El Ministerio de Industria, Energía y Turismo tuvo muy en cuenta algunas de las alegaciones realizadas en julio de 2013 por Endesa, la segunda empresa del sector eléctrico en España, durante la elaboración de la polémica normativa que desde octubre pasado regula el autoconsumo. En uno de los últimos borradores del proyecto de Real Decreto, el Ministerio entonces a cargo del dimitido José Manuel Soria llegó a copiar casi literalmente dos párrafos que la eléctrica había aconsejado incluir en el articulado.
Así se desprende de la documentación que, obligado por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), el Ministerio ha remitido a Access Info Europe y a la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético tras la solicitud de ambas entidades para acceder a los documentos y reuniones vinculadas a la elaboración de la normativa.
En julio de 2015, Industria propuso prohibir que una familia que disfrutase de una tarifa regulada por la Administración (incluyendo a los hogares más vulnerables) pudiera autoconsumir. El veto iba dirigido a los hogares acogidos a la tarifa regulada que tienen contratada la mayoría de usuarios domésticos, conocida como Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC) o antigua Tarifa de Último Recurso (TUR), reservada para clientes con hasta 10 kilovatios de potencia; tampoco se permitía autoproducir electricidad a los clientes más vulnerables, los acogidos al bono social (descuentos para determinados colectivos).
La propuesta de veto, según esa documentación, partió fundamentalmente de Endesa. El 29 de julio de 2013, la eléctrica había remitido a la extinta Comisión Nacional de la Energía (CNE) sus observaciones sobre el primer borrador de Real Decreto publicado ese mes por Industria. Su primera petición: “Los CUR o comercializadores de referencia no deben contratar modalidades de suministro con autoconsumo, ni estos consumidores deben tener derecho al PVPC, TUR o bono social”.
El planteamiento estaba en línea con el de Gas Natural Fenosa: “Estos consumidores deben estar en mercado libre y no pueden ser suministrados por un comercializador de referencia”, decía la gasista, que consideraba “muy acertada y razonable” la regulación del autoconsumo, “por cuanto supone la ordenación de una actividad que se estaba desarrollando sin las debidas garantías, cautelas y regulación adecuada”.
Endesa, que no comenta este asunto, argumentaba que “el cliente con capacidad de instalar generación dista mucho de ser considerado vulnerable y sin capacidad de negociación en el mercado libre”, fue más allá e incluso propuso añadir dos puntos al artículo 8 del proyecto normativo. La sugerencia fue recogida casi literalmente por Industria en el nuevo borrador que remitió a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) el pasado 2 de junio para someterlo a consulta pública. El Ministerio copió esos dos párrafos casi al completo.
Pese a las peticiones de las eléctricas, finalmente el Ministerio no se atrevió a prohibir el autoconsumo a los clientes con tarifa regulada. Esos dos párrafos fueron suprimidos, tras las protestas de numerosas organizaciones ecologistas, sociales, empresariales y de consumidores contra el proyecto. No obstante, Industria mantuvo el polémico ‘impuesto al sol’ en el texto que entró en vigor en octubre.
La documentación revela fuertes críticas de varias comunidades autónomas entonces gobernadas por el PP durante el proceso de tramitación. Alguna llegó a calificar el 'impuesto al sol' de “solución final” para las renovables o de “impuesto revolucionario” para compensar a las eléctricas. Ninguna se mostró con esa contundencia en público.
En sus alegaciones de julio de 2013, Iberdrola, la primera eléctrica española, pidió a Industria que se abstuviera de implantar los descuentos en los peajes de respaldo (el denominado ‘impuesto al sol’) que preveía el artículo 16.4 del primer borrador de Industria, por entender que sería “una señal errónea, con efectos sobre el sistema y de difícil implementación”.
En línea con los argumentos de Endesa, Iberdrola subrayaba que “generalmente quien tiene capacidad de inversión en sistemas de generación propios son consumidores con rentas altas”. “Al recuperar parte de su inversión mediante la evitación de pagos de peaje de respaldo, sus ahorros tienen que ser pagados por otros clientes que no han realizado dichas inversiones, generalmente de rentas más bajas”.
El peaje de respaldo, según Iberdrola, “evita que el resto de clientes tengan que subvencionar el desarrollo de esta actividad y reduce el riesgo de crecimiento del autoconsumo ineficiente con su consiguiente efecto en el déficit tarifario y sobre la sostenibilidad del sistema eléctrico”. La argumentación recuerda a las tesis recogidas en un estudio publicado a principios de 2015 por la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES), el think tank del PP, firmado por un directivo de Iberdrola, Conrado Navarro, y un ex de Unión Fenosa, Juan Luis López Cardenete.