El colectivo del taxi batalla en varios frentes contra lo que consideran amenazas para la viabilidad del sector. Por un lado, la petición de Competencia al Ayuntamiento de Córdoba para que anule o cambie varios puntos de su ordenanza municipal ha sido interpretado por el colectivo en clave nacional y ya habla de que este es el primer paso para una “liberalización” del taxi. Esa nueva batalla se suma a la lucha permanente contra aplicaciones como Uber y las últimas reivindicaciones de algunos colectivos de taxistas respecto a la reforma del Reglamento de Ordenación de los Transportes Terrestres.
Además, en el caso de Madrid tras la presentación de un plan de anticontaminación por parte del Ayuntamiento, la Federación Profesional del Taxi de Madrid se muestra a favor de los planes de cortes de tráfico en la ciudad siempre y cuando se dé prioridad al transporte público, incluido el taxi. En conjunto, un totum revolutum que tiene al gremio en situación de alerta.
Competencia ha pedido la modificación o derogación de 14 puntos de la ordenanza que regula el servicio de taxi en Córdoba. Frente a este movimiento, el colectivo se ha movilizado porque en su opinión puede acabar afectando al sector a nivel nacional. Así, asociaciones de taxistas de otros puntos de España han acudido a Córdoba a la manifestación organizada allí para apoyar a Auttacor, la asociación de profesionales que ha pedido al Ayuntamiento de la ciudad que mantenga la actual redacción de la normativa.
Con una asistencia de 2.000 vehículos, más las personas que encabezaban a pie la manifestación, Julio Sanz, presidente de la Federación Nacional del Taxi considera que este movimiento ha sido “un éxito”, más si se tiene en cuenta que la ciudad cuenta con 509 licencias por lo que el resto de vehículos se ha movilizado desde otros puntos de España. “No es solo un hecho a nivel local, todo lo contrario. Crea un precedente a nivel nacional. Si la CNMC saca adelante esto, sería un precedente para la desregulación de todas las ordenanzas”, dice.
Desde Competencia explican que lo que ha hecho el organismo es un requerimiento para que se modifiquen catorce puntos de la ordenanza o se suprima la misma. Este es el primer paso antes de que se emprendan acciones legales, dado que si no se realizan los cambios solicitados, comenzaría un proceso por la vía contencioso administrativa. Esta regulación fue aprobada por al anterior equipo de Gobierno del Ayuntamiento de la ciudad. Competencia pide ahora que se modifiquen artículos relativos a licencias, exigencia de mínimos en la calidad y seguridad, y sobre las tarifas de los servicios.
Sanz asegura que este movimiento de Competencia se debe a que “grandes lobbies” utilizan a la CNMC para esta liberalización del sector. Sin embargo, según fuentes conocedoras de cómo ha sido el proceso, la petición de la CNMC vendría motivada por una denuncia de otra asociación de taxistas de la ciudad.
Los taxistas mantienen que con la modificación de la normativa de Córdoba se abriría la puerta a que esto pueda ocurrir en otras ciudades. La CNMC explica que la ordenanza de la ciudad va en contra de la Ley de Unidad de Mercado aprobada en 2013 por lo que solamente podría afectar a aquellas normativas aprobadas o modificadas a partir de esta fecha.
La lucha contra Uber
Los taxistas mantienen su pulso contra la aplicación Uber desde que esta comenzara a operar en 2014, primero en Barcelona y posteriormente en Madrid. Las diferentes asociaciones iniciaron una serie de movilizaciones para conseguir que un juez ordenara el cierre de la aplicación en España. Ahora buscan que Bruselas se posicione después de que la Comisión Europea pidiera información a España sobre la situación en la que se encuentra la prohibición tras la petición por parte de los taxistas españoles a la comisaria de Transportes Violeta Bulc de que no se cambie la legislación vigente y se prohíba a la empresa estadounidense que opere en la UE.
En el resto de Europa, la situación de la aplicación varía en función de los países. Francia es uno de los lugares donde el tema ha sido más espinoso. En 2014, la ley Thévenoud prohibió las operaciones de la aplicación en el país aunque el tribunal de apelaciones galo cuestionó posteriormente esta medida. A finales de junio de este año, los taxistas franceses se movilizaron masivamente contra la aplicación.
El 16 de septiembre, los taxistas europeos se manifestarán en Bruselas contra Uber. La Federación Nacional del Taxi español explica que tras esta movilización el sector se reunirá con la representante europea del transporte para ver cuál es la postura comunitaria. Si esta no convence a los taxistas, el colectivo no descarta más movilizaciones.
Un aviso a Carmena
Otro de los frentes de lucha del sector se encuentra en las nuevas medidas de movilidad que ha anunciado el Ayuntamiento de Madrid con motivo de la Semana Europea de la Movilidad. La Federación Profesional del Taxi de Madrid apunta que se muestra a favor de los cortes de tráfico planteados si se da prioridad al transporte público, en el que incluye al taxi. Solicita también al gobierno de Manuela Carmena la creación de una “Mesa de Movilidad” para la elaboración del nuevo plan integral que el Ayuntamiento ha anunciado con el objetivo de reducir la contaminación en la capital española. Según la federación, esta mesa de trabajo “debe estar compuesta por todos los sectores implicados en la movilidad de la ciudad, incluido el taxi, que cuenta con más de 150 años de experiencia en la materia”.
Pero el colectivo también tiene en su punto de mira al Gobierno. La intención de Fomento de llevar al Consejo de Ministros la aprobación del Decreto de Modificación del Reglamento de Ordenación de Transportes Terrestres ha crispado a la asociación minoritaria Élite Taxi Madrid que ha convocado este viernes una concentración frente al Ministerio de Fomento para protestar contra este cambio.
La asociación se queja de que la “tardanza” en este cambio normativo “ha permitido la entrada de miles de vehículos con conductor no regulados” que en su opinión suponen una “competencia desleal e ilegal”. Aseguran que con la modificación que propone el Ministerio se legalizaría esta situación con la creación de un servicio paralelo que no estaría identificado y cuyas tarifas se movilizarían al alza o a la baja dependiendo del momento y de los intereses. Frente a esto reivindican que el taxi es un servicio público muy regulado y cuyas tarifas aprueban las comisiones oficiales de precios.