Los principales sindicatos presentes en Adif y Renfe han explicado este miércoles la convocatoria de huelga prevista para finales de noviembre y principios de diciembre, justificada principalmente por el traspaso de Rodalies a la Generalitat de Catalunya, pero también por un segundo motivo, la entrada de un socio privado en Renfe Mercancías, a través de la creación de una nueva sociedad.
Convocan la huelga no por el traspaso en sí de las competencias, sino por la segregación de dos empresas públicas que, en total, puede afectar, calculan, a unos 4.000 trabajadores de las dos compañías en Catalunya. Por un lado, cerca de 2.500 personas en Renfe y otras 1.500 en Adif.
“La ambición política ha pasado por encima de los derechos de los trabajadores”, ha asegurado en rueda de prensa el presidente del Comité de Empresa de Renfe, Andrés Rubio.
“Los trabajadores quieren seguir perteneciendo a las empresas. No nos oponemos al traspaso, sino a que eso suponga una segregación de las empresas públicas. Queremos que no conlleve que se desliguen del grupo Renfe y Adif, queremos una negociación”, ha añadido Pepa Paez, secretaria general de ferroviario de CCOO.
Los motivos de los representantes de los trabajadores de Renfe y Adif, llegan un día después del anuncio de la convocatoria de huelga en protesta por el traspaso de Rodalies. En total, cinco jornadas de paro laboral, los días 24 y 30 de noviembre y 1, 4 y 5 de diciembre, que afectan al conjunto de los servicios ferroviarios de España, incluida la alta velocidad, y que coincidirán en parte con el puente de la Constitución.
Tras la convocatoria de la huelga, la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana en funciones, Raquel Sánchez, aseguró el martes que Renfe “se queda en Catalunya”, y se ha comprometido a trabajar en el traspaso junto a los trabajadores, que afirmó “son lo primero”.
También indicó que, lo primero que hizo tras cerrarse el acuerdo entre PSOE y ERC, fue llamar a los sindicatos, con los que este lunes mantuvo una reunión “para darles un mensaje de tranquilidad, que el Gobierno, así lo recoge el acuerdo, garantizará sus derechos y condiciones laborales y habrá movilidad laboral”. “Renfe no va a desaparecer de Catalunya. Lo que hacemos es culminar un proceso que comenzó en 2010, dando respuesta a ciertas diferencias en el traspaso de recursos económicos y definiendo los tramos que se pueden ceder”, aseguró la ministra en funciones.
Reclaman garantías
Los sindicatos reconocen esa reunión, pero la ven claramente insuficiente, por eso reclaman que se abra una mesa de diálogo, como ocurrió en 2010, con los altos representantes del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
“Las condiciones laborales, el marco jurídico, el convenio colectivo se van a vulnerar con una segregación de dos empresas. Queremos que se garantice que los trabajadores estén protegidos y formen parte del mismo grupo empresarial, los actuales y los que entren. A día de hoy no tenemos nada encima de la mesa”, ha indicado Diego Martín, secretario general del sindicato Español de Maquinistas y Ayudantes Ferroviarios (SEMAF).
Mientras, Pedro Saeta, coordinador de grupo Renfe de CGT, ha descartado que se vaya a abrir un frente judicial, con una denuncia por el acuerdo entre PSOE y Esquerra. “Es pronto para una respuesta jurídica”, ha asegurado.
En cuanto a los paros en sí, Pedro Aller, vicesecretario general de Fescm UGT, ha adelantado que esperan “una afluencia masiva a la huelga” pero que los “servicios mínimos”, en este tipo de acciones, “hacen que las huelgas se vean minimizadas a la mínima expresión”.
Y sobre la opción de que no haya un acuerdo de investidura con Junts, fuentes sindicales consultadas afirman que, de momento, no se contempla esa variable a la hora de convocar la huelga y que, el trasfondo, también incluye la segregación de Renfe Mercancías, lo que junto al malestar generalizado de la plantilla justificaría que los paros pudiesen seguir adelante en cualquier escenario.