El supuesto tesoro del fracking español, los depósitos de gas no convencional que, según algunos estudios preliminares, albergan algunas zonas del subsuelo del país, y que podrían extraerse con esa polémica técnica, no solucionará esta crisis energética, coinciden diferentes expertos.
La ultraderecha ha echado mano de este asunto en los últimos días para defender su idea de “la soberanía energética”. El miércoles, el líder de Vox, Santiago Abascal, calificaba en la tribuna del Congreso la Ley de Cambio Climático aprobada hace algo menos de un año por el Parlamento como “el suicidio de España”.
Esa ley, que Vox rechazó (el PP se abstuvo) prohibió el fracking, práctica que llevaba años descartada en España, en “un gigantesco acto de traición a los españoles que ha conducido a la destrucción de nuestro bienestar y a la generación de pobreza”, dijo Abascal.
“Han hecho que los españoles dependan de países hostiles para lo más básico”, aseguró el político ultra, cuya formación arremete contra “el fundamentalismo verde” del Gobierno y defiende construir centrales nucleares en España.
El líder de la formación de extrema derecha echaba mano de las invocaciones a esa soberanía energética tras conocerse el dato de inflación de marzo, ya al borde del 10%. Horas después, la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, reconocía en el Congreso que la situación energética en Europa es “terriblemente complicada”, tras declarar Alemania y Austria una prealerta por un posible corte del suministro del gas ruso, del que esos países tienen una fortísima dependencia, a diferencia de España, que cuenta con la mayor red de regasificadoras de Europa.
Son tiempos convulsos y la crisis energética provocada por la guerra en Ucrania ha propiciado posiciones impensables hace meses. La Comisión Europea ha abierto la puerta a una excepción ibérica para poner un tope al gas y abaratar el recibo de la luz, con una propuesta que limita el precio a 30 euros que se ha hecho pública este jueves; Ribera está ahora dispuesta a que se construya un nuevo gasoducto con Francia descartado hace años para convertir a España en una suerte de almacén de gas en el sur de Europa. Y se analiza otro tubo que conecte Barcelona e Italia, en un momento en el que la relación con Argelia (tradicional proveedor clave de gas a España) se ha tensado por el cambio de posición de Pedro Sánchez sobre el Sahara.
Otra gran paradoja de estos días es que, para reducir su dependencia de Rusia, los socios de la UE han pactado aumentar un 68% de las importaciones de gas natural que Estados Unidos obtiene a partir del fracking. Una técnica que Europa (no solo España) rechaza de forma mayoritaria y que ha permitido convertirse a EEUU en el mayor exportador mundial de gas natural licuado (GNL, que puede transportarse por barco).
Gracias al maná del shale gas y a una normativa medioambiental de una laxitud impensable en Europa, en Estados Unidos, que desde este año es el primer proveedor de gas a España, esta materia prima se paga a unos 18 euros por megavatio hora (MWh), frente a los más de 100 euros que le cuesta importarlo a Europa. Al otro lado del Atlántico ya hay voces que cuestionan la construcción de más plantas de licuefacción para llevar el GNL a Europa. Exigen mantener los precios del gas local desacoplados de los del resto del mundo, por la ventaja competitiva que otorga a sus empresas.
Una cuestión a la que hacía referencia el pasado 25 de febrero, nada más estallar la guerra de Ucrania, el presidente de CEOE, Antonio Garamendi. El líder de la patronal hacía esta reflexión antes de emplazar “a pensar qué hacer para que nuestras empresas sean competitivas”: “En España parece que tenemos miedo al fracking, pero igual habría que pensar por qué tenemos que tener tanta dependencia energética. Francia no la tiene y aquí las centrales nucleares las hemos cerrado”, llegaba a asegurar, pese a que la última central que se clausuró (Garoña) lo hizo por decisión de sus propietarias, Iberdrola y Endesa.
Garamendi, que presidió la comisión de Energía de CEOE, siempre ha sido partidario de explotar las posibilidades del fracking en España: “En principio, de entrada, sí”, decía en 2014 en TVE.
Pero, de no haberse aprobado esa reciente Ley de Cambio Climático que Abascal califica de “suicidio”, ¿bastaría con pinchar los pozos que supuestamente albergan en España ingentes reservas de gas para empezar a tener esa materia prima disponible?
