Nueve reformas del sistema público de pensiones. Es lo que ha comunicado el Gobierno a Bruselas dentro de la 'ficha' sobre la reforma de pensiones relacionada con el Plan de Recuperación europeo por la pandemia, por el que España dispondrá de 72.000 millones de euros en los próximos tres años. La noticia ayer fue que el Ejecutivo no incluyó finalmente la ampliación del periodo de cómputo de la pensión a los 35 años, como figuraba en borradores previos, lo que había recabado el rechazo frontal de Unidas Podemos y de los sindicatos. El paquete de reformas finalmente trasladado a la Comisión incluye no obstante abordar la ampliación de este periodo de cómputo, con la posibilidad de excluir algunos años por parte del trabajadores, así como la revalorización de las pensiones según el IPC y otras medidas menos conocidas, como un nuevo factor de “equidad intergeneracional”.
El Gobierno sitúa un gran objetivo de su futura reforma de pensiones: preservar la sostenibilidad a largo plazo del sistema de pensiones, preservando el poder adquisitivo de los pensionistas de manera que el sistema cumpla su función de proteger ante la pobreza y a la vez garantice la “equidad intergeneracional”. Es decir, que se guarde un equilibrio entre los pensionistas actuales y los jóvenes que lo serán en un futuro.
El mensaje que traslada el España a Bruselas es de confianza en el sistema público de pensiones. El Ejecutivo indica que el gasto en pensiones, que aumentará sobre todo por el retiro de la generación del ‘baby boom’, es manejable con los cambios adecuados, que negociará con los agentes sociales una vez alcanzado el acuerdo político en las recomendaciones del Pacto de Toledo. Estos ajustes, que el ministro Escrivá pretende aprobar en dos fases a lo largo del año para que estén en vigor en 2022, son los siguientes.
1) Sacar “gastos impropios” de la Seguridad Social
Es lo que se conoce también como la “separación de fuentes de financiación”, para que la Seguridad Social no asuma gastos no contributivos y permita acabar con el déficit que actualmente tiene. “La reforma consiste en la asunción por el Estado de partidas de gasto que en la actualidad son sufragadas a través de cotizaciones sociales limitando la capacidad del sistema de afrontar el volumen del gasto en pensiones”, recoge un documento sobre la reforma remitida a Bruselas al que ha tenido acceso elDiario.es.
El traspaso de los llamados “gastos impropios” de la Seguridad Social ya ha sido iniciado en los Presupuestos Generales del Estado de 2021, de un total de 14.000 millones de euros, que se pretende completar en 2023, cuando se espera que se hayan trasladado 20.000 millones de euros. El Gobierno considera “clave” esta separación de fuentes para “rectificar la imagen distorsionada de desequilibrio del sistema percibida por los ciudadanos” y para “afrontar en buenas condiciones los desafíos de largo plazo” del sistema.
2) Mantener el poder adquisitivo de las pensiones
Se comunica la derogación del índice de revalorización de pensiones aprobado en 2013 por el Gobierno de Rajoy, que provocaba las subidas anuales del 0,25%. El Gobierno recuerda que de mantenerse esta fórmula se estima una pérdida del poder adquisitivo de los pensionistas del 37% “acumulado en el tiempo de vida del pensionista”, lo que considera “un alarmante empobrecimiento” y advierte de que ningún país tiene un modelo similar.
Así, el Ejecutivo opta por un nuevo mecanismo de revalorización que permita garantizar el poder adquisitivo de las pensiones “mediante una fórmula que la vincula con el IPC y que simultáneamente evite la necesidad de reducciones nominales en el eventual caso de que se produjeran ganancias puntuales de poder adquisitivo, por inflación negativa, por ejemplo”. Esta fórmula está siendo objeto de negociación con los sindicatos y las patronales y el ministro Escrivá ha confiado en poder llegar a un acuerdo “en las próximas semanas”.
3) Acercar la edad efectiva de jubilación a la legal
El Ejecutivo quiere conseguir que la edad a la que se retiran los ciudadanos (ahora de 64,6 años) se aproxime más a la edad legal de jubilación (66 años en 2021). Para ello, propone dos vías de actuación, que ya negocia el Ministerio de la Seguridad con los agentes sociales. Por un lado, “realizar cambios en el sistema de coeficientes reductores de la jubilación anticipada para eliminar distorsiones, incluyendo su carácter regresivo, y racionalizar el recurso a esta modalidad”. Es decir, endurecer la jubilación anticipada voluntaria, sobre todo a las pensiones más altas.
En segundo lugar, “modificar la configuración de los incentivos de demora de la jubilación” para que sean más atractivos y utilizados. Escrivá apuesta por ampliar el beneficio por cada año que un ciudadano decida retrasar su retiro más allá de la edad legal para jubilarse. “Además, se establecerán beneficios para las empresas que mantengan a estos trabajadores mayores y se fomentará su capacitación permanente para mejorar su empleabilidad”, recoge el documento del paquete de medidas remitido a la Comisión.
4) “Adecuar” las carreras de cotización
Es la reforma que insiste en la ampliación del periodo de años para calcular la pensión. El Gobierno retiró de su propuesta la mención expresa a la extensión a los 35 años, como estaba presente en borradores previos, como ha podido comprobar este medio. Pero insiste en abordar esta ampliación para hacer más contributivo el sistema.
“Como tercera de las medidas que integran el bloque que tiene por objeto profundizar en la reforma de 2011, se planea ampliar y adecuar a la realidad actual de las carreras profesionales el periodo de cómputo para el cálculo de la base reguladora de la pensión contemplando la posibilidad de elección de los años a integrar en la base reguladora por encima de los actuales de manera progresiva”, recoge el documento, que también plantea “una revisión del procedimiento de integración de lagunas en la carrera profesional”.
