Suprimir la excepción ibérica como promete el PP dejaría a los hogares desprotegidos si el gas vuelve a dispararse

La propuesta del PP de eliminar la denominada solución ibérica posiblemente no tendrá consecuencias prácticas para el consumidor de electricidad. Eso, siempre que los precios del gas no vuelvan a descontrolarse. En ese caso, los hogares quedarían desprotegidos. Especialmente, los más vulnerables, para los que el PP además planea eliminar el actual bono social y sustituirlo por una ayuda directa inspirada en la que pide el think tank de la patronal de la CEOE.

El mecanismo ibérico lleva meses sin entrar en funcionamiento. De cumplirse las previsiones actuales de precios del gas, esta situación se va a mantener hasta final de año, cuando en principio expira. “La probabilidad de que tenga que aplicarse de aquí a fin de año parece muy baja”, indica el ingeniero eléctrico José Luis Sancha, especialista en el sector y autor del libro “Presume de entender (a fondo) las facturas de la luz y del gas”.

El programa electoral de los populares dice que “se evitarán las medidas excepcionales, eliminando las existentes, que intervengan el mercado mayorista eléctrico”. Aseguran que esta política “ha provocado inseguridad regulatoria y restado atractivo a España para la llegada de inversiones energéticas”. Esta afirmación contrasta con los informes de distintas consultoras especializadas como Aurora Energy: el pasado 22 de junio situó a España como el segundo país más atractivo de Europa para invertir en energía solar, solo por detrás de Alemania.

El tope al gas es un sistema ideado por el actual gobierno para que las subidas exponenciales del gas provocadas por la guerra en Ucrania dejaran de contaminar los precios de la electricidad. Estos se fijan por un sistema marginalista (la última tecnología que casa oferta y demanda fija el precio de la energía). Fue una forma de evitar que las tecnologías denominadas inframarginales (como la nuclear o las renovables) tuvieran beneficios extraordinarios por las disparatadas subidas del gas.

La solución ibérica, arrancada por los gobiernos de España y Portugal a la Comisión Europea tras duras negociaciones, inicialmente expiraba en mayo y se prorrogó hasta diciembre. La vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, era partidaria de mantenerla hasta 2024 si para entonces no estaba en vigor la reforma eléctrica a escala europea que actualmente se está negociando en Bruselas.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, es partidario de una reforma en la UE mucho menos agresiva que la que ha planteado el actual gobierno, y lleva meses reclamando la supresión del tope al gas, que llegó a calificar de “timo” y que las compañías eléctricas trataron de tumbar en Bruselas antes de que entrara en vigor.

5.000 millones de ahorro

El mecanismo, según distintas estimaciones, ha logrado reducir de media el precio en el mercado mayorista entre un 20% y un 30%, ha recortado hasta medio punto de inflación en 2022, según el Banco de España, y ha tenido especial incidencia entre las rentas más bajas. El Gobierno estima que ha ahorrado más de 5.000 millones de euros a los consumidores que se han beneficiado de él.

Esta salvaguarda lleva meses sin aplicarse, tras la moderación de los precios del gas. La prórroga hasta diciembre introdujo una nueva senda de precios del gas a partir de los cuales se activaría, algo más baja que la pactada inicialmente. Para este mes, el umbral es de 59,4 euros por megavatio hora (MWh). Este precio casi duplica los 34 euros en los que cotiza actualmente el gas en el mercado ibérico Mibgas.

De cara a final de año, cuando la demanda de gas aumenta y puede volver a haber sustos con su cotización, el tope se situaría en 65 euros/MWh en diciembre, por encima del precio al que apuntan actualmente los futuros del Mibgas para el invierno (45 euros) o los del mercado holandés TTF para el último mes del año. Como señala una nota de Tempos Energía publicada este miércoles, una de las claves de que no haya nuevas subidas es que Asia “no incremente su demanda más de lo esperado” en los próximos meses.