Habla Ángel Cámara, decano presidente del Consejo Superior de Colegios de Ingenieros de Minas y codirector de un informe que en 2013, basándose en datos preliminares, aseguraba que España podría explotar mediante el fracking reservas de gas equivalentes a unos 40 años de consumo: “Si cambiamos toda la legislación, permitimos hacer toda la exploración y posterior explotación, estaríamos hablando de que para tener el primer gas puesto en superficie igual estaríamos hablando de doce años. A esa fecha, a saber en qué situación estamos, cómo se ha avanzado en la descarbonización…”, resume a elDiario.es
“Aunque te pusieras a hacer ahora una inversión en fracking, hasta la década del 30 no tendrías nada. No tiene ningún sentido que esto sea solución alguna a la crisis energética”, dice Pedro Fresco, director general de Transición Ecológica de la Generalitat Valenciana. Firme defensor de las renovables, recuerda que esa apuesta por el fracking va en contra de toda la política energética de la UE, que ha apostado por la energía limpia, para la que España tiene condiciones privilegiadas por su abundancia de sol y viento.
Pese a las estimaciones que vuelven a circular estos días, no hay datos fehacientes de cuánto gas alberga el subsuelo español. La previsión más optimista es una evaluación preliminar que realizó en 2013 la firma Gessal por encargo de la Asociación Española de Compañías de Investigación, Exploración, Producción y Almacenamiento de Hidrocarburos (ACIEP). Este lobby estuvo activo hasta 2020. Lo presidía Margarita Hernando, que de 1990 hasta 2006 fue directora de Servicios Legales de Repsol.
A partir de ese estudio, Aciep encargó luego a la consultora Deloitte un informe de impacto económico con unas conclusiones muy optimistas: afirmaba que esta actividad podría generar 260.000 empleos en España en 20 años. Pero se basaba no en reservas probadas, sino de lo que en el argot del sector se denominan recursos. Según ese estudio, el país contaba con una estimación media de recursos de gas no convencional de 2026 bcm (miles de millones de metros cúbicos de gas), equivalentes a unos 50 años del consumo de España. Las mayores expectativas, afirmaban, se situarían en la Cordillera Vasco-Cantábrica, con cerca de la mitad del total.
Como recuerda Paula Canteli, del grupo de geoenergía del Instituto Geológico y Minero de España (IGME), es probable que al final el total de reservas se quedase, como mucho, en la mitad de esas cifras. “O incluso un 10% o un 5% de lo estimado inicialmente”. Esta ingeniera de minas subraya que la Ley de Cambio Climático “dice que no se puede explorar” y “nos quedamos con el interrogante de si de verdad tenemos volumen suficiente para poder autoabastecernos”. “Que no te dejen saber lo que hay me parece sorprendente”, critica.
Los riesgos
El gas no convencional es más caro de extraer al encontrarse en un lecho de pizarra y en pequeñas bolsas a kilómetros de profundidad. La palabra fracking describe la tecnología que se utiliza para extraer petróleo o gas con esa técnica, la fractura hidráulica: romper la roca madre donde se generan los hidrocarburos inyectando grandes cantidades de agua, arena y sustancias químicas en el subsuelo, provocando pequeños movimientos sísmicos. Ahí, dicen sus detractores, están los riesgos que entraña para la salud humana y el medio ambiente, como la contaminación de los acuíferos subterráneos –ya en situación crítica en España–, y que los productos químicos utilizados, perjudiciales para la salud, se incorporen a la cadena alimentaria.
Unos riesgos que recogía un informe elaborado en 2013 por el IGME, un organismo público de investigación, y que el Ministerio de Medio Ambiente que entonces dirigía el popular Miguel Arias Cañete decidió guardar en un cajón, como reveló en 2014 elDiario.es. Los defensores del fracking afirman que, con garantías, esos riesgos están bajo control, a costa de encarecer la extracción. El umbral de rentabilidad de esta técnica se sitúa, en el caso del crudo, a partir de los 50 dólares por barril, frente a los casi 140 dólares que ha llegado a alcanzar con la invasión rusa el Brent, de referencia en Europa.
Pero son cifras orientativas, advierte Pedro Fresco: “Depende de cómo sea el pozo. Al final hay que tener en cuenta que EEUU es una potencia petrolera y sobre los pozos que ya estaban consumidos, con las nuevas técnicas de fractura hidráulica consiguió sacar petróleo y gas que estaba más abajo que la roca madre”. España, en cambio, “no ha sido nunca un país petrolero. Intentar vender que en España puede ser algo parecido a lo que es en Estados Unidos es un disparate”.