La medida “pretende aumentar la progresividad y el carácter contributivo del sistema haciendo que la pensión de jubilación refleje en mayor medida la vida laboral de los trabajadores y reflejando la realidad de un mercado laboral en el que las interrupciones y las lagunas son cada vez menos excepcionales”, continúa el texto.
La ampliación de los años que se tienen en cuenta para el cálculo de la pensión en general se estima que reduzcan de media la cuantía de las futuras pensiones, pero en ocasiones (y sobre todo si se permite exceptuar algunos años del cómputo) puede suponer mejoras en la pensión futura. Por ejemplo, a los trabajadores que se quedan en desempleo al final de su vida laboral y se ven muy penalizados en el cobro de la jubilación actualmente, como destaca el documento.
“Esta reforma iría en paralelo con una revisión del procedimiento actual de integración de lagunas de cotización, que es inadecuado para las carreras más intermitentes, especialmente asociadas a la temporalidad”, añade el texto.
5) Sustituir el factor de sostenibilidad por otro de “equidad intergeneracional”
El Gobierno de coalición cumple con su compromiso de derogar el factor de sostenibilidad de la reforma unilateral de pensiones del PP de 2013 y retoma el reto de la reforma de 2011, pactada con los agentes sociales, que llamaba a explorar algún tipo de mecanismo que tuviera en cuenta la evolución de la esperanza de vida.
Como adelantó Escrivá este fin de semana, el documento remitido a Bruselas apuesta por “un nuevo mecanismo que persiga la preservación de la equidad intergeneracional”, por el que “los parámetros fundamentales del sistema será objeto de revisión periódica en función de la evolución de la demografía y del equilibrio entre la población ocupada y la población pensionista”.
Así, se tendrá en cuenta la evolución de la esperanza de vida, pero también otros “indicadores complementarios” que “liberen a las generaciones más jóvenes de un ajuste provocado por la llegada a la edad de jubilación” de los ‘baby boomers’. Escrivá confía en poder llevar al Parlamento este nuevo elemento, tras negociarlo con los agentes sociales, en el segundo semestre del año.
6) Cotización de los autónomos por sus ingresos reales
La implantación gradual de un nuevo sistema de cotización para los autónomos “basado en los rendimientos por la actividad económica desempeñada”, como ha recomendado el Pacto de Toledo. El Gobierno pretende “corregir la distorsión generada por la facultad de elección de la base de cotización” actual de los autónomos, por la que el 85% del colectivo cotiza por la base mínima y “que supone una merma de recursos para el sistema y un nivel bajo de acción protectora para los autónomos”.
El Ejecutivo apunta que la reforma se pondrá en marcha “de forma gradual”. El Ministerio de la Seguridad Social ya mandó a los autónomos una primera propuesta al respecto en octubre, que dejaba a la gran mayoría de los autónomos con el mismo nivel de cotización o inferior y suponía un aumento para los de mayores ingresos. Por el momento, su propuesta no afectada a los autónomos societarios. El ministro Escrivá respondió ayer que confía en que la reforma pueda estar vigente en 2022, aunque sea para un primer colectivo de autónomos.
7) Modificación del complemento de maternidad
Reconfigurar el actual complemento de maternidad de las pensiones aprobado por el Gobierno de Rajoy en 2016, que ha sido invalidado por el Tribunal de Justicia de la UE por resultar discriminatorio para los hombres. El Gobierno pretende que el nuevo complemento compense el coste del cuidado de los hijos por parte de los progenitores, sea cual sea su sexo, aunque ya se sabe que beneficiará sobre todo a las mujeres que son las que a día de hoy interrumpen más sus carreras laborales por este motivo.
“El nuevo complemento parte del análisis de las trayectorias de cotización para identificar cuál de los dos progenitores se vio más perjudicado en su carrera contributiva por el nacimiento de cada uno de los hijos, previéndose que en caso de no existir un progenitor particularmente perjudicado se reconozca el complemento a la madre”, recoge el documento.
8) Impulso de los sistemas complementarios de pensiones
Se pretende revisar los sistemas complementarios de pensiones para “impulsar los planes de pensiones de empleo en el ámbito de la negociación colectiva, preferentemente el sectorial”. El Gobierno ya ha comenzado a hacerlo en los Presupuestos de 2021, así como reducir las ventajas fiscales de los planes individuales de pensiones, que también se notifica a Bruselas.
“Se prevé la aprobación de un nuevo marco jurídico que impulse la promoción de los planes de pensiones de empleo mediante la creación de un fondo de promoción pública de libre adscripción que permita dar cobertura a colectivos de trabajadores sin planes de empleo en sus empresarios o autónomos, o integrar planes de empleo que así lo decidan”, plasma el texto.
9) “Adecuar” la base máxima de cotización
El Ejecutivo recuerda el aumento, nacional e internacional, de la desigualdad, “que incluso se traduce en diferencias en esperanza de vida”. Esa desigualdad se ha plasmado también en los salarios en las últimas décadas, con un aumento de los sueldos más altos, que requiere de una “adecuación gradual de las bases de cotización máximas”. Es decir, su incremento para que los salarios más elevados contribuyan más a la Seguridad Social. En la actualidad, la base máxima de cotización está situada en los 4.070,10 euros.
El Gobierno indica a Bruselas no obstante que esa adecuación de las bases máximas “deberá ser concurrente con una modificación de la pensión máxima para no afectar a la naturaleza contributiva del sistema”.