Ana y Carmen son amigas y compañeras de trabajo en una empresa de limpieza. Han notado subidas en la cesta de la compra, en la luz, en el gas. “En todo, menos en el sueldo”, dicen, que este año no les ha subido nada. Erica tiene una tienda de productos de peluquería. El año pasado pagaba de luz unos 150 euros. El mes pasado, la factura llegó a 400. Además, va en coche a trabajar y llenar el depósito le cuesta el doble. José Ignacio y Soledad son pensionistas. “Una compra que antes te salía por 30 euros, ahora son 50”, lamentan.
Sus casos los contaban este miércoles, en conversación con elDiario.es, mientras subían por la calle de Atocha, en Madrid, en una manifestación convocada por los sindicatos mayoritarios, UGT y Comisiones Obreras, a la que han asistido según los organizadores entre 4.000 y 5.000 personas y que se ha replicado en otras 57 ciudades por todo el país para protestar por “el deterioro de las condiciones de vida de las familias y personas trabajadoras y consumidoras, del tejido productivo, y del conjunto de la ciudadanía” que es, dicen, “muy palpable”. A la convocatoria se han sumado también la asociación de consumidores FACUA, las de autónomos UPTA y UATAE y la Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales (CEAV).
“No nos vamos a resignar a que esta crisis la paguen los trabajadores”, afirmaba al inicio de la marcha en Madrid el secretario general de CCOO, Unai Sordo. Ambos sindicatos han reclamado a la Unión Europea, al Gobierno y a la patronal medidas para limitar la subida de los precios de la electricidad, políticas sociales para los colectivos más vulnerables y que se mantenga el poder adquisitivo de los trabajadores, si no ahora a causa de la inflación, con un pacto de rentas claro que ajuste los salarios en dos o tres años.
En el manifiesto, los convocantes reclaman “actuar con celeridad” ante unas perspectivas que “no son buenas”. “La sociedad española vive con profunda preocupación y gran malestar la escalada desbocada de los precios que desde hace meses sufrimos en nuestro país”, señalan. “El conjunto de la sociedad está sufriendo esta situación, pero es la población más vulnerable, la que no llega a fin de mes o lo hace con dificultades, quienes la padecen de forma más cruel”, añaden.
En el mes de febrero, el índice de precios al consumidor se situó en un 7,6% interanual, la tasa más alta desde 1986. Pero además, los alimentos subieron un 5,6% y otros servicios y bienes de primera necesidad, como la vivienda, el agua, la electricidad, el gas y otros combustibles se dispararon hasta un 12,8% respecto al mismo mes de 2021. Unas subidas que notan más las personas más pobres, que son quienes más dinero dedican a bienes y servicios básicos respecto al resto.
El pan, la leche o el aceite se encuentran entre esos bienes básicos, cuyo precio se ve alterado por el incremento del precio de la energía, los carburantes y, también, por los paros en el transporte, que han provocado además que empresas de la industria alimentaria anuncien su intención de acogerse a los ERTES ante la imposibilidad de funcionar con normalidad. Una medida que repercute también en los bolsillos de los trabajadores. El sector pesquero también ha protagonizado paros en los últimos días porque no les sale rentable salir a faenar, o el del transporte de personas, que ha anunciado protestas para el próximo domingo por el precio del gasóleo. Las principales organizaciones agrarias ya salieron el domingo a la calle, junto a los productores del toro de lidia y los cazadores, a reclamar medidas contra la subida de los costes y las leyes ambientales.
“La Unión Europea tiene que tomar medidas para acabar con este sistema de regulación de precios que está arruinando a autónomos, a algunas empresas y a los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país”, ha señalado el secretario general de UGT, Pepe Álvarez. Esta misma mañana ya había insistido en la necesidad de que tanto el Gobierno como la Unión europea tomasen “medidas urgentes” ante una “situación insoportable que no viene de ahora” y también ante “una crisis brutal como consecuencia de la invasión en Ucrania”. Al Ejecutivo le pidió “un acuerdo social que ayude a aquellas familias que se quedan en el camino” a causa de la inflación, que repercute también en los precios de los alquileres.
Sordo, sobre los precios de la electricidad y el gas: "Europa se enfrenta a un reto similar al que se enfrentó cuando tuvo que decidir si se ponían en marcha los fondos de recuperación"
En la misma línea se pronunció Sordo, que afirmó que “Europa se enfrenta entre mañana y pasado (por el Consejo Europeo de este jueves y viernes) a un reto similar al que se enfrentó cuando tuvo que decidir si se ponían en marcha los fondos de recuperación” de la pandemia. A su juicio, las medidas que se tomen estos días en Bruselas para posibilitar que bajen los precios de la electricidad son “decisivas para el futuro de España y de la Unión”. Además, la Ejecutivo le ha reclamado que “despliegue un amplio catalogo de medidas para los sectores más afectados y para los más vulnerables”, como los pensionistas, quienes viven de alquiler o los que cobran por debajo del salario mínimo porque no trabajan a tiempo completo.
