Sumar propone trocear las eléctricas para evitar abusos de mercado y crear un banco público con el ICO y Correos

El programa electoral de Sumar plantea un troceo de las compañías eléctricas para evitar abusos de mercado, al separar la actividad de distribución del resto, y recupera la propuesta de crear una empresa pública que asuma las concesiones hidroeléctricas a medida que venzan.

El documento presentado este jueves por la candidatura que lidera la vicepresidenta Yolanda Díaz presenta varias medidas para lograr la “reducción del poder del oligopolio eléctrico” y abaratar la electricidad. Entre ellas, reformar la Ley del Sector Eléctrico “para separar la actividad de distribución de energía eléctrica de las de generación y comercialización, evitando así conflictos de intereses y abusos de posición dominante”. Esto supondría el troceo de las grandes del sector, como Iberdrola, Endesa o Naturgy.

La formación promete también una reforma del mercado eléctrico mayorista “para sustituir el actual mecanismo marginalista y terminar así con los beneficios caídos del cielo, lo que permitirá el abaratamiento permanente del suministro eléctrico para hogares y empresas”.

Y recupera la idea de crear una empresa pública de energía “que incluya la gestión de las centrales hidroeléctricas, propiedad del Estado, según vayan finalizando las concesiones, estableciendo los mecanismos adecuados que permitan a las zonas afectadas por la instalación de estas centrales un mayor beneficio económico, como fórmula de compensación por la servidumbre soportada durante décadas”.

Cabe recordar que la próxima legislatura vencen más de 330 megavatios (MW) hidroeléctricos y otros 500 MW lo harán en los tres años que da la normativa para empezar a extinguir los permisos; y en esta década la suma alcanza el millar.

Para las subastas futuras que se realicen para fomentar la instalación de generación eléctrica renovable, Sumar plantea reservar “una cuota específica para instalaciones renovables promovidas por entidades locales, ciudadanas o cooperativas para el consumo eléctrico de proximidad”.

Para incentivar el ahorro y la eficiencia, “en ningún caso el término de potencia podrá representar más del 25% de la parte de la factura destinada a cubrir los costes regulados”. Y se reformará el bono social eléctrico y térmico “para que la solicitud y la renovación sean automáticas”.

El documento plantea “nuevos sistemas de control de precios” para evitar “espirales inflacionistas en mercados altamente concentrados”, poniendo como ejemplo la excepción ibérica.

Sumar quiere impulsar la política industrial “desde la perspectiva del Estado emprendedor, con un papel estratégico por parte de la Administración en su implementación y en la selección de sectores y proyectos”.

Plantea un plan nacional de transición energética para rehabilitar 500.000 viviendas al año, con una ley de tejados sociales para impulsar el autoconsumo colectivo; y la creación de un banco público de inversión, el Banco de Inversión para la Nueva Economía (BINE), en línea con modelos implantados en nuestro entorno similar, como el Kredintanstalt für Wiederaufbau (KfW) alemán, para impulsar la transición ecológica, la reindustrialización o la vivienda pública o protegida.

Asimismo, propone convertir a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales en una Agencia Industrial Pública que dependerá del Ministerio de Industria, y no de Hacienda. Y promete una reforma de la normativa de Competencia y deshacer la fusión de reguladores que dio origen a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en 2013.

Otras medidas económicas de Sumar:

Utilizar el ICO y Correos para crear un banco público y abaratar las hipotecas

Sumar prioriza en su programa electoral “contrarrestar” el poder de fijación de precios de los oligopolios empresariales y para hacerlo en el caso del sector financiero propone crear un banco público a partir del ICO (Instituto de Crédito Oficial) y de la red de oficinas de Correos. Los objetivo principales de esta entidad pública serían “rebajar el coste de las hipotecas” y llevar los servicios financieros también a la España vaciada.

