Nuevo nombre en la numerosa lista de fortunas latinoamericanas que aterrizan en Madrid. En concreto, en el distrito financiero del Paseo de la Castellana, principal arteria de la capital. Uno de los últimos es el hijo del mexicano Luis Carlos Castillo Cervantes, alias ‘El Rey de los Dragones’, empresario corrupto condenado en 2021 por la justicia de Texas (Estados Unidos) tras reconocer sobornos millonarios a varios gobernadores de México a cambio de contratos de obra pública.
El hijo de este millonario constructor y corruptor confeso, Bruno Maximiliano Castillo, preside desde junio de este año la española Gilltown Invest SL, dedicada a “la gestión y administración de valores representativos de los fondos propios de entidades no residentes en territorio español”.
Controlada a través de una sociedad en el paraíso fiscal de Panamá, la empresa comparte sede con varias firmas en España del banquero hondurense Guillermo Bueso, otro multimillonario que ha apostado por el inmobiliario de ultralujo en la capital.
En el caso de Castillo, su aterrizaje en Madrid llega después de que en marzo de 2021 su padre fuera condenado a cinco años de libertad condicional en EEUU tras declararse culpable de un delito de blanqueo de capitales. El empresario inicialmente se arriesgaba a una condena de 20 años de cárcel. Para lograr una drástica rebaja de la pena reconoció parte de los delitos que se le imputaban y aportó ayuda “sustancial” a las autoridades estadounidenses durante la investigación.
El apodo de “Dragón” parece remitir a un peligroso narcotraficante o a un capítulo de la popular serie Juego de Tronos. Pero el alias de Luis Carlos Castillo tiene un origen mucho más mundano. Alude al negocio por el que era conocido en México: allí tenía la licencia exclusiva del país para alquilar una popular marca de equipos de pavimentación de carreteras que raspan y trituran el asfalto viejo. De ahí lo de “Rey de los Dragones”.
El empresario fue detenido en noviembre de 2016 en Texas, donde llevaba más de una década viviendo a todo tren, para ser juzgado por blanqueo de capitales, fraude bancario, soborno de funcionarios, malversación, robo y desfalco de recursos públicos del erario mexicano.
La investigación, fundamentada en más de 30.000 documentos, halló “fotografías de Castillo con personas expuestas políticamente”, apuntes manuscritos en los que aparecían menciones de soborno o la identidad de los políticos que se escondían tras los testaferros que utilizó para blanquear fondos ilícitos.
Entre 2006 y 2007, Castillo cobró 162 pesos por metro cuadrado de asfalto mientras el precio de mercado rondaba los 85 pesos, a cambio de entregar sobornos en efectivo a políticos mexicanos durante años, enviando en ocasiones bolsas de lona llenas de dinero. Muchas entregas las realizaba en la mansión de 3 millones de dólares y 2.300 metros cuadrados que se construyó en 2005 en la exclusiva zona de El Cimarrón de Mission (Texas), donde se mudó como muchos otros empresarios exitosos del norte de México.
Allí habilitó un enorme recinto para eventos donde celebraba antes de su detención fiestas privadas con actuaciones de conocidos músicos, y mostraba fotos junto al ex presidente George W. Bush. También montó allí un acto de campaña para el entonces gobernador tejano y luego Secretario de Energía con Donald Trump, Rick Perry. Los registros de financiación de campañas revelaron que entre 1997 y 2010, Castillo donó más de 26.000 dólares a campañas estatales y federales en EEUU, la mayoría de las cuales fueron para Perry, según reveló Texas Observer.
En esos años el mexicano compró cerca de un 10% de un pequeño banco del sur de Texas, el Inter National Bank de McAllen, que utilizó para ayudar a blanquear millones de dólares de dinero sucio procedente de México. Así se convirtió en “el hombre que convirtió dinero mexicano en mansiones texanas”, como lo definió El Universal.
Pero le pillaron. Y solo dos meses después de su detención, en enero de 2017, Castillo confesó a la Corte de Distrito Sur de Texas que había ganado contratos públicos a precios inflados para asfaltar carreteras en México a cambio de pagar “decenas de millones de dólares” en sobornos a cuatro exgobernadores mexicanos: Luis Armando Reynoso Femat, Eugenio Hernández Flores, Jorge Juan Torres López y Humberto Moreira.
Los sobornos incluyeron viajes en su avión particular, un Learjet 45 que había comprado en 2008 por 8,7 millones de dólares. Durante el juicio afloró su amistad con Enrique Peña Nieto en los tiempos en los que el ex presidente mexicano fue gobernador del Estado de México.
El empresario fue sentenciado a cinco años de libertad condicional tras un acuerdo con las autoridades a las que cedió su avión, cinco millones de dólares, automóviles, motocicletas o diamantes. Tras su condena, su abogado, Ricardo Salinas, declaró que lo que hizo su cliente, pagar sobornos por contratos, era práctica estándar en México. Cuando los políticos le pidieron que los ayudara a mover dinero a Estados Unidos, según Salinas, Castillo no tuvo más remedio que aceptar si quería mantener su opulento estilo de vida.
