Correos, la mayor empresa estatal por número de empleados, va a tener unas pérdidas de 122 millones de euros este año, según el proyecto de Presupuestos Generales del Estado. Sumados a los 227 millones presupuestados para 2017 (aún por confirmar), son 350 millones de euros en solo dos años. Hay otra versión de las cuentas, que es la que ofrece el proyecto de presupuestos de 2018, según la cual las pérdidas de 2017 fueron en realidad 103 millones. En ese caso, estaríamos ante el mayor quebranto de la historia en 2018.
2016 es el último ejercicio con las cuentas cerradas. Los números rojos fueron de 34,098 millones de euros, y ya se trató de unas pérdidas récord, que no han hecho sino multiplicarse, siempre que se hayan cumplido las previsiones del Gobierno.
Fuentes de la empresa pública consultadas sobre estas cifras aseguran que prefieren esperar a la aprobación de los Presupuestos antes de hacer cualquier comentario. “En cualquier caso, sí queremos focalizar que todo depende de la asignación para la prestación del Servicio Postal Universal”, aseguran, en referencia a las compensaciones que recibe la empresa pública del Estado para garantizar el servicio. En cuanto a los números rojos de 2017, aseguran que no se trata de las pérdidas reales, “que se harán públicas en breve cuando termine su auditoría”.
“Nunca ha habido tal envergadura de déficit”, denuncian fuentes de CCOO en la empresa. Este sindicato, mayoritario en Correos, ha amenazado con recrudecer las movilizaciones ante el “nuevo recorte” en la prestación del servicio postal público y la “situación de extrema gravedad” que denuncia en las cuentas de la empresa. Este año están previstos 120 millones de subvención.
El año pasado también comenzaron con esta cifra, pero hubo un tajo de 60 millones en el trámite final de los presupuestos para atender a las demandas de Nueva Canarias para apoyar las cuentas públicas. Aunque se anunció que el recorte se revertiría, nunca ocurrió, según fuentes sindicales. En 2015 y 2016, la asignación estatal fue de 180 millones. Esta partida se debe, entre otros motivos, a que el servicio público universal es deficitario. Es decir, Correos está obligada a llegar a todos los rincones de la geografía, incluso a las zonas en las que no resulta rentable.
Según el sindicato, “es indecente que el Gobierno esté abandonando a su suerte a la empresa pública y a sus 57.000 trabajadores al recortar en la financiación, carecer de un plan estratégico, tener bloqueados el Convenio y Acuerdo desde hace cinco años y precarizar las condiciones laborales”.
Para CCOO, “las buenas palabras del Gobierno” no son sino “un maquillaje claro de lo que acontece en la empresa, porque la realidad es que el Ejecutivo está provocando el lento hundimiento de Correos” al recortar la financiación pública y no dotar de un plan de empresa claro y diversificado.
Ayudas de 900 millones para La Poste francesa
Mientras tanto, recientemente la Comisión Europea ha concluido que la ayuda fiscal con un valor de hasta 900 millones de euros concedida por Francia a la compañía de correos La Poste para mantener una “alta densidad” de su actividad hasta 2022 está en línea con las normas europeas de ayudas de Estado.
Bruselas ha explicado que el objetivo de la medida es asegurar los servicios postales en el país, especialmente en áreas rurales, informa Europa Press. El programa se basa en la sustitución progresiva de oficinas postales por acuerdos con tiendas locales y ayuntamientos, que actuarán como puntos de contacto y son “más baratos”, por lo que se reducirán los costes.
Para financiar esta medida, el contrato de servicios entre el Estado francés y La Poste para el periodo 2018-2022 incluye una ayuda fiscal para la compañía cuyo valor alcanzaría un máximo de 900 millones de euros para todo el periodo.
“Un acceso fácil a servicios postales es vital para todos los ciudadanos europeos. La decisión de hoy permite a La Poste recibir una compensación para que pueda seguir desarrollando su papel social y económico fundamental y una misión importante de servicio público sin distorsionar indebidamente la competencia”, dijo la comisaria de Competencia, Margrethe Vestager.
Investigación abierta en España
La Comisión Europea mantiene abierta una investigación en profundidad para examinar si las ayudas estatales otorgadas por España a Correos desde 2004 se ajustan a las normas europeas. En concreto, analiza si la financiación pública a esta empresa ha supuesto una compensación excesiva por el desempeño de sus obligaciones de servicio público postal.
Esta investigación fue abierta por el Ejecutivo comunitario en febrero de 2016 tras recibir dos denuncias que alegaban que Correos se había beneficiado de varias medidas de ayuda estatal ilegales. Bruselas detectó en su dictamen preliminar que los niveles de rentabilidad alcanzados por Correos “parecen superar el nivel de beneficio razonable”, según informó entonces en un comunicado. En sus últimas cuentas publicadas, la firma no había realizado aún provisión alguna por este procedimiento de Bruselas.