Una de las razones para que la solución ibérica no se esté activando desde febrero, además de la caída del consumo de gas y una climatología favorable, es que la UE ha hecho los deberes con el llenado de sus almacenes. Están al 78%, un nivel similar al de 2020. En el caso de España están al 98%, el nivel más elevado de todo el continente, según datos de Gas Infrastructure Europe (GIE).

Como resume el consultor Francisco Valverde, responsable de Renovables de Menta Energía, para que la solución ibérica volviera a entrar en funcionamiento “tendría que ponerse el gas al doble de lo que está ahora. Y dudo mucho que se llegue a esas cifras”. Entretanto, no deja de ser un escudo para proteger al consumidor de episodios extraordinarios que, a la vista de la experiencia de los últimos años, tampoco pueden descartarse de plano.

En un extenso informe que acaba de publicar Bank of America sobre la situación del gas en Europa, su responsable global de materias primas y derivados, Francisco Blanch, alerta sobre los riesgos del mercado del gas en Europa. “Sigue siendo barato, pero propenso a sufrir shocks”, explica. “En abril, Europa parecía destinada a alcanzar los inventarios completos 1-2 meses antes de lo previsto, a menos que la demanda comenzara a recuperarse o se produjeran más interrupciones en el suministro. En la actualidad, los inventarios gozan de muy buena salud desde una perspectiva estacional, aunque son ligeramente inferiores a lo previsto debido, en parte, a las interrupciones de la producción”.

La entidad advierte de que “la dinámica de la oferta y la demanda puede ser impredecible y tiene el potencial de dejar a Europa con un almacenamiento insuficiente antes del invierno”. “Los datos hasta junio sugieren que los patrones de consumo aún no se han normalizado, aunque los precios seguirán proporcionando alivio y la relación temperatura-demanda podría empezar a invertirse a medida que se acercan el otoño y el invierno, lo que crearía un equilibrio más ajustado en Europa y en otros lugares”, advierte Blanch, que apunta también a los impactos de la climatología: “Las temperaturas en Europa y el resto del mundo fueron suaves el pasado invierno, lo que evitó el peor escenario posible para el mercado del gas. Un clima más cálido de lo normal este verano aumentaría la presión sobre el sector eléctrico, pero la atonía general de la demanda de electricidad, probablemente derivada de la débil actividad económica, debería dar un respiro a los proveedores de electricidad si aumenta la demanda de refrigeración”.

“El invierno plantea un riesgo más grave, ya que el gas se utiliza directamente para calefacción en los sectores residencial, comercial e industrial. Un invierno normal podría aumentar la demanda de gas en más de 5 Bcm anuales, mientras que un clima más frío podría ejercer mucha más presión sobre los balances de gas. Además, si la demanda ajustada al clima vuelve a la relación observada durante 2017-1S22, Europa se quedaría corta de suministros de gas, lo que provocaría otro repunte de los precios”.

Por lo pronto, el gas está a años luz de los niveles récord de más de 300 euros/MWh que llegó a alcanzar tras la invasión de Ucrania. Aunque en las últimas semanas su cotización ha registrado subidas por la prolongación de los trabajos de mantenimiento de la red noruega y tras confirmar Países Bajos que cerrará este año el yacimiento de Groningen, el mayor de Europa. Por eso en junio el precio medio del mercado mayorista eléctrico en España subió un 25% respecto a mayo, hasta 93 euros/MWh, aunque un 57,5% por debajo del nivel de un año antes, cuando empezó a operar el tope al gas.

Francisco Valverde cree que el mecanismo ibérico ha sido “muy beneficioso para España y para los consumidores”. Y en el caso improbable de que llegara a aplicarse, “volvería a ser bueno” para ellos, si bien no es “la panacea” para evitar subidas de la factura eléctrica. La promesa del PP es, en su opinión, “postureo” para contentar a quienes han criticado esta medida en el último año.