La otra gran medida para aliviar la agresiva subida de los tipos de interés del BCE y, por tanto, del euríbor y de las hipotecas es “un bono de emergencia” de 1.000 euros. Esta mismo jueves, el Banco de España ha constatado que los bancos han duplicado el dinero que cobran a las familias por firmar una hipoteca en solo dos años. La institución calcula una escalada histórica del coste de los nuevos préstamos para adquirir una vivienda desde el mínimo del 1,4% de 2021 al 3,7% de abril, de media.

En el plano de la entrada del sector público en el sector financiero, proponen también la creación de un banco público de inversión, el Banco de Inversión para la Nueva Economía (BINE), apuntando a modelos similares en países como Alemania para impulsar la transición ecológica, la reindustrialización o la vivienda pública y protegida. Informa Daniel Yebra.

Vivienda: precios de referencia para alquileres y crear un parque público de 2 millones de inmuebles

El programa electoral de Sumar incluye medidas en materia de vivienda y alquiler que van más allá de la Ley de Vivienda en vigor desde finales de mayo. En concreto, busca establecer precios de referencia y mejorar la información sobre la situación real del mercado del alquiler. “Esta propuesta pretende mejorar el funcionamiento del mercado del alquiler de vivienda por dos vías. La primera de ellas es mejorar el conocimiento sobre la evolución de los alquileres estableciendo un pago mensual a cuenta en el IRPF del 0,1% de los ingresos percibidos por alquileres, para conocer con precisión casi censal y en tiempo real cómo evoluciona el precio de los alquileres en España”.   

Al mismo tiempo, Sumar propone “establecer unos precios de referencia para las zonas tensionadas equivalentes al 30% de la renta de los hogares que alquilan, eliminar las deducciones fiscales en el IRPF de los alquileres que se sitúen por encima del precio de referencia y establecer un recargo en el impuesto de sociedades para los fondos y empresas que alquilen viviendas por encima de los precios de referencia o los destinen a alquiler turístico”.  

Además, Sumar persigue que “en menos de diez años” exista “un parque residencial de viviendas sociales y asequibles para alquiler de dos millones de inmuebles, con un gasto sostenido del 1% del PIB de media”. “Este parque público es la clave estructural para garantizar el derecho a una vivienda adecuada y asequible, movilizando las viviendas vacías, aumentando la oferta pública mediante la compra de viviendas ya construidas o construirlas donde sea necesario”.   

Sumar reconoce que modificará, por tanto, la Ley de Vivienda “para incluir: el alquiler social obligatorio para grandes tenedores, la dación en pago, obligaciones de resultado para las Administraciones públicas en materia de vivienda alternativa frente a los desahucios, movilización de vivienda de la Sareb en coordinación con las comunidades autónomas, regulación efectiva de precios del alquiler y desarrollo de un régimen sancionador”, enumera. Informa Cristina G. Bolinches.

Subir el salario mínimo cada año por encima de la inflación

La confluencia de partidos de izquierda Sumar ha presentado su programa electoral en el que recogen como medida la subida de Salario Mínimo Interprofesional (SMI) por encima del Índice de Precios de Consumo (IPC) “para mantener la ganancia de poder adquisitivo de las personas que lo cobran” este sueldo. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), en España hay aproximadamente 3.2 millones de personas que ganan el salario mínimo, el 18% de la fuerza laboral total del país.  

La formación de izquierdas asegura que la subida del SMI que ha hecho el Gobierno de coalición en los últimos cuatro años “ha demostrado ser el mejor instrumento para combatir la pobreza laboral, la desigualdad y la brecha de género”.  

Además, añaden que “los incrementos del SMI deben servir para impulsar el crecimiento salarial general de nuestro país”. En este sentido, añaden que es necesario “favorecer el crecimiento real de los salarios, que aún no se han recuperado de la pérdida de poder de compra que sufrieron con la crisis financiera. En España, los salarios son bajos, con una media de 21.600 euros, un nivel que no se corresponde con ser la cuarta economía europea”.  

