El Consejo de Ministros ha aprobado el techo de gasto para los Presupuestos Generales del Estado de 2019, los primeros que va a intentar aprobar el Gobierno de Pedro Sánchez. Han establecido un tope de gasto no financiero para el año que viene un 4,4% mayor que en 2018, esto es, lo han situado en 125.064 millones de euros. Así, crecerá dos puntos por encima de lo que se supone que lo hará la economía el año que viene (un 2,4%), en 5.230 millones. Este techo es el que determina el gasto máximo de los Ministerios en 2019.
Con este límite de gasto se inicia el proceso para la elaboración de los Presupuestos. El proceso para elegir a la cúpula de RTVE, complicado hasta límites surrealistas, podría ser preludio de las dificultades que, previsiblemente, se avecinan para el Gobierno con el nuevo frente de batalla que se le abre ahora. Los Presupuestos Generales del Estado son considerados como la ley más importante que pasa por las Cortes cada año.
Además de este techo se han aprobado los objetivos de déficit y deuda, 6.000 millones de euros más suaves que los anteriores, que el nuevo Gobierno ha pactado con Bruselas. Estos objetivos serán votados en el Congreso y el Senado la semana que viene. En caso de ser vetados en esta segunda Cámara (donde el PP tiene mayoría absoluta), entrarán en vigor inmediatamente los anteriores, más restrictivos y con menor gasto público, según ha explicado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, tras el Consejo.
“Será difícil que el PP explique por qué veta una senda más flexible de la que autorizan los socios comunitarios”, ha dicho Montero. A su juicio, más allá de una “pataleta” política, mostraría que para el PP los recortes son una “cuestión ideológica”. Y demostraría que “el PP hacía el ajuste porque no cree en lo público”, ha advertido.
En todo caso, según la ministra de Hacienda, sea cual sea el resultado de las votaciones sobre la senda de estabilidad, y aunque hubiera que volver a anterior escenario de déficit y deuda, el Gobierno podrá presentar su proyecto de presupuestos en septiembre. “Rotundamente sí”, ha respondido, recordando que es potestad únicamente del Gobierno presentar un techo de gasto y un proyecto de presupuestos, tal y como se ha reflejado en un informe solicitado a la Abogacía del Estado. Adicionalmente, y dado que la mayoría de la flexibilización de los límites de déficit se han repartido entre las comunidades autónomas y la Seguridad Social, su reversión afectaría en poco (1.200 millones) al techo de gasto para el Estado.
Junto al techo de gasto, el Gobierno ha dado luz verde a la senda de estabilidad presupuestaria para el periodo 2018-2021, debatida ayer en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). Los nuevos objetivos de déficit público serán del 1,8% del PIB en 2019, del 1,1% en 2020 y del 0,4% en 2021, con lo que se relajan los objetivos previstos anteriormente (-1,3% en 2019, -0,5% en 2020 y +0,1% en 2021), informa EP.
Montero ha destacado que de esta nueva senda se beneficiarán mayoritariamente las comunidades autónomas y la Seguridad Social. En concreto, de las cinco décimas en las que se amplía el objetivo de déficit para 2019, una será para la Administración Central, dos para las comunidades autónomas y otras dos para la Seguridad Social.
En total, estas cinco décimas conllevarán un aumento de los recursos de 6.000 millones de euros: 2.500 millones para CC.AA., 2.500 millones para Seguridad Social y 1.000 millones para Administración Central. De este modo, la previsión del Gobierno es que las comunidades presenten un déficit del 0,3% el próximo año; la Administración Central, del 0,4%, y la Seguridad Social, del 1,1% del PIB. Las corporaciones locales, por su parte, estarán en equilibrio.
En cuanto a los objetivos de deuda pública, la ministra ha explicado que continuará reduciéndose en los próximos años. En concreto, el Gobierno estima que la deuda pública bajará hasta el 96,1% del PIB en 2019, hasta el 94,1% en 2020 y hasta el 91,5% en 2021.
El techo de gasto para los presupuestos de 2018 se elevó un 1,3%, hasta llegar a los 119.834 millones de euros. Se trató del primer aumento en el límite de gasto desde 2013, pero apenas compensaba la contracción del 4,1% anual del límite de gasto en 2017, ni el 10% de reducción acumulada desde 2014. Fue un techo inferior en un 34% (62.605 millones de euros menos) al de 2010, cuando comenzaron los recortes.