“Al final, eso murió solo porque sacar fracking en España a los precios normales del gas no era rentable. En el fondo, a nadie le interesaba. Y ahora tampoco lo va a hacer porque cuando pudiera estar activo, ¿cuáles van a ser los precios? Si van a ser otra vez de 20 euros/MWh [el precio de hace un año], no lo serán”, dice Fresco.
El anuncio de Patxi López
El interés del público por esta técnica en nuestro país tiene su inicio en octubre de 2011, cuando el entonces lehendakari vasco, el socialista Patxi López, anunció desde Dallas (Texas), una de las cunas de la fractura hidráulica, que había “indicios más que razonables” de que Álava albergaba en su subsuelo unos depósitos de gas que cifró en 184 de bcm, unos 6 años del consumo de España.
El Gobierno de Euskadi llegó a autorizar dos sondeos en los que participaba la empresa pública vasca Shesa que acabaron paralizándose por el fuerte rechazo social. Esta semana, la consejera vasca de Economía, Arantxa Tapia, insistía en que el debate sobre extraer gas en Subijana (Vitoria) “está cerrado”. En este caso, se trata de un proyecto de gas convencional.
El empujón a la miniburbuja ibérica del fracking llegó poco después del anuncio de López. Mariano Rajoy aterriza en Moncloa y, con José Manuel Soria como ministro de Industria, el Gobierno del PP empieza a dar pasos para incentivarlo. Introduce algunos cambios legales, como incluirlo en diciembre de 2013 en la Ley de Evaluación Ambiental o reformar la Ley de Hidrocarburos. En esos años se solicitaron cerca de un centenar de permisos. Pero crece la oposición social y varias comunidades autónomas (Cantabria, Euskadi, Baleares, Castilla-La Mancha o La Rioja) acaban vetándola. Pero el Ejecutivo popular no concedió una sola autorización. Tampoco la junta de Castilla y León, histórico feudo del PP.
A la aversión al fracking también contribuyó algún evidente conflicto de interés: uno de esos informes teóricamente independientes, el que en 2013 presentó el Colegio de Ingenieros, estaba firmado por un catedrático ya fallecido, Fernando Pendás, que era socio de una empresa con varios permisos de investigación solicitados. “Era una persona íntegra donde las hubiese y yo estoy seguro de que no anteponía intereses económicos al interés científico”, defiende el decano de los ingenieros y codirector de ese informe. “Era una mente privilegiada” que “iba muy por delante del resto”, dice por su parte su ex alumna Paula Canteli, del IGME.
La burbuja terminó de estallar a partir de la debacle de los populares en las elecciones autonómicas y municipales de 2015 y la coyuntura internacional y los bajos precios del petróleo de los años siguientes hicieron el resto. Ahora, con la invasión rusa y la mayor crisis energética desde los 70, ha vuelto a la palestra. Pero incluso sus defensores creen que no hay vuelta atrás. El decano de los ingenieros de minas cree que el Gobierno “se precipitó” con el veto a las prospecciones. Pero reconoce que esta corriente en contra venía “de mucho antes de la Ley de Cambio Climático”, con la oleada de legislaciones contrarias en varias comunidades autónomas.
“Lo ideal hubiera sido no plantear esta eliminación de las prospecciones de gas, carbón, hidrocarburos o recursos radiactivos, porque en este momento hacen falta. Pero probablemente dentro de 20 años no serán necesarios. Y para tener una rentabilidad de solo cinco años probablemente ninguna empresa privada se atrevería a meterse en una cosa de ese tipo”, dice Ángel Cámara. Con el objetivo europeo en el horizonte de cero emisiones para 2050, “cuando empiece a producir estará usted en 2035 y probablemente para entonces este periodo de transición ya ha pasado”, señala el decano de los ingenieros de minas, que subraya que “se acepta gas y nuclear en la taxonomía verde de la UE porque es evidente que son necesarios”.
Para el director general de Transición Ecológica del gobierno valenciano, este intento de resucitar el “zombi” del fracking “es un puro fuego de artificio dentro de una guerra cultural disparatada de la extrema derecha, seguida por la derecha, contra la política energética no de este, sino de cualquier gobierno que tenga España”.