Para ello, en la próxima legislatura “debe abordarse el incremento real de los salarios en el marco del diálogo social y en la negociación colectiva, y seguir reforzando el poder de negociación individual y colectivo de las personas trabajadoras”. Informa Rodrigo Ponce de León.

Subir el IRPF a rentas altas, gravar más el ahorro de los ricos y eliminar deducciones a grandes empresas

En el paquete de medidas fiscales ya se conocía su propuesta de hacer permanente el impuesto a las grandes fortunas con tipos que alcancen el 4% para los patrimonios más altos. Ahora conocemos también un aumento del IRPF para las rentas más altas, que alcanzará el 52% para aquellas que superen los 300.000 euros. Además, plantea continuar a la igualación de las rentas de ahorro, ampliando al 30% el tipo para las más altas.

La candidatura que encabeza Yolanda Díaz plantea un aumento de la tributación de las grandes empresas. Propone que el mínimo del 15% en Sociedades sea sobre beneficio y no sobre base imponible, como aprobó el Gobierno de coalición. Además propone reducir la compensación por pérdidas de otros ejercicios, que reducen la tributación o eliminar deducciones. También incluyen la eliminación de las ventajas fiscales de las sicav y las socimi.

Completa la propuesta fiscal de Sumar el mantenimiento de los impuestos a la banca y energéticas, un aumento de la fiscalidad “verde” o una reforma del IBI. Informa Diego Larrouy.

Regular los intereses de los depósitos bancarios y recortar comisiones

Sumar recoge en su programa electoral la creación de un “mecanismo para vincular los intereses de los depósitos a los intereses de los préstamos” bancarios. De esta forma, los de Yolanda Díaz pretenden impedir que las subidas de tipos del BCE provoquen un encarecimiento de las hipotecas pero no una mayor remuneración de los ahorradores.

La coalición de izquierdas argumenta además que la citada subida de tipos ha hecho que los bancos ya estén “obteniendo importantes beneficios prácticamente sin necesidad de conceder créditos”, por lo que quiere “limitar” las comisiones que cobran a sus clientes. Sumar asevera que estas han crecido en los últimos tiempos como consecuencia de que “el sector financiero es uno de los más concentrados” y adolece de “falta de competencia”. Informa Carlos del Castillo.

Fomentar una red alternativa pública de distribución de alimentos

Sumar lleva el “fomento de una red alternativa pública de distribución de alimentos” que supondrá la “la articulación de una red alternativa de distribución de alimentos basada en criterios sociales y agroecológicos con precios justos para los productores y las productoras, y consumidores y consumidoras, y atendiendo a criterios de accesibilidad territorial”. Explica que “podrán vincularse a esta red de forma voluntaria todas aquellas iniciativas productivas que tengan un enfoque de sostenibilidad”.

Propone también el “impulso de mercados de agricultores y de la venta directa de productos, tanto en explotaciones como en puntos de venta específicos” y el “uso de equipamientos públicos de proximidad (economatos cooperativos, centros de distribución de alimentos para redes asociativas, entre otros) en los que se pueda disponer de cocina y comedor 66 colectivos y que pudieran vincularse a despensas comunitarias y a redes de distribución alternativa de alimentos agroecológicos”. Informa Cristina G. Bolinches.

Limitar el uso del avión privado y una tasa para viajeros frecuentes

Sumar incluye en su programa electoral la limitación del “uso de los jets privados”. También, aplicar “una tasa creciente sobre los viajes frecuentes en avión que entraría en vigor a partir del segundo vuelo anual”.  

“Eliminaremos los privilegios fiscales del avión e implementaremos una tasa al combustible de la aviación para evitar el dumping económico de este medio en relación a los terrestres”, recoge el programa. Asimismo, aboga por restringir “las ampliaciones innecesarias e insostenibles de los aeropuertos” y transferir “las competencias de gestión de puertos y aeropuertos de los diferentes territorios del Estado, para que la gestión sea conjunta con las ciudades en las que se encuentran y cuente con financiación y una actualización de las inversiones”.  

