra receta contra los abusos: más Inspección de Trabajo y con sanciones más efectivas y desincentivadoras del fraude. Cuando la Inspección actúa, se nota. En los últimos dos meses, ha habido una escalada en las conversiones de contratos temporales a indefinidos. En todo 2020 se transformaron 609.097 contratos y solo en marzo de 2021 se han producido 218.889 conversiones. Detrás de esta última cifra hay actuaciones de la autoridad laboral, que han hecho emerger empleo indefinido donde irregularmente existía un contrato temporal.
Por su parte, el ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá, anunció hace meses su intención de incluir una tasa que penalice a las empresas que abusen de las rescisiones de contratos temporales en fines de semana y vacaciones, para no pagar salarios ni abonar las cotizaciones sociales en estos periodos. Los contratos temporales más cortos ya tienen una sobrecotización para desincentivarlos, pero aun así ha aumentado su uso.
Además, el ministro Miquel Iceta ha anunciado que espera acordar antes del verano la reforma del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) con las Comunidades y sindicatos para evitar la temporalidad excesiva en la Administración Pública de cara al futuro. Para el grueso de miles de trabajadores públicos temporales que existen hoy en día, muchos en fraude que acumulan años y años en sus puestos, el ministro ha anunciado un nuevo –y espera que último– procesos de estabilización de las plazas temporales. La meta es reducir el empleo temporal hasta dejarlo en un 8% en los próximos tres años. El ministro de Ciencia, pedro Duque, tiene por su parte en marcha una reforma de los contratos de los investigadores también para combatir la temporalidad, que no convence por el momento a numerosos colectivos de científicos.
Contrarrestar la “cultura de la temporalidad”
Florentino Felgueroso señala que otra tarea fundamental para que el contrato indefinido sea el “normal” pasa por acabar con la “cultura de la temporalidad”. Aquella instalada en muchas empresas en las que se da por hecho que una persona debe pasar por contratos temporales durante varios meses, incluso años, antes de alcanzar el contrato indefinido. Este aparece como una meta futura, en realidad desligada del puesto de trabajo (que si es estructural requiere un contrato fijo).
“La temporalidad se ha ido incrustando en la sociedad. Es un tema cultural y se combate como el machismo y la discriminación. No basta solo con cambios de regulación, hace falta educación, campañas, formación... Actuar en varios frentes no solo cambios regulatorios”, opina. El economista de Fedea recomienda explorar fórmulas que se practican en EEUU y Canadá y que penalizan en la cotización a las empresas que más “cargan” al sistema con prestaciones sociales por despidos y rescisiones de contratos, “mientras que premian a las que lo hacen mejor”.
La catedrática de Economía Sara de la Rica considera que las penalizaciones al exceso de temporalidad, como la planteada por Escrivá, pueden ser un buen mecanismo desincentivador. En su opinión, deben cumplir dos elementos: “Primero, que exista una supervisión suficiente, y por tanto, que las empresas sepan que existe un riesgo de que su práctica se conozca, y la segunda, que la penalización que se imponga a quien infrinja sea suficiente para que las empresas que incurren en estas prácticas dejen de hacerlo”.
De la Rica recordaba hace poco junto a la economista Lucía Gorjón otra tarea ineludible: la reforma de los contratos formativos. Como también apuntó la AIReF el año pasado, estos no cumplen su función, se convierten en fuente de precariedad para los jóvenes en lugar de una vía más estable de “enganche” al mercado laboral. Corregir la precariedad de los jóvenes en el presente, se notará en el futuro. Las dos investigadoras participan en un reciente estudio de la Fundación Iseak que concluye que la precariedad laboral al inicio de la carrera laboral deja una “cicatriz” que hace más probable sufrir precariedad más adelante.
“Se concluye que la baja intensidad laboral es el principal determinante” que influye en la precariedad futura, “especialmente si se trabaja menos de seis meses a tiempo completo en un año dado”, recoge la investigación. “En comparación con las personas que trabajan prácticamente todo el año, aquéllas con una baja intensidad laboral tienen una probabilidad hasta 28 puntos mayor (39% respecto a 11%) de incurrir en empleos precarios en el futuro”, reza el estudio.