Tres años después de esa condena, su hijo ha desembarcado en Madrid. La empresa que desde junio preside Bruno Maximiliano Castillo, Gilltown Invest SL, no tiene en la actualidad inmuebles a su nombre, según la información disponible en el Registro de la Propiedad. En 2023, cuando presentó sus primeras cuentas, no tenía activos y todavía la administraban profesionales de la firma internacional de servicios fiduciarios TMF.
Cuando la empresa se mudó a la Castellana en junio, pasó manos de una sociedad en Panamá, Grupo Ram Capital Inc, que fue inscrita en ese paraíso fiscal el 20 de abril de 2023. Esta firma panameña la preside también el hijo del ‘Rey de los Dragones’. Como tesorero de Ram Capital figura Martín Alejandro Ochoa Valenzuela, a su vez consejero de la española Gilltown Invest SL.
Esa firma panameña se creó cuatro meses después de que en diciembre de 2022 el medio salvadoreño Revista Elementos revelase la existencia de un viaje en un jet privado de Bruno Castillo y Martín Ochoa junto a dos personas de la máxima confianza del polémico y autoritario presidente salvadoreño, Nayib Bukele
En un vuelo procedente de San Pedro Sula (Honduras) el hijo del ‘Rey de los Dragones’ y su socio aterrizaron el 3 de diciembre de 2021 en el aeropuerto de Internacional de Ilopango, al este de la capital de El Salvador, acompañados por el todavía hoy presidente de la Asamblea nacional y ex secretario y asesor privado de Bukele, Ernesto Alfredo Castro Aldana, y el entonces alcalde de San Salvador, Mario Durán.
El viaje en ese jet se produjo poco después de las elecciones que dieron la victoria a la actual presidenta hondureña, Xiomara Castro. A bordo de la aeronave, a nombre de una empresa de Utah (EEUU), también viajó el mexicano Roy Campos Esquerra, presidente de la firma de análisis político Consulta Mitofsky y uno de los consultores políticos más conocidos en México. Campos ha asesorado a la oposición venezolana o al PRI mexicano. Fue uno de los miembros del equipo de campaña que llevó al poder a Bukele en 2019.
“Mitofsky, con relativa frecuencia, publica resultados de estudios de opinión en los que presenta a Bukele como el presidente mejor evaluado de todo el mundo. Esto después suele ser retomado por los medios de comunicación controlados por el Gobierno y presentados como noticias”, contaba la revista Elementos.
Esta publicación tuvo acceso a la información de ese vuelo privado gracias a una filtración masiva de documentos de la División Antinarcóticos de la Policía Nacional Civil (PNC) de El Salvador. La revista comprobó que entre agosto y diciembre de 2021 ningún diputado salvadoreño participó en misiones oficiales al extranjero pagadas con fondos públicos. No logró desentrañar quién pagó ese avión privado, con un coste de entre 5.000 y 7.000 dólares por hora.
Cuando realizó ese viaje con políticos salvadoreños, el socio de Castillo y administrador de esa empresa española, Ochoa, estaba vinculado a una constructora radicada en El Salvador, Proyectos y Construcciones Lief El Salvador. La revista no encontró contratos públicos de la empresa allí.
La firma española que este mexicano administra está domiciliada en la planta 16 de Castellana 77, en la supermanzana de Azca. Este moderno inmueble de oficinas es desde este año la sede española de Hogan Lovells, una de las mayores firmas legales del mundo. Uno de sus socios, Juan Garicano (especialista en “planificación fiscal internacional”), es vicesecretario en la firma española que preside Castillo.
Gilltown Invest comparte dirección y apoderados (todos vinculados a ese bufete angloestadounidense) con varias sociedades en España de Guillermo Bueso, el banquero más rico de Honduras.
Este empresario, que compró la deuda tóxica asociada al proyecto hidroeléctrico por el que asesinaron a balazos a la activista hondureña Berta Cáceres, es dueño de casi un 10% de un pequeño banco español (EBN). Este año Bueso ha invertido en el inmobiliario madrileño de ultralujo con un exclusivo piso en Los Jerónimos.
La vivienda, valorada en 3,75 millones, está a pocos metros de la promoción de superlujo que vendieron en 2021 los Dorado-Pizzorni, venezolanos de origen italo-gallego que ahora afrontan reclamaciones de Hacienda y la Seguridad Social.
Bueso, cuyo grupo financiero opera en El Salvador, no ha escatimado elogios al trabajo “bien hecho” de Bukele y “su determinado enfoque hacia el crecimiento y estabilidad de la economía”. “Su manejo de la seguridad ha cambiado la vida de los salvadoreños, sentando un precedente que lo convierte en referente para otros líderes de la región”.
Ahora varias de sus empresas en España comparten sede con empresarios vinculados a la corrupción y a vuelos privados con asesores del presidente salvadoreño. Tan lejos y a la vez tan cerca.
En un momento convulso para las noticias de economía, es más importante que nunca estar bien informado. Las repercusiones de cada movimiento de empresas, de la política económica de los gobiernos y su impacto en los ciudadanos, explicadas desde un punto de vista riguroso y diferente.