En paralelo, propone “una racionalización del transporte aéreo, incrementando la oferta de transporte público ferroviario y por carretera y limitando los vuelos en distancias que pueden ser fácilmente sustituibles por tren. Asimismo, potenciaremos el tren nocturno y la conexión internacional y multimodal en puertos y aeropuertos”, desglosa el documento publicado este jueves. Informa Cristina G. Bolinches.

Impulsar las “ciudades de los 15 minutos”

El programa electoral de Sumar incluye el desarrollo de las “ciudades de los 15 minutos”. “Legislaremos para que las nuevas planificaciones urbanas planteen ciudades de distancias cortas a pie y en bicicleta, de manera que todos los barrios tengan los mismos derechos garantizados: servicios públicos (escuelas infantiles, colegios, espacios deportivos y centros de salud), comercio local y espacios de ocio (calles con arbolado, parques y jardines). Se invertirá en la infraestructura necesaria para potenciar al máximo la movilidad activa (redes ciclistas, peatonales, reverdecimiento o calidad estancial”, enumera.  

Y habla de “territorios de los 30 minutos”. Bajo estos, propone garantizar la financiación de servicios de movilidad suficientes para que “la dotación de servicios públicos en el conjunto del territorio esté disponible en un tiempo de viaje inferior a los 30 minutos”, con especial atención “a las peculiaridades tanto de las áreas metropolitanas como de la España vaciada”.  

En materia de transporte, Sumar propone redirigir “las inversiones ferroviarias de alta velocidad a Cercanías, así como a las líneas de ferrocarril convencional, para, al menos, triplicar la inversión anual en esta red estatal en los próximos cuatro años, con el objetivo de solucionar los problemas actuales de la infraestructura, ampliar las redes existentes y garantizar la financiación para mejorar las frecuencias y la calidad de los servicios”. Informa Cristina G. Bolinches.

El Estado debe desarrollar todas sus herramientas digitales con personal propio y software libre

 El programa de Sumar apunta directamente al negocio que las grandes consultoras han encontrado en las políticas digitales del Gobierno en los últimos años, haciéndose con cada nuevo desarrollo tecnológico a través de concursos públicos. “Es esencial que las Administraciones públicas desarrollen sus propias tecnologías, creen protocolos comunes y contraten a personal técnico propio en lugar de externalizar todos los procesos de digitalización a consultoras o grandes tecnológicas”, reza el texto.

Los de Yolanda Díaz afirman que su política digital girará en torno al código abierto y la “soberanía tecnológica”, utilizando “el software libre en todas las herramientas y servicios digitales, buscando hacerlos más robustos, seguros, escalables y sostenibles”. Prometen que todos los concursos públicos relacionados con la tecnología digital estará condicionado a que ese desarrollo se haga con código abierto.

El programa también hace hincapié en el uso de los datos. Sumar quiere crear “un organismo público que garantice la protección de los derechos individuales y colectivos, así como el retorno colectivo” del valor de esos datos, impidiendo que empresas privadas lo acaparen. En esta línea, plantean promover a su vez los “centros de datos e inteligencia artificial de carácter público que recojan datos en tiempo real y ayuden a analizar y diseñar políticas públicas”. Informa Carlos del Castillo.

No se podrá despedir a trabajadores por sus publicaciones en redes sociales

El programa electoral de Sumar recoge la creación de un nuevo derecho de los trabajadores para que “nadie pueda ser sancionado o despedido por el contenido recogido en sus redes sociales”. La coalición de izquierdas lo ha denominado como el “derecho a la indemnidad por la utilización de redes sociales”.

Entre las consecuencias de este derecho, Sumar explica que las publicaciones en estas plataformas o las opiniones que se viertan en ellas tampoco podrán ser tenidas en cuenta dentro de los procesos de selección o contratación para nuevos puestos. Informa Carlos del Castillo.