Las reclamaciones de esta jornada se centraron sobre todo en los precios de la electricidad y el gas, pero abordan también otros ejes que van más allá de un cambio en el sistema marginalista del precio de la electricidad o el fin de los beneficios extraordinarios de las eléctricas o que se aceleren las inversiones para reducir la dependencia energética. Los sindicatos y las asociaciones convocantes han exigido que se proteja a la ciudadanía y a las familias, que se apoye a los sectores productivos, como la industria, la ganadería y la agricultura y el transporte, y que se ponga el marcha el mecanismo RED contra los despidos. Además, reclaman que se controlen los precios del alquiler y que, por ejemplo, se desliguen la subida del IPC de la renovación de los contratos.
En una entrevista en TVE, Álvarez trató de desligar esas medidas de una baja generalizada de impuestos. Se mostró partidario, eso sí, de revisar el impuesto a los hidrocarburos, pero apostó además por controlar los precios y limitar los beneficios a las eléctricas. La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Economía, Nadia Calviño, coincidía también en que “no hay margen” para rebajar más los impuestos a la electricidad y aseguraba que la situación actual “no se arreglará” con “soluciones milagrosas”. En el Gobierno, fían el nuevo paquete de medidas a lo que salga de la reunión del Consejo Europeo de este jueves. En concreto, el Ejecutivo espera poder poner un tope al precio del gas y afirma que batalla por desligar este del de la electricidad. Mientras el ministerio de Transportes ha adelantado las reuniones con el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNC) a ese mismo día. “Estaremos el tiempo que haga falta hasta alcanzar un acuerdo”, afirmó la titular de la cartera, Raquel Sánchez.
Pero algunas de las personas que salieron a manifestarse este miércoles sí ven en los impuestos un enemigo a abatir. “Que quiten los impuestos”, pedía Erica, que también reclamaba “que regulen” los precios. “No es normal que ahora salgan las eléctricas diciendo que han tenido no sé cuántos millones de beneficios”, protestaba, mientras exigía al Gobierno celeridad en las medidas que prevén poner en marcha el próximo día 29, pero que todavía no se conocen. “Para otras cosas sí sacan el decreto de un día para otro”, insistía.
“Estamos muy mal. Nos están quitando el sueldo a base de impuestos. Está todo por las nubes. Está subiendo la cesta de la compra, la Sanidad está por los suelos y la Educación se la quieren cargar”, hacía una lectura más amplia José Ignacio, que aseguraba también que el paro de los transportistas es “un problema de ellos con sus empresas” pero que “repercute muchísimo” al resto de la población.
Sobre la posibilidad de un acuerdo este jueves entre el Gobierno y los transportistas, Sordo ha indicado que “sería bueno que una vez que se han puesto medidas encima de la mesa y que parece que se puede articular una cuerdo, este viera la luz cuanto antes y se recuperase la normalidad en el suministro y en el transporte porque es evidente que esto está impactando en otros sectores”. No obstante, el secretario general de CCOO ha recordado que en esas reuniones, “falta la representación de los trabajadores asalariados”.
"El Gobierno tiene que poner todos los elementos que tenga encima de la mesa y los transportistas tienen que ser plenamente conscientes de que el país no puede aguantar esta situación en la que estamos"
Por su parte, Álvarez ha indicado que “el Gobierno tiene que poner todos los elementos que tenga encima de la mesa” y que “los transportistas tienen que ser plenamente conscientes de que el país no puede aguantar esta situación en la que estamos”. “La suma de estas dos cuestiones tendría que dar en sí un acuerdo”, ha asegurado antes de reclamar que acabe la “violencia” que se está produciendo “en este paro patronal”.
A la patronal, han reclamado desde los sindicatos “salarios que estén de acuerdo con el actual momento en el que vivimos”. “Necesitamos que los salarios no pierdan poder adquisitivo. En ese sentido es necesario que el acuerdo de negociación colectiva nos permita justamente mantener los salarios, ir a un acuerdo que de estabilidad y tranquilidad al país y a la vez que permita que las familias puedan continuar manteniendo su nivel de vida”, ha insistido Álvarez. Sordo, por su parte, ha señalado que si Gobierno y CEOE quieren un pacto de rentas, debe estar claro qué va a aportar cada parte. “Los salarios tienen que crecer”, ha defendido, “si no puede ser ahora, tiene que ser un acuerdo a dos o tres años, para cuando el IPC baje y la economía se recupere”, ha dicho.
Por su parte, la secretaria general de UATAE, María José Landaburu, ha reivindicado que “la mayoría social de este país le dice al Gobierno y a Europa que tienen que elegir entre nosotros y los oligopolios”, en referencia a los de la energía, a quienes ha pedido “pararles los piés”. “Es fundamental que hoy quede claro que estamos juntos para reclamar medidas justas, rápidas y contundentes”, ha pedido también el presidente de UPTA, Eduardo Abad, que ha reclamado que el esfuerzo de esta crisis no recaiga solo sobre la clase trabajadora y los autónomos.
El portavoz de FACUA, Ignacio Tudela, ha reclamado que se intervenga sobre los beneficios “desproporcionados” de las grandes compañías para poner fin a la “desorbitada” escalada de los precios. Para ello, ha pedido una respuesta “contundente”. Mientras, Manuel Osuna, de CEAV, ha insistido en que la crisis no la paguen los vecinos y sobre el alza de los precios ha afirmado: “Al Gobierno hay que decirle ”basta ya“ y que empiece a regular”