La vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha tenido un inicio de año movido en una agenda que ya de por sí suele ser frenética. Las fuertes subidas de la luz en el mercado mayorista en plena ola de frío copan las tertulias y han abierto un nuevo punto de fricción en el Gobierno de coalición. Ribera atendió este miércoles durante cerca de media hora a elDiario.es, que no pudo desplazarse hasta la sede del ministerio por avatares de la nieve y el hielo que todavía se acumula en la Comunidad de Madrid, por lo que la entrevista tuvo que hacerse por teléfono.
Durante la conversación, y entre constantes alusiones a la necesidad de poner en marcha políticas sociales para proteger a los más vulnerables, Ribera confía en que la tormenta de precios amaine a partir de la semana que viene y reitera su rechazo a algunas de las propuestas de Podemos, como la creación de una empresa pública de electricidad o la nacionalización del sector. Señala que hay que intervenir en el sector eléctrico y que está analizando “tres o cuatro opciones teóricas” por las que espera decantarse “este año”, pero advierte de que las piezas del complicado puzzle eléctrico deben moverse “con cuidado”: se corre el riesgo, dice, de producir una “implosión” del sistema en plena transición energética y romper la seguridad jurídica.
Llega una ola de frío histórica y los precios de la luz se disparan en una situación económica de emergencia. ¿Es eficiente este mercado eléctrico?
Este es un mercado que viene del diseño europeo y que en términos generales es eficiente y está permitiendo una visión integradora de la política energética en Europa. Eso no significa que sea perfecto. Necesita medidas de acompañamiento importantes. En primera instancia, sociales, como la estrategia de pobreza energética o, en el ámbito de la incidencia social de la transformación del sistema energético, la transición justa. La pobreza energética tiene muchas medidas que tienen que ver con el mercado o el consumidor, pero también otras que tienen que ver con políticas sociales. La otra gran agenda de transformación para que el mercado funcione es facilitar el cambio del sistema energético en su conjunto, las tecnologías, los actores, para aprovechar al máximo la reducción de costes tan importante que representan las renovables. Esto obliga a introducir cambios regulatorios muy significativos que faciliten la introducción de renovables incluyendo el acceso al mercado, el almacenamiento, la participación de actores muy diferentes y no solo de los clásicos, porque ahora tenemos capacidad para contar con muchos pequeños generadores...
Son las dos grandes cosas que hemos estado haciendo. Nos falta completarlas y en paralelo, trabajar en las limitaciones del funcionamiento del mercado, que es uno de los puntos que acordamos trabajar juntos en el Gobierno de coalición: qué ocurre en situaciones como esta, que aunque afortunadamente sean coyunturales y esporádicas, generan mucha alarma y aunque su impacto en la factura puede ser limitado, llaman mucho la atención. Ahí tenemos que evaluar con mucho cuidado los mecanismos de intervención que se producen, porque es muy importante combinar el respaldo y el interés social por encima de todo con la predictibilidad y la estabilidad para los inversores y las empresas: que sea compatible con el marco europeo y la Constitución. Manejamos tres o cuatro opciones teóricas que tenemos que discutir entre los partidos del Gobierno de coalición, que por supuesto tienen una gran prioridad política, y entre aquellos expertos que conocen mejor el funcionamiento del mercado eléctrico. Y forma parte de lo que tengamos que hacer este año. Nuestra prioridad ha sido la parte social, los cambios en el modelo de generación y la integración de los usos energéticos para facilitar la electrificación. Pero hay que avanzar en este asunto y en otro siempre complejo, el de la fiscalidad de la energía.
Podemos está exigiendo acabar con los “beneficios caídos del cielo” de determinadas tecnologías (también conocidos como windfall profits) que el acuerdo de Gobierno prometía abordar. ¿Cuándo se va a llevar a cabo esta reforma y cómo?
Este es el asunto que digo que tenemos que gestionar bien. Hay una parte del diferencial retributivo entre costes y retorno y pago del mercado mayorista que probablemente es parte de la concepción del mercado interior de electricidad [de la UE]: se quiere deliberadamente discriminar para facilitar la señal de que es más rentable y tiene más sentido generar con tecnologías no emisoras [de CO2]. Creemos que hay margen para trabajar en ese gran diferencial, sobre todo cuando se produce un gap [de precios] tan importante como el de estos días. Pero hay que intervenir con cuidado. Hay varias opciones que merece la pena estudiar. Algunas vienen del ámbito académico, otras se han ensayado con antelación, como explorar cómo repercutir en el precio final la internalización del CO2 no emitido por las tecnologías no emisoras y qué beneficios incumbentes hay ahí; o tener un sistema de seguridad para cuando se produce un diferencial muy grande entre el coste de la tecnología marginalista y la oferta de oportunidad de la tecnología inframarginal.
Es un tema técnicamente complejo y relevante que tenemos que trabajar bien. Estamos de acuerdo sobre la necesidad de hacerlo, pero no es automático. Y queremos pensar bien cuáles son los escenarios, qué significa, para tampoco dejar congelada una retribución en tecnologías no emisoras que limite la posibilidad de ir por debajo de esa retribución. Porque cuando el mercado está manejando precios muy altos, como ahora, se produce este efecto, pero con precios muy bajos, probablemente estas tecnologías [y en especial, la nuclear] se consideran infrarretribuidas.
Hay que tener cuidado con cómo se activa todo ese mecanismo de intervención. Es lo que debemos trabajar junto con otros elementos importantes de cara al buen funcionamiento del mercado: cómo se retribuye el almacenamiento o la disponibilidad, los pagos por capacidad... Junto a las propuestas en las que venimos trabajando desde el Ministerio o el diálogo que podamos mantener con los colegas en el Gobierno de coalición, debemos facilitar un debate técnico de expertos que nos permita dar con la mejor propuesta posible.
Han instado a analizar esta subida de precios a la CNMC, que ya actúa de oficio. ¿Hay algún elemento para sospechar sobre algún tipo de manipulación?
Me parecería una temeridad decir que hay elementos que nos induzcan a pensar que haya podido haber una posición especuladora. Sí creo que es importantísimo, y lo vemos estos días, cuando vemos el tipo de reacción que hay por parte de una buena parte de los consumidores, que el sistema sea lo más transparente y supervisado posible. Solamente de esa manera se consolida la confianza y se evita el peligro de tener la impresión de que nos están engañando en algo. Porque es su función y porque siempre es recomendable ser muy transparentes y garantistas respecto a si funciona o no y corregir o sancionar aquello que merezca ser corregido o sancionable, es fundamental que el supervisor esté encima de esto y que además comparta con el público qué recomendaciones de mejora pueda hacer. En el debate sobre cómo se interviene en situaciones como ésta, respecto a los windfall profits de tecnologías inframarginales, es importante entender qué está ocurriendo y no olvidar que probablemente cualquier modificación que se introduzca cambiará el comportamiento de los que ofertan al mercado. La CNMC no solamente debe supervisar, sino que debe estar también en este debate sobre cómo se interviene en la regulación del funcionamiento del mercado.
Los dos últimos episodios de picos de precios, en 2013 y 2017, acabaron con multas para las tres grandes del sector. Es para preocuparse como consumidores.
Por eso es importantísimo que todas las empresas del sector sean conscientes de la necesidad de transparencia y de garantizar al máximo el mejor comportamiento y evitar la tentación de cualquier posicionamiento especulativo contrario al funcionamiento del mercado. Insisto, sería irresponsable prejuzgar de antemano si ha habido o no algo así en esta ocasión. Pero sí reclamar luz y taquígrafos. Sabemos que hay características que explican objetivamente este pico: la evolución del mercado internacional, la demanda récord de gas natural, limitaciones técnicas desde los gasoductos de Argelia, el ritmo de incorporación de nuestros almacenamientos de gas… Es un fenómeno que está ocurriendo en otros países europeos, en Asia también. La demanda al alza en un escenario con pocas renovables y precios récord de gas y CO2 probablemente explica con racionalidad lo que está ocurriendo. Lo que no significa que no haya que ver exactamente qué es lo que está pasando, si está justificado o no y si cumple con los requerimientos, condiciones y limitaciones del marco europeo.
La demanda al alza en un escenario con pocas renovables y precios récord de gas y CO2 probablemente explica con racionalidad lo que está ocurriendo con los precios. Lo que no significa que no haya que ver si está justificado y si cumple el marco europeo
La ministra portavoz cerraba ayer la puerta a una bajada del IVA de la luz, que en otros países europeos es inferior al de España. No es asunto de su competencia, pero ¿no está en la agenda del Gobierno?
La fiscalidad es un asunto complejo que forma parte de la revisión pendiente de la acción del Gobierno. Tanto la actualización general del sistema fiscal como de la fiscalidad energética y ambiental. Es prematuro hablar sobre cuál puede ser la solución. Y junto a la fiscalidad hay otra cuestión crítica y fundamental, las políticas sociales: fortalecer un sistema nacional de Servicios Sociales y de políticas sociales. Nosotros desde Energía tenemos un margen para hacer algunas cosas de protección al consumidor energético y ha sido prioridad desde junio de 2018. Antes que todo el Paquete de Energía y Clima, aprobamos una ampliación y una incorporación de nuevas medidas en materia de pobreza energética. Pero nuestra limitación es la regulación contractual y el sistema eléctrico y algunas de las coberturas que se incluyen cuando creamos el bono térmico multitecnología. Junto a esto, hay otras muchas cosas que requieren (y además nos lo recuerda el Tribunal Constitucional), de una implicación muy fuerte de los servicios sociales, entes locales y Comunidades Autónomas, y de una coordinación, de una verdadera política nacional de servicios sociales. Porque muchas de las manifestaciones de vulnerabilidad y dificultad en la cobertura de facturas son de la factura de la luz, el teléfono y cualquier otro bien básico. Y probablemente hay que pensarlas en ese contexto, el del ingreso mínimo vital, en la definición de un consumo mínimo vital de suministros básicos en materia de agua y energía, que fue una de las cosas a las que el PSOE se comprometió y en la que estamos trabajando.
Pero en paralelo hay que acabar de fortalecer todo ese sistema. Este asunto hay que abordarlo en todas sus dimensiones y entender qué significa. La fiscalidad es un elemento muy potente desde el punto de vista redistributivo. Si contamos con un buen sistema fiscal e ingresos robustos, tendremos más capacidad de fortalecer e incrementar las partidas para políticas sociales. No me corresponde a mí a prejuzgar el resultado que se enmarca en el paquete de política fiscal del Ministerio de Hacienda. Pero un Estado social moderno y progresista necesita ingresos sólidos y un sistema nacional de Seguridad Social y un colchón de servicios sociales muy potente. Eso también forma parte de los acuerdos de coalición.
Esta subida en el mercado mayorista llega en vísperas de la primera subasta de renovables prevista para final de mes. Si esta situación se mantiene, ¿puede tener algún efecto o distorsión en el resultado final?
Confío en que no. Gracias a las modificaciones regulatorias hemos aquilatado una reducción de 120 euros al año en 2019 con respecto a 2018 en la factura para los 11 millones de consumidores que están en la tarifa PVPC, no en los 15 millones de contratos al margen de la tarifa regulada cuyo precio no está indexado al precio del mercado mayorista. Con respecto a 2019 tenemos que ver qué horquilla manejamos todavía. Nuestra impresión es que, asociada al mercado mayorista, la modificación más importante es esta: cómo activar hoy la señal de reducción de precio a consumidores fruto del nuevo modelo de subasta de energías renovables. Espero que no haya distorsiones, puesto que las subastas ofrecen seguridad, viabilidad económica y estabilidad regulatoria y de ingresos para estas inversiones a medio plazo. No creo que vaya a estar regulada por un elemento coyuntural y puntual como este, aunque se pueda reproducir en otros momentos del año. La segunda cuestión, también muy importante y que influye de forma significativa en la tarifa regulada, es la reforma que hemos propuesto para crear el Fondo Nacional de Sostenibilidad del Sistema Eléctrico. Las reducciones acumuladas ahora representan una reducción del 17% para un consumidor acogido a la tarifa PVPC y ese fondo permitiría una reducción adicional de un 13% en la factura final. La introducción de este nuevo sistema de subasta deprimirá el precio del mercado mayorista un poquito más tarde.
Cuando vemos cómo se están estimando los precios de mercado, los futuros, observamos que ya están computando para febrero una recuperación de la normalidad, incluso a partir de la semana que viene, en el futuro inmediato. Confiemos en que eso sea así. Y para 2022 y 2023 se está estimando ya un precio del mercado mayorista por debajo de los mercados mayoristas francés y alemán, que son los más importantes y con quien siempre nos hemos estado comparando. Es decir, se está descontando ya que va a haber un efecto depresor del precio como consecuencia de estas reformas que estamos activando.
Por eso, en un tema tan complicado como éste, es capital movilizar al conjunto de los actores en la dirección correcta, con una responsabilidad institucional pública muy importante, que es la protección de los consumidores vulnerables, con la trascendencia que tiene la política social. Pero es clave que todas las reformas que activemos sean equilibradas y asumibles e incorporadas por el conjunto de los actores. Que podamos avanzar en su conjunto sin hacer de este tema un elemento de distorsión. Porque no tengo claro que fijar un precio único, la creación de una empresa pública o la nacionalización del sector, vayan a facilitar ningún tipo de transformación de nuestro sistema. Al revés, probablemente en un contexto complejo como el energético, lo que necesitamos es activar todas las palancas a la vez teniendo claro cuál es el equilibrio que queremos conseguir desde el punto de vista social, ambiental y de viabilidad del sistema. No podríamos avanzar si empezamos a tener problemas generalizados de suministro. Sería volver a la casilla de salida y una desconfianza muy grande por parte de los consumidores o las empresas. No podemos volver a asumir la pérdida de confianza en este país, como ocurrió con la reforma de las primas a las renovables, que precisamente se basó en una premisa que ahora de vez en cuando volvemos a oír también: el Gobierno decía el precio al que retribuía estimando por sí solo en qué costes habían incurrido los primeros inversores. Hay que tener cuidado con cómo se mueven las piezas para evitar que se produzca una implosión de la que después sea mucho más complicado salir. Así que absoluta prioridad a la agenda social, a poder establecer un sistema solvente desde el punto de vista de seguridad del suministro, viable, razonable, predecible, estable y con niveles de precios razonables y asumibles por cualquier consumidor. Y en tercer lugar, insisto, una política social seria, solvente, predecible y no basada en un voluntarismo variable en el que en el que a veces se echan en falta muchas cosas y que hace que las familias lo pasen mal.
No podemos volver a asumir la pérdida de confianza en este país, como ocurrió con la reforma de las primas a las renovables
Hablaba de Alemania y Francia. En otros mercados mayoristas europeos existen los precios negativos, que se producen en situaciones opuestas la actual, cuando hay muchas renovables generando en el sistema. ¿Esto se va a acabar viendo en España?
Esto es una consecuencia del funcionamiento de ese mercado que ahora cuestionamos. En Francia o Alemania, que es quien ha disfrutado más de precios negativos, o Dinamarca, países con mucha renovable que en un determinado momento son capaces de cubrir más allá de lo que está demandando el mercado, pagan porque alguien lo almacene o lo consume. Esto es más fácil cuando se está actuando en mercados mucho más amplios. De ahí que sea importante mantener el objetivo de fortalecer nuestras interconexiones. España y Portugal somos una casi isla. Podríamos beneficiarnos de ello, porque tenemos un potencial inmenso desde el punto de vista solar, todavía muy infraaprovechado, y un potencial muy grande desde el punto de vista eólico. Podríamos encontrarnos en esa situación. Pero no tenemos capacidad para exportar tanto en un momento de exceso de generación. Esto refuerza otro mensaje que forma parte de nuestras prioridades: para tener precios predecibles, bajos, estables, razonables o incluso poder cubrir situaciones como ésta, es fundamental acabar de armar una estrategia de almacenamiento. Interconexiones tenemos, pero en poca medida, y queremos fortalecerlas, pero lleva tiempo. Tenemos que acabar de reforzar una estrategia de almacenamiento que nos permita deprimir precios cuando están altos y aprovechar esa energía cuando no es consumida.
Hemos tenido situaciones muy parecidas durante los meses en los que, lamentablemente el consumo cayó en picado como consecuencia de la pandemia y la reducción de la producción industrial. Hemos tenido horas en las que se ha ofertado a casi cero. En un sistema en el que cada tecnología tuviera atribuido un precio, y que no sería compatible con el marco europeo, eso no podría ocurrir. Habría un tope o precio suelo al que tendríamos que retribuir si el mercado está por debajo.
Es verdad que un mercado marginalista como éste tiene cosas que no nos gustan en días como estos y hay que ver si se pueden modular, que es nuestra intención más importante: entender qué ocurre en estos días e intervenir para modular. Pero también es verdad que tiene ventajas muy significativas cuando se da la situación contraria. Y entonces hay quien pide que también se module para no estar produciendo por debajo del coste de producción, con esos precios negativos que vemos en Alemania, que tiene capacidad para exportar a muchos puntos de Europa, cosa que nosotros no tenemos.
España y Portugal somos casi una isla. Podríamos beneficiarnos de ello, porque tenemos un potencial inmenso desde el punto de vista solar y eólico. Pero no tenemos capacidad para exportar tanto en un momento de exceso de generación
Menciona a Portugal, que tiene un mercado eléctrico integrado con el español, y esas políticas sociales. Ayer el gobierno portugués confirmaba que va a dar ayudas directas al recibo de los hogares para paliar esta subida puntual de la luz que coincide con un nuevo confinamiento. ¿Qué le parece esta medida?
Lo he visto y le he puesto un mensaje a mi colega portugués con quien espero poder hablar esta tarde para entenderlo bien. Tiene dos cuestiones que son interesantes y deberíamos estudiarlo nosotros a ver si cabe o no. La primera es que lo hacen con ocasión de un confinamiento duro que devuelve a la gente a sus casas, a sus hogares. Y esto de algún modo explica la necesidad de esforzarse con todas las medidas de acompañamiento. La segunda es ver si esta es una alternativa coyuntural o puntual que se puede activar en este tipo de situaciones o si nos conviene seguir concentrando, ampliando, porque me parece que probablemente merezca ampliación, y reforzando el funcionamiento de las estrategias de pobreza energética: si concentramos ese esfuerzo presupuestario en los deciles de ingresos más bajos en lugar de hacerlo indiscriminadamente como por razones probablemente de emergencia, de rapidez, han hecho ellos. Hasta ahora hemos podido intervenir donde hay una regulación y hay una relación contractual, y la gran dificultad es que en muchos casos las familias más vulnerables no son titulares de esa relación contractual. Necesitamos medidas sociales que acompañen a la unidad familiar que no tiene una relación contractual con un proveedor de energía eléctrica. Esto solamente se puede hacer desde la perspectiva de un consumo mínimo vital asociado al ingreso mínimo vital, o desde la perspectiva de políticas sociales, con acompañamiento mucho más contundente por parte de las administraciones competentes. Es un debate muy interesante. Ver si vamos a un esquema de apoyo extraordinario e indiscriminado o si concentramos los recursos presupuestarios eventualmente, incluso el incremento de los recursos presupuestarios disponibles en favor de los deciles de población que más lo necesitan.
En abril está previsto que entre en vigor un nuevo sistema tarifario. En episodios puntuales como este, ¿va a implicar algún cambio para el consumidor?
Uno de los cambios más importantes que se introducen, y esto forma parte del acuerdo de coalición, es que hemos querido modular el sistema tarifario, los peajes, introduciendo un cierto incentivo a la eficiencia, reduciendo el peso de la parte fija, del término de potencia, y facilitando una corrección en función de lo que se consuma. Porque si te da igual consumir más o menos, porque al final acabas pagando lo mismo, estamos yendo en contra de los objetivos que nos queremos marcar y que queremos que se materialicen de forma fácil. A la gente no le puedes poner a hacer másters para ver qué es lo que hacen, en un Estado moderno la regulación tiene que facilitar de manera natural e intuitiva el cumplimiento de los objetivos que se pretenden, no hacerlo tan difícil que no se entienda nada.
Todavía nos quedan muchas otras cosas en una agenda que es importante subrayar que es social y ambiental. Contemplar la agenda energética sin tener en cuenta que se trata de una de las más relevantes desde el punto de vista social y ambiental es un error, y lamentablemente, probablemente esa ha sido la tónica en la política energética de este país hasta 2018. Transformar toda la política energética para que los objetivos de seguridad de suministro o de señales de muy corto plazo en términos de coste económico sean compatibles con esas agendas, el efecto redistributivo y la accesibilidad a un suministro básico como este en condiciones asequibles para todo el mundo, es un desafío muy grande. Estamos haciendo muchas cosas y evidentemente, con toda la humildad del mundo, nos faltan otras muchas por hacer. Pero me parece que en su conjunto los números muestran que ha habido cambios muy significativos en beneficio del consumidor y en beneficio de la protección de los más vulnerables en este tiempo.