Este martes, el director general de Economía y Estadística del Banco de España (BdE), Ángel Gavilán, aprovechó la presentación del informe trimestral de la economía española de la institución para incendiar el asunto del relevo del hasta ese mismo día su gobernador, Pablo Hernández de Cos. “Que no haya sucesión tiene consecuencias adversas”, dijo. La subgobernadora, Margarita Delgado, ha asumido automáticamente sus funciones, pero Gavilán advirtió de que no tiene derecho “a votar” sobre las bajadas de los tipos de interés oficiales en la eurozona en el consejo de gobierno del Banco Central Europeo (BCE), cuya próxima reunión es el 18 de julio.
Fuentes conocedoras de la situación aseguran que la elección de los nuevos gobernador y subgobernador del organismo monetario está supeditada a la crisis de la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Otras fuentes apuntan a que la negociación de los miembros del poder judicial también podría arrastrar a los nombramientos de varios cargos que están pendientes de designación en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y la Comisión Nacional de la Energía (CNE). Sin embargo, se confía en que haya una solución “antes de que termine julio”.
Una de las estas fuentes apunta a que el contador para buscar un relevo no arrancó hasta que se conocieron los resultados de las elecciones europeas del pasado domingo, 9 de junio. Ésta sería la principal razón del retraso y no otras cuestiones, según esas fuentes, aunque la fecha del relevo del gobernador del Banco de España se conoce desde hace años.
Hay que tener en cuenta que la decisión es exclusiva del Gobierno de coalición, y más exactamente del presidente Pedro Sánchez. Pero la regla no escrita en nuestra democracia dice que esta sucesión en el Banco de España se pacta entre el Gobierno y la oposición: el Ejecutivo elige un gobernador (nunca ha sido una mujer) afín pero que no 'moleste' en demasía al rival político y la oposición selecciona un subgobernador con las mismas características.
Ante la situación de incertidumbre, el director general de Economía y Estadística del Banco de España llegó a afirmar que se está hablando con el BCE para que la institución española no pierda el derecho a participar en las decisiones sobre política monetaria, insinuando que se busca una “excepcionalidad” y dando por hecho que Hernández de Cos no tendrá sustituto antes del 18 de julio, o ni siquiera en septiembre, cuando caduca también el mandato de Margarita Delgado, y el Banco de España quedaría entonces totalmente descabezado.
La mayoría de fuentes consultadas por elDiario.es matizan que lo que se está mirando realmente es si la gobernadora interina tiene o no derecho a votar en el BCE y que en ningún caso se pretende “una excepción”.
Pablo Hernández de Cos fue el último nombramiento del Gobierno del Partido Popular (PP) de Mariano Rajoy, en 2018, poco antes de la moción de censura que desembocó en el primer Ejecutivo del PSOE de Pedro Sánchez. Margarita Delgado fue ya elección del nuevo Gobierno. Y como tal ha sonado para saltar a gobernadora, pero, por lo mismo, parece una posibilidad remota ahora. También se habría alejado la opción de Ángel Ubide, cercano al presidente del Gobierno y que actualmente gestiona fondos de inversión en Wall Street (en Citadel), y que ya estuvo en las quinielas para ser ministro de Economía tras la marcha de Nadia Calviño al Banco Europeo de Inversiones (BEI), a finales de 2023.
Los nombres con más posibilidades son José Manuel Campa, que acaba de ser renovado como presidente de la Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés) y la vicepresidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Monserrat Martínez Parera. El primero fue secretario de Estado de Economía en lo peor de la gran crisis financiera, entre 2009 y 2011, y son numerosas las críticas a su gestión de entonces, sobre todo respecto a las cajas de ahorro y los bancos. La segunda es un perfil técnico, que conoce bien el Banco de España y la primera línea de las instituciones de nuestro país.
Entre ambos, se ha colado Óscar Arce, director general de Economía del BCE. Un perfil que podría servirse de la experiencia en la institución europea para tapar sus preferencias políticas (fue segundo de Miguel Sebastián en la oficina económica del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, entre 2008 y 2009) y ser llave de la negociación que es el centro de las preocupaciones, la del poder judicial.
El Gobierno de coalición ya sabe lo que es vivir con un gobernador del Banco de España elegido con el PP. En los últimos años, con la sospechosa excepción de un periodo de tregua en la recta final de su mandato, la institución ha funcionado de centro de análisis que ha reaccionado contra prácticamente todas las políticas económicas del Ejecutivo. Sobre todo, contra la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), contra la reforma laboral o contra la protección del poder adquisitivo de las pensiones, pese a que, con el tiempo, se ha demostrado que han sido buenas políticas.
El último gran choque ha sido el 'pulso' sobre la supuesta amenaza que significaba para los bancos el gravamen temporal por sus beneficios extraordinarios, pese a que la propia política monetaria es la que ha engordado más y más las ganancias del sector financiero, que, por su parte, no se ha cortado en elevar sus dividendos y sus recompras de acciones. Uno de los compromisos del Gobierno de coalición es convertir este gravamen temporal en permanente.
Pero las sucesiones en el Banco de España no son las únicas que podrían ser usadas de palanca para revolver la crisis del CGPJ. En lo que queda de año, el Gobierno tiene decidir numerosos cargos en organismos cruciales, relacionados con la supervisión de los mercados y las relaciones económicas.
Junto al nombramiento del gobernador del Banco de España, en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) se arrastra la designación de cinco consejeros cuyo mandato caducó en 2023, aunque siguen ejerciendo. Ese organismo es fundamental para la economía española porque se dedica a preservar el buen funcionamiento de los mercados tratando de evitar situaciones abuso de posición o acuerdos que contaminen la competencia entre empresas.
En diciembre, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV ), el organismo supervisor del los mercados bursátiles, tiene que renovar a su presidente, Rodrigo Buenaventura, y a su vicepresidenta, Montserrat Martínez, aunque ésta podía salir antes si se marcha al Banco de España.
Por último, faltan por nombrar el presidente y el vicepresidente de la Comisión Nacional de la Energía (CNE), de reciente creación y que se pondrá en marcha el próximo año. El restablecimiento de la CNE es uno de los proyectos del Ejecutivo que se propuso como objetivo recuperar este organismo eliminado por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2013 al ser fusionado en la CNMC.
En rueda de prensa, la entonces vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, y ahora eurodiputada, enmarcó la medida en el proceso de transformación y descarbonización de la economía y el sistema energético. La recuperación de la CNE estaba recogida en el acuerdo de gobierno que el PSOE y Sumar rubricaron el pasado octubre.
En un momento convulso para las noticias de economía, es más importante que nunca estar bien informado. Las repercusiones de cada movimiento de empresas, de la política económica de los gobiernos y su impacto en los ciudadanos, explicadas desde un punto de vista riguroso y diferente.