Un cheque a los vulnerables

Cabe preguntarse qué ocurriría con los consumidores vulnerables si el gas se disparase, la solución ibérica fuera derogada y se materializara la idea del PP de suprimir el bono social, los descuentos para hogares desfavorecidos que costean las energéticas y contra los que las eléctricas llevan años pleiteando. Su programa plantea sustituirlo por “un Bono Social Único (BSU), como un pago directo al consumidor”, que aseguran mejoraría a los existentes, que podrá tenerse aunque no se está acogido a la tarifa de la luz.

El documento no detalla cómo se financiaría, un aspecto clave: el bono social nunca ha sido una cuestión pacífica y las eléctricas han pleiteado contra la obligación de costearlo desde su puesta en marcha en 2009. Ahora, el Tribunal Supremo acaba de instar al Gobierno a que abone a Endesa, Naturgy e Iberdrola los más de 320 millones que se les adeuda por tras haber declarado ilegal el mecanismo de financiación de estas ayudas.

La del PP es una propuesta que recuerda a lo que acaba de proponer el think tank de la CEOE en un estudio con varias falsedades sobre estos descuentos. El Instituto de Estudios Económicos (IEE) acaba de pedir una ayuda directa, costeada por los presupuestos, “en forma de un cheque anual/mensual, calculado para compensar un determinado nivel de consumo eléctrico acorde con las características de cada grupo familiar”.

Sobre esta propuesta, una reciente nota de la Fundación Isadora Duncan, entidad con un conocimiento directo de la pobreza energética, advierte de que un cheque único “no vinculado a la energía” conllevaría “la generación de deudas que podrían empeorar la efectividad de la medida”. Su cobro “podría estar vinculado a cuentas bancarias en las que se cobren comisiones, se exijan certificados o documentación por la que esas entidades financieras requieran un pago”, con el riesgo de que “no llegue de manera íntegra”.

En su programa, los populares también dicen que van a obligar a las comercializadoras “a estandarizar una amplia oferta de productos en el mercado libre (con precio estable, discriminación horaria, cuotas fijas, cuotas planas) para todos los clientes en baja tensión”. Y recogen su promesa ya anunciada de alargar las nucleares. Materializarla requeriría de una rebaja de los gravámenes que, según las propietarias de las centrales, les aboca a pérdidas. Esa prórroga nuclear dejaría menos hueco a la generación renovable. Esto multiplicaría las paradas de instalaciones de energía limpia si la demanda no acompaña.

Los populares dicen que quieren convertir a España en “superpotencia energética” y prometen desbloquear el atasco de permisos de renovables mediante una “tasa por hito” que, con cargo al promotor del proyecto, “financie el incremento de los medios necesarios para que la Administración agilice la gestión de los expedientes, evitando el colapso burocrático”. 

El Gobierno señala que esa tasa “ya existe” a través de la tasa conocida como 054 por servicios prestados por órganos del anterior Ministerio de Industria y Energía, creada por dos decretos franquistas, el 661/1960 y el 663/1960, firmados por Carrero Blanco, que se fusionaron en el RDL 26/77, y desde entonces no se ha actualizado.

Esta tasa grava los servicios prestados por la Administración en la tramitación de las instalaciones y se abona por la gestión de la Autorización Administrativa Previa (AAP), la Autorización Administrativa de Construcción (AAC) y la Autorización Administrativa de Explotación (AAE) de los proyectos, hitos clave de la tramitación, y se paga al presentar la solicitud.

El Ministerio de Administraciones Públicas tiene atribuida la competencia de gestión y recaudación, de acuerdo con un decreto de 1997. El importe de la tasa es proporcional al presupuesto del proyecto y se abona en cada una de las autorizaciones. Para un proyecto de 50 millones de euros, se eleva a unos 9.000 euros.

Según el Ministerio para la Transición Ecológica, “la tasa ha sido suficiente para tramitar los proyectos de renovables hasta ahora, en que ha habido problemas puntuales, para los que se han contratado los servicios externos de Tragsatec”.

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