Acusaciones de “electoralismo” por un lado, amenazas de movilizaciones por otro, y, en medio, un compromiso del Gobierno. Los cambios en la reforma laboral del PP afrontan una semana clave. La convocatoria de elecciones anticipadas por Pedro Sánchez obligan al Ejecutivo a aprobar por decreto ley las modificaciones si quiere cumplir con esta promesa en materia laboral antes de dejar la Moncloa, algo que ha confirmado la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio. Enfrente tiene a los empresarios, que se resisten a las modificaciones anunciadas, pero también a los sindicatos que consideran inadmisible que los socialistas abandonen el Gobierno sin haber desmontado dos de los emblemas de la 'era Rajoy': la reforma laboral de 2012 y la de pensiones de 2013.
El próximo viernes está previsto que se celebre el último Consejo de Ministros antes de la disolución de las Cámaras (5 de enero) y el Ejecutivo pretende llevar a esa cita las modificaciones en la reforma laboral, según explican fuentes del Ministerio de Trabajo. En el aire todavía están qué aspectos de la legislación se tocarán, si habrá uno o varios decretos para facilitar el respaldo a algunas medidas así como si se modificará la reforma de las pensiones de 2013 para volver a vincular la revalorización de las prestaciones al IPC, aseguran las mismas fuentes oficiales.
Lo que Trabajo da por hecho es presentar por decreto dos medidas que anunció el presidente Pedro Sánchez: la recuperación del subsidio para desempleados mayores de 52 años y de la cotización a la Seguridad Social de los cuidadores no profesionales. Los elementos “clave” que Magdalena Valerio ha anunciado que intentará aprobar son: recuperar la prevalencia del convenio sectorial sobre el de empresa, restablecer la ultraactividad de los convenios colectivos (su prórroga cuando se caduca sin acuerdo para uno nuevo), el registro obligatorio de la jornada laboral y mejoras de condiciones laborales en la subcontratación.
Según fuentes de Trabajo, “aún no está decidido” si irán todas estas medidas ni el detalle de su contenido. Una de las tiene más dificultades de ver la luz es la modificación de la subcontratación, reconocen en el Ministerio. El Gobierno ha citado el próximo martes a los sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, y a la patronal CEOE y Cepyme para abordar estas cuestiones e intentar sumar a los empresarios a un acuerdo. Así, el decreto de los socialistas tendría más opciones de lograr los apoyos parlamentarios necesarios para su convalidación en el Congreso.
La reacción de la patronal al anuncio de la ministra de aprobar estos “retoques” en la reforma laboral por la vía del decreto ley apunta que será muy complicado conseguir el respaldo de los empresarios. El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, llegó a hablar de “decencia” para que el Gobierno no legislara estas cuestiones antes de los comicios. Aquellas contra las que la patronal han centrado su aversión son los cambios en la subcontratación y el registro obligatorio de la jornada de trabajo.
Garamendi tachó el anunciado decreto de “electoralista” y advirtió al Ejecutivo y al resto de partidos políticos, de los que dependerá su convalidación en el Congreso, de que escuchen a la patronal: “Lo que alerto, planteo, señores diputados, es que se nos oiga. Porque los que creamos empleo, los que levantamos este país, los que trabajamos y creamos la riqueza, algo tenemos que decir”.
Los sindicatos piden no dar “poder de veto” a CEOE
UGT y CCOO recuerdan al Gobierno que no puede permitir que los empresarios tengan “poder de veto” en la política laboral del Ejecutivo, ya que aseguran que durante muchos meses de negociaciones han dejado correr el tiempo sin abordar realmente el debate. “Llevamos hablando de la corrección de la reforma laboral desde agosto, no paramos ni en verano, y CEOE no ha tenido voluntad no solo de llegar a un acuerdo, sino de materializar lo que nosotros hablábamos con el Gobierno”, ha sostenido Unai Sordo,secretario general de Comisiones Obreras.
El líder de CCOO endureció el tono esta semana y aseguró que “si no hay una corrección de la reforma laboral y de la reforma de pensiones en esta legislatura, el Gobierno ha perdido la credibilidad para el sindicato”. Este viernes la organización advertía en un comunicado que de la claridad de Trabajo en la próxima reunión de diálogo social dependerá “la contestación sindical”.
UGT fue más claro y ha amenazado al Gobierno de Pedro Sánchez con movilizaciones si no deroga la reforma de las pensiones de 2013, que provocó las subidas anuales del 0,25% y reguló el factor de sostenibilidad (que entra en vigor en 2023). “El sindicato considerará roto el marco de diálogo e iniciará un proceso de movilizaciones”, ha advertido la organización dirigida por Pepe Álvarez.
Fuentes del Ministerio de Trabajo aseguran que tocar la reforma de las pensiones no está decidido: “Es un tema pendiente, claro está, pero el devenir del pacto de Toledo lo complica”. Aunque el Pacto de Toledo estalló esta semana sin concluir sus recomendaciones, todas las formaciones políticas llegaron a un acuerdo formal de la segunda recomendación, sobre la revalorización de las pensiones, para que estas se actualicen cada año “en base al IPC real”.
Unidos Podemos exige negociar el decreto
Este viernes algunas de las formaciones políticas clave para lograr la convalidación del decreto (o decretos) que apruebe el Gobierno, como Unidos Podemos, advertían de que el Ejecutivo no está negociando el contenido del decreto para garantizar que salga adelante. Fuentes de PNV y ERC también han asegurado a eldiario.es que ni el Gobierno ni el grupo parlamentario socialista les ha pedido una reunión para abordar esta cuestión.
Unidos Podemos ha urgido a los socialistas a recuperar la negociación de los cambios “en los aspectos más lesivos de la reforma laboral”, ya que desde el 7 de febrero, cuando mantuvieron “un contacto con el Ministerio de Trabajo justamente para abordar estas cuestiones”, no han recuperado las conversaciones, aseguran en el partido de Pablo Iglesias.
El diputado del PNV Iñigo Barandiaran advirtió a Pedro Sánchez esta semana desde su escaño en la sesión de control al Gobierno que su grupo parlamentario no apoyará ningún decreto si no comparte el “contenido íntegro de las iniciativas”. Fuentes del grupo parlamentario recuerdan que el partido nacionalista está a favor de recuperar la ultraactividad indefinida de los convenios colectivos, pero precisan que “no admitiremos otra fórmula que no sea resultante del diálogo social”.