Telefónica arranca este mes de diciembre la negociación con los sindicatos de un ERE que afectará a su plantilla en España. A espera de conocerse la envergadura del recorte de puestos de trabajo, que se presume en miles, supone una muesca más en un historial en España que ha llevado a la compañía a reducir a un tercio el número de empleados en 20 años. El recorte llega en plena transformación del sector en España con la pérdida de liderazgo en algunos de los grandes negocios en favor de la fusionada Orange-MásMóvil y la batalla en el seno de su accionariado.
La compañía fue históricamente uno de los grandes empleadores de España pero su privatización trajo consigo también una reducción paulatina pero continuada de la plantilla que dura hasta nuestros días, a medida también que se modernizaba el sector y se externalizaban servicios. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) hace anualmente un balance de empleados en España del sector de las telecomunicaciones. En el caso concreto de Telefónica, apunta a que si en 2002 eran más de 46.000 trabajadores, a cierre del año pasado eran 16.000 empleados: 30.000 puestos de trabajo recortados, a una media de más de 1.000 al año.
Del nuevo recorte se sabe, todavía, poco. En un primer momento se cifró la intención de Telefónica de aplicar un ajuste de hasta 5.000 puestos de trabajo. Si bien, la mayoría de las informaciones apuntan a una horquilla que se sitúa entre los 2.500 y 3.000 despidos en un proceso que se podría prolongar durante un periodo largo de tiempo. Consultada por este medio al respecto de las cifras, la empresa elude hablar de cantidades y se remite a la negociación con los sindicatos. Tampoco han dado detalles en la presentación del plan estratégico o de resultados que se han producido desde que se conoció este proceso. “Se ha informado por parte de la empresa de la intención de realizar un despido colectivo en Telefónica de España, Telefónica Móviles España y Telefónica Soluciones”, rezaba el escueto comentario hecho por la compañía hace unos días, confirmando el proceso.
Lo que sí se sabe es que, en realidad, no son uno sino que son tres ERE. Uno por cada una de las grandes filiales de Telefónica en nuestro país: Telefónica España, Telefónica Móviles y Telefónica Soluciones. Los tres comienzan este lunes su negociación, con una primera reunión en la que la empresa tendrá que mostrar la razón por la que abre un ERE y la memoria económica que tiene que acompañar el expediente. A partir de ahí, se abre un proceso de 30 días, que abarcan hasta el 4 de enero. Para entonces, tendría que haber acuerdo.
El hecho de que sea un ERE tiene importancia simbólica. La compañía no ha dejado de reducir su plantilla en España, pero hace más de 10 años que no abría un expediente de este tipo. Desde entonces, había abogado por una medida que eran los Planes de Suspensión (PSI), donde primaban las bajas voluntarias y principalmente las prejubilaciones. En los últimos años se han abierto tres: 2015, 2019 y 2022. El primero se dirigió a un colectivo de más de 10.000 trabajadores, aunque finalmente las salidas fueron algo menos. El segundo supuso la desvinculación de 2.636 empleados y el tercero, realizado el año pasado, de 2.418.
Por el momento, no ha trascendido la razón por la que Telefónica convoca un ERE. La compañía todavía no ha justificado este cambio ni a los sindicatos, que esperan que lo argumenten en la reunión del lunes, ni a preguntas de los medios.
El anterior ERE data de 2011, aunque las salidas se produjeron en los años siguientes. En total, unas 6.800 personas acabaron saliendo. Este expediente fue bastante polémico y generó bastante debate político, ya que lo presentaba una empresa con beneficios y en plena crisis financiera. De hecho, aquel ERE provocó un cambio en las normas para este tipo de despidos, dando pie a la 'cláusula Telefónica', una enmienda a la prejubilación en despidos colectivos aprobada por el Gobierno socialista en 2011, meses antes de dejar el poder. Entre otras cosas, se obligaba a estas empresas a compensar al Tesoro para evitar que las prejubilaciones acarreasen costes añadidos al Estado.
Pero los recortes no comenzaron aquel año. Se trata de una dinámica que se remonta a finales de los noventa, en unos despidos colectivos conocidos muchas veces por sus buenas condiciones para los trabajadores. De hecho, cuando se convocó aquel ERE en 2011, ya habían desaparecido 16.000 puestos de trabajo en la década anterior y, desde entonces, se han recortado otros 14.000, según las estadísticas de la CNMC.
Este mes de diciembre se antoja intenso para las relaciones entre sindicatos y empresa. Al margen de las tres negociaciones que se abren este lunes, ambas partes se encuentran ya abordando una cuarta mesa: la actualización del convenio. Fuentes sindicales abogan por abordar de manera conjunta todas estas negociaciones con el fin de “consolidar derechos” de la plantilla. Además, entre otras cosas, reclaman una reducción de jornada hasta las 35 horas o el impulso del teletrabajo.
Telefónica no es una excepción de recortes de plantilla durante los últimos años en el sector en España. Orange o Vodafone también han realizado durante los últimos años sucesivos ERE que han mermado las plantillas. Los cambios en el negocio, la pérdida de ingresos y la presión por tratar de mejorar la rentabilidad reduciendo costes se encuentran entre las causas que han llevado a un profundo ajuste de empleo en el sector.
Ahora, la vista está puesta en cómo afectará en los próximos años el proceso de cambios que vive las telecomunicaciones en España a las plantillas. Vodafone España ha sido vendida a Zegona, que aspira a reducir costes de la compañía y entre ellos ha planteado un recorte de empleo. Además, Orange y MásMóvil están a la espera de que la Comisión Europea de su visto bueno a la fusión. Recientemente, la dirección de la teleco gala en España defendió el compromiso de que esta unión no suponga un recorte de puestos de trabajo.
Telefónica afronta su quinto proceso de recorte de plantilla en 12 años en pleno shock interno provocado por la disputa accionarial que ha levantado Arabia Saudí desde que anunciara el desembarco de la operadora estatal, STC, en el capital de la empresa española. A ello respondió el Gobierno español movilizando a la SEPI para que comprara acciones. Ambos movimientos, ya anunciados, dibujarán un nuevo reparto accionarial que todavía está pendiente de concretarse.
Si todo sigue según lo previsto, el fin del periodo de negociación del nuevo ERE coincidirá con la puesta en marcha del plan estratégico que la empresa presentó hace unas semanas. El renovado rumbo está centrado en reducir inversiones, lograr nuevos ajustes de deuda y controlar los costes. Con ello, confían en una mejor rentabilidad. La compañía ganó hasta septiembre un 15% menos, pero mantuvo el beneficio en el entorno de los 1.500 millones de euros. En los próximos días, mientras negocia el ERE con los sindicatos, repartirá más de 860 millones de euros en dividendos a sus accionistas.
En un momento convulso para las noticias de economía, es más importante que nunca estar bien informado. Las repercusiones de cada movimiento de empresas, de la política económica de los gobiernos y su impacto en los ciudadanos, explicadas desde un punto de vista riguroso y diferente.