“Un contrato estable y progresivo” es el contrato antes conocido como único que el PSOE ha pactado con Ciudadanos dentro del acuerdo de investidura que han negociado ambas formaciones. El partido socialista ha claudicado al introducir una suerte de puente entre el contrato indefinido y el contrato único que permite al partido de Albert Rivera reivindicar que se ha aceptado una de sus propuestas más carismáticas. Este nuevo contrato no será único porque convivirá con el indefinido actual y con el de formación y el de relevo, pero tendrá básicamente las mismas características que defendía Luis Garicano, el gurú económico de Ciudadanos y artífice junto con otro grupo de economistas de este contrato.
Junto con este nuevo modelo de contrato, el texto recoge una serie de medidas y acuerdos para “cambiar el marco de las relaciones laborales”, pero en ningún momento se explicita que conduzca a una derogación de la reforma laboral del Partido Popular, uno de los principales caballos de batalla socialistas. Así las cosas, tampoco se habla de restablecer las indemnizaciones por despido previas a la reforma (45 días). Sin embargo, en la rueda de prensa de la presentación del pacto, Pedro Sánchez aseguró que en el acuerdo se contemplaba la derogación de la actual reforma laboral.
De esta forma, la parte nuclear del paquete de medidas laborales pivota en el nuevo modelo de contrato y también en recuperar la capacidad de negociación de los sindicatos en los convenios colectivos.
En ese sentido, el “contrato estable y progresivo”, tendrá una “indemnización creciente por despido por causas económicas, organizativas, productivas, técnicas y de finalización del trabajo que tendrá un coste de 12 días el primer año, que se transforman en 16 días el segundo año y confluya con los 20 existentes para los contratos indefinidos, reduciendo los saltos en la cuantía. En caso de despido improcedente la indemnización será de 20 el primer año, 25 en el segundo hasta confluir con los actuales 33 días por año”.
Además, el pacto asegura que se incentivará la conversión de este contrato con el indefinido, de forma que paulatinamente vayan ganando peso en el conjunto de los contratos. Actualmente, apenas un 9% de los contratos que se firman cada mes son de carácter indefinido. La filosofía del contrato único es que al subir la indemnización por despido e igualarla con la del indefinido, los empresarios se vean con menos incentivos para realizar contratos temporales. España es uno de los países con mayor proporción de contratos temporales, que llegó a ser superior al 30% en la época de la bonanza y que ahora está viviendo de un nuevo auge.
En su programa el PSOE había recogido algunas medidas destinadas a la contención del uso del contrato temporal, como la limitación de la duración a dos años o topes en los convenios colectivos, pero no contemplaba la creación de un nuevo modelo. Sí se introducen mejoras en la negociación colectiva que le devuelven en cierta forma la fuerza negociadora a los sindicatos y se comprometen a crear un nuevo Estatuto de los Trabajadores. Además, se recupera la creación de un fondo austriaco, esto es, un fondo por el que los trabajadores acumulan ocho días de antigüedad por año trabajado que se pueden llevar de un trabajo a otro en caso de despido y que sino llegan a cobrar nunca complementarán la jubilación.
Bajar el IRPF y otras propuestas fiscales
Además del apartado laboral, en el de la reforma fiscal también aparecen sorpresas. Como adelantó hoy eldiario.es, Ciudadanos y PSOE han firmado estudiar la creación de un impuesto para las grandes fortunas. Pero, además, el documento que se presenta en sociedad propone “reformar el IRPF con el objetivo de reducir la tributación de las rentas del trabajo cuando la situación presupuestaria lo permita y, mientras tanto, no subirles los tipos”. Ciudadanos llevaba en su programa la bajada del IRPF pero el PSOE no había entrado en cómo lo modificaría jugando así una baza para el pacto con Podemos, que propone subir este impuesto.
En lo que respecta a la amnistía fiscal que puso en marcha el Gobierno de Mariano Rajoy, la propuesta recoge la pretensión del programa de Ciudadanos de “exigir los 2.800 millones de euros que el anterior Gobierno perdonó ilegalmente a los defraudadores”, al cobrarles “el 3% en lugar del 10%”, pero se olvida de publicar los nombres de los amnistiados, como prometió el PSOE, cuyo programa apostaba por “introducir cambios del artículo 95 de la Ley General Tributaria, dentro de los límites constitucionales, que permitan conocer el nombre de los defraudadores”.
También se suavizan las medidas de control de las sociedades de inversión colectiva de capital variable (sicav) que proponía la formación de Pedro Sánchez. En el documento ya no se habla de establecer un porcentaje de participación máximo de cada inversor ni un periodo de permanencia máximo de las plusvalías acumuladas. Se mantiene la idea de ambos partidos de que sean supervisadas por la Agencia Tributaria (en lugar de la CNMV, como ahora).
En materia de gobierno corporativo, el PSOE ha renunciado a “desincentivar los blindajes empresariales de los altos ejecutivos” prohibiendo que se contabilicen como gastos deducibles y “gravando dichas indemnizaciones excepcionales con un tipo adicional extraordinario del IRPF”, como prometía su programa. El documento sí se compromete a “revisar y hacer transparentes las cada vez más complejas estructuras de remuneración de los altos directivos y consejeros, de forma que tengan que ser aprobadas como punto independiente del orden del día, en votaciones individuales y con participación de los accionistas minoritarios”.
Medidas para igualdad económica y social
Dentro de la batería de medidas que el PSOE ha cedido, o concedido, a Ciudadanos destaca también la adopción del sistema de paternidad y maternidad que proponía la formación naranja, menos igualitario. Así, el texto recoge que “se pondrá en marcha un incremento del permiso de maternidad y paternidad pasando de las 18 semanas actuales a 26. El permiso de maternidad intransferible se ampliará de 6 a 8 semanas. El permiso de paternidad será de 8 semanas intransferibles”. La distribución de las 10 semanas restantes será opcional entre la madre y el padre.
El programa del PSOE no recogía que se repartieran estas semanas, sino que se distribuyeran siempre de forma igualitaria entre padre y madre para evitar que termine siendo la madre la que coja más semanas de permiso y esté más tiempo alejada del puesto de trabajo frente a los hombres.
Otro elemento que se incorpora con la marca del partido de Rivera es el conocido como complemento salarial garantizado. Este complemento fue muy criticado durante la campaña electoral por los partidos de izquierdas, al considerar que era una forma encubierta de subvencionar salarios de miseria a los empresarios. Además, este complemento solo se puede disfrutar si se trabaja, ya que se canaliza por la declaración de la renta.
Ahora el documento recoge que habrá “un nuevo complemento que tendrá naturaleza de crédito fiscal (CSG), que se prestará como prestación complementaria a los hogares con rentas más bajas, y cuya cuantía variaría en función del valor de los ingresos salariales de la persona principal y la situación familiar de ésta, siempre que el montante total de ingresos se encontrase por debajo de un determinado umbral”. El documento matiza que “en su versión inicial, el CSG se destinaría solamente a hogares de rentas más bajas con cargas familiares y se iría extendiendo progresivamente a lo largo de la legislatura a medida que la restricción presupuestaria lo permita”.
Con todo, también se incluye en el documento que exista un “ingreso mínimo vital” que era la propuesta original del PSOE para luchar contra la pobreza infantil pero parece deslucido frente a la propuesta inicial.
Cerrar centrales nucleares
En materia de energía, el documento aboga por “un gran Pacto de Estado de la Energía para dotar a la política energética de estabilidad en el tiempo y facilitar la transición energética”. El acuerdo promete impulsar una Ley de Cambio Climático y Transición Energética, una “reforma del mercado eléctrico, incluida una auditoría sobre los costes regulados integrados en la tarifa eléctrica”; “una Ley de protección de los consumidores vulnerables contra la pobreza energética” para abordar este problema “insoslayable”; y un “marco regulatorio estable para el autoconsumo eléctrico y la generación a pequeña escala, en la modalidad de balance neto”.
PSOE ha logrado mantener su promesa de cerrar las centrales nucleares al cumplir los 40 años, un aspecto sobre el que Ciudadanos no se ha pronunciado. El documento no hace ninguna mención a la promesa de los socialistas de revisar la decisión sobre la ubicación del almacén temporal centralizado (ATC) de residuos nucleares. Tampoco a la propuesta del PSOE de “mantener” el consumo de carbón nacional en las centrales eléctricas. Y, si antes los socialistas abogaban por una “prohibición” del fracking, el documento dice que se establecerá una “moratoria” para esta técnica.
El documento también propone una reforma de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), el superregulador creado por el Gobierno del PP, dotándola de mayor independencia funcional y recursos e incorporando al organismo las competencias en materia de consumo, “al menos en lo que respecta al ámbito de la competencia desleal y sin perjuicio de las competencias de las comunidades autónomas” en esta materia.
El documento recoge algunas de las medidas “contra el capitalismo de amiguetes” que había propuesto la formación de Albert Rivera, aunque de manera muy genérica: “Revisar la regulación de sectores donde haya una gran concentración empresarial –sectores estratégicos, como el energético, telecomunicaciones o las infraestructuras– para favorecer la entrada de nuevos competidores, dotando de transparencia a las regulaciones” y una reforma de la CNMC.