Los sindicatos confían en que la absolución de “los ocho trabajadores de Airbus” sirva para exculpar a los cerca de 300 trabajadores encausados, muchos de los cuales se enfrentan a peticiones de cárcel por parte de la Fiscalía por participar en piquetes. Además, han reclamado al nuevo Congreso que derogue ya, sin esperar a la investidura, el artículo 315.3 del Código Penal, que castiga a quienes “coaccionen a otras personas a iniciar o continuar una huelga”.
Así lo han expresado representantes de Comisiones Obreras (CCOO) y UGT, que han comparecido en rueda de prensa junto a uno de los trabajadores juzgados, José Alcazar, para dar detalles de la sentencia después de que el juez haya absuelto a los ocho sindicalistas de Airbus por los hechos ocurridos durante la huelga de 2010.
Ambos sindicalistas han insistido en que el fallo puede servir para exculpar a los trabajadores que están encausados por su participación en piquetes. Ferrer ha advertido un “cambio de signo” en los jueces que se encargan de estos procesos, y ha puesto el foco en la Fiscalía, a la que ha acusado de seguir órdenes para “criminalizar” el derecho a huelga en los tribunales.
El Estado deberá ahora hacerse cargo de las costas del juicio y queda en manos de la Fiscalía la posibilidad de interponer un recurso contra la sentencia. Los sindicatos han pedido a este órgano que “desista” porque el contenido de la sentencia es “nítidamente claro”.
Toni Ferrer, por su parte, ha afirmado que los trabajadores han sufrido “una acusación injusta”. “La sentencia restablece la verdad, se veía claro que era un montaje. Ante un exceso policial, se intentó fabricar acusaciones”.
Al igual que Górriz, reclama a los partidos que deroguen el mencionado artículo del Código Penal por ser “un vestigio franquista”. Tras su derogación, quieren que se revisen aquellas sentencias en las que se ha utilizado ese artículo para condenar a trabajadores por actos realizados en huelgas.
José Alcázar ha asegurado que la sentencia marca “un antes y un después en el movimiento obrero”. “Es un día histórico, de intensas emociones”, ha señalado el trabajador de Airbus, que junto con sus compañeros se enfrentaba a una petición de cárcel de más de ocho años, acusados de coacciones y agresión a la policía.
“Es un éxito para la clase trabajadora”, ha dicho Alcazar. Ahora es el turno de los partidos, ha afirmado, que deben ponerse de acuerdo para conformar un gobierno de izquierdas que permita derogar las reformas laborales y la ley mordaza: “Se lo pido encarecidamente”.
Aunque aún deben hacer una lectura detallada de la sentencia, Ramón Górriz (UGT) y Toni Ferrer (CCOO) creen que va a ayudar en los procesos que afectan a trabajadores que han participado en piquetes, cerca de 300 en todo el país. Ambos creen que el juez ha rechazado el “montaje” que hizo la Fiscalía.
Górriz ha comparado el juicio, en el que se implicaron desde el principio partidos políticos y miembros del mundo de la cultura y el derecho, con “el proceso 1001”, que en el Franquismo condenó a prisión a la dirección de Comisiones Obreras. El juicio se ha basado en “pruebas contradictorias” que tenían como objetivo “criminalizar el derecho a huelga”.
La sentencia va “más allá” de los “8 de Airbus”, porque en el fondo versa sobre sobre el Código Penal y deja claro que los sindicatos “no son violentos”, ha asegurado Górriz. “Convocamos huelgas contra la agresiones que vienen de los gobiernos”, y cuando se cierran los cauces de negociación “los trabajadores ejercemos la defensa de los intereses generales”, ha añadido.