Los 57.000 trabajadores de Correos están llamados a paros de entre dos y tres horas y a una manifestación en Madrid el próximo 7 de junio. En el caso de que el Gobierno continúe sin atender las demandas de los sindicatos tras estas acciones, amenazan con convocar una huelga de 24 horas en noviembre, en las inmediaciones del día de descuentos comerciales conocido por su denominación anglosajona “black friday”, y otras dos más en diciembre, cerca de las navidades.
Según han explicado este martes representantes de CCOO, UGT, CSIF y Sindicato Libre, que representan al 85% de los trabajadores de la mayor empresa pública en España, estas movilizaciones responden a la convicción de que el Gobierno “está desmantelando Correos”. Han recordado que en 2017 Correos sufrió un recorte de 123 millones y que este año ha ascendido a 60, según consta en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado, que probablemente no podrá ya modificarse.
El Servicio Postal Universal (SPU), que es el que garantiza que llegan cartas a todos los rincones del país, aunque sean zonas deficitarias, se subvenciona este año con 120 millones de euros. Pero según cálculos de los sindicatos, el coste de este servicio es de 230 millones. Precisamente otra de sus reivindicaciones es que el Gobierno haga un cálculo exacto de lo que supone este servicio, a lo que, según ellos, se niegan.
Dichos recortes, unidos al hecho de que el Gobierno no aplique un plan de modernización y expansión que se adapte a la realidad del auge de la paquetería y del comercio electrónico conllevan unas previsiones de déficit creciente. De hecho, este año se espera que el operador tenga unas pérdidas de 122 millones, las mayores de su historia.
Según ha explicado Daniel López, del Sindicato Libre, el año pasado se reunieron con la subsecretaria del Ministerio de Fomento, que les trasladó el compromiso verbal, que después llegó por escrito, de que se resarcirían parte de los recortes sufridos, así como que se daría impulso a un estudio para calcular el SPU. Sin embargo, a juicio de los sindicatos, no se han cumplido estas promesas.
Por su parte, el representante de CCOO, Sergio Mira, ha recordado la pérdida de 15.000 empleos estructurales en la última década y ha lamentado un modelo de empleo basado en la eventualidad (35% de la plantilla) y el tiempo parcial (22%). A este respecto, Francisco Barrios, de UGT ha hecho hincapié en que el convenio colectivo lleva cuatro años bloqueado y ha advertido de que el proceso de movilizaciones no ha hecho sino comenzar.
José Ignacio Rico (CSIF) ha hablado también de los recortes de salario que han llevado a la mayoría de la plantilla a ser “mileurista”. La sobrecarga de trabajo, la desmotivación y el exceso de rotación en los puestos han conllevado además una bajada de la calidad del servicio. “La ciudadanía es la otra gran víctima de este proceso de precarización